En el 80 por ciento de las 293 denuncias que ha presentado el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el delito de daño patrimonial, se han girado órdenes de aprehensión de parte de la Fiscalía General del Estado.

La auditora, comentó que 8 de cada 10 denuncias ya tiene un proceso judicial en donde ya se dio el ejercicio de la acción penal, es decir, un juez, dictó una orden de aprehensión contra de ex servidores públicos.

“En el 80 por ciento inició la acción penal y procedió, y de esas todavía hay gente que está en proceso judicial, no quiere decir que esté en la cárcel, porque el delito pudo no haber sido grave, por lo que tiene la posibilidad de llevar el proceso en libertad.

La funcionaria del Orfis reconoció que no existe una buena comunicación con la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General, no saben si como parte del proceso judicial hay personas detenidas o si algunas otras están llevando el proceso en libertad, o incluso, si se dio la devolución del recurso que se valoró como daño patrimonial.

“La Fiscalía a nosotros no nos ha dicho quiénes han reintegrado, sabemos que hay reintegros, que nos constan a nosotros que son más de mil millones. (En el caso de las denuncias con acción penal) no nos ha informado la Fiscalía”.

Sin embargo, puntualizó no cuentan con información actualizada de cómo va cada uno de los procesos judiciales y, mencionó, que solo en un 2 por ciento no fue procedente la denuncia, y se cerró la carpeta de investigación.

Incluso, dijo, si se dio el pago del monto considerado daño patrimonial, tras un acuerdo de reparación del daño, no conocen qué pasó con ese dinero que tendría que ser reintegrado a los municipios o a la Sefiplan.

A la fecha el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha presentado un total de 296 denuncias por un daño patrimonial de 35 mil 570 millones de pesos.

Recientemente se generó un debate mediático por la posibilidad de que las denuncias que se han interpuesto puedan prescribir, por lo que desde el Congreso de Veracruz se pidió dar seguimiento y celeridad con la idea de sancionar a quién incurrió en daño patrimonial.

AVC

 

M°1

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