Mientras esperaba a que su mamá saliera de un baño público, María Ángela Olguín de 16 años desapareció el pasado 19 de enero. El perfil de la joven encaja en el de la mayoría de las desapariciones en México: 55% eran niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años.

Entre 1965 y el 25 de enero de 2023, se ha acumulado un total de 111,889 mujeres reportadas como desaparecidas en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Si bien las desapariciones reportadas incluyen a niñas desde cero años de edad y mujeres de más de 80, la desaparición se concentra en el rango de 10 a 19 años: 61,490.

Expertos consultados por Expansión Política explican que la desaparición de una mujer oculta otro tipo de violencias contra las mujeres, entre ellas, trata de personas, secuestro y feminicidios.

“Las desapariciones de mujeres obedecen a múltiples factores. El cuerpo de la mujer es un sujeto de agresión de diferentes sectores. Muchos casos de desaparición tienen que ver con violencia doméstica de sus propias, familias o esposos, colegas, compañeros. También la mujer es vista como sujeto de comercio, muchas de las desapariciones tiene que ver con la trata de personas”, explica Juan Carlos Gutiérrez, especialista en derechos humanos y director general de IDHEAS Litigio Estratégico.

Dos días después de su desaparición, Ángela Olguín fue encontrada a casi 30 kilómetros de donde se separó de su mamá. De acuerdo con Itzel Álvarez Pérez, policía del municipio de Nezahualcoyotl, quien encontró a Ángela Olguín, la menor aseguró que tras su desaparición, estuvo encerrada en un cuarto en el que había una niña más, de 11 años, y una jovencita de 18 años.

De acuerdo con el RNPDNO, la mayor parte de las desapariciones de mujeres se han dado a partir del inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón.

De los 111,889 reportes de desaparición de mujeres, el 82% se dio a partir de 2007.

De ese total, ocho entidades del país concentran el 56.13 % de las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas. Se trata de Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero.

Respuesta tardía

Para búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, en México se cuenta con el protocolo Alba .

En 2003 se comenzó a implementar el protocolo en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través del cual los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para la búsqueda rápida de las mujeres desaparecidas, en las que se involucra a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados.

Este protocolo contempla un Comité Técnico de Colaboración institucional, a través del cual se trabaja coordinadamente entre las Fiscalías y las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, en los hechos suele haber una reacción tardía.

En su reporte, la IMDH identificó que en la mayoría de los estados, existe dilación en los procesos de búsqueda de mujeres.

“Esto se refleja en la realización de la ficha de búsqueda, la solicitud de la sábana de llamadas y geolocalizaciones, obteniendo las órdenes de cateo de forma expedita para ingresar en recintos donde se presume la localización de la persona, entre otras, disminuyendo con rapidez las posibilidades de encontrarlas con vida”, refiere el documento.

Un caso de esa tardía respuesta se dio con la desaparición de Ivette Melissa Flores Román ocurrida el pasado 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.

La joven de 19 años de edad fue sustraída de su domicilio por un grupo armado. Su madre interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, la averiguación previa y las acciones de búsqueda iniciaron hasta dos semanas después.

Por este caso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU calificó como omiso al Estado Mexicano y concluyó que autoridades violaron el artículo 2 de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer porque no realizó una búsqueda inmediata, sin dilación y con enfoque de género, con el que se le negó el acceso a la justicia.

Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez recuerda parte de las anomalías que hubo en la búsqueda de Ivette Melissa.

“10 años después la Fiscalía del estado de Guerrero envía un oficio a la mamá de Ivette Melissa para que se acerque a ratificar la denuncia de la desaparición de su hija, 10 años después, cuando las aparición fue en 2012, además le dicen que si no se presenta, la van a detener”, sostiene.

Al respecto, María Teresa Villarreal Martínez, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explica que además de la respuesta tardía, la impunidad que prevalece en las desapariciones contribuye a que persista este problema.

«Uno de los problemas más graves ligados directamente la desaparición es la impunidad que atañe tanto a las fiscalías, que son los que persiguen a los autores del delito, como la administración de justicia: los los jueces, los tribunales. Es un problema muy grave que tiene que ver con asignación de recursos, juzgados atiborrados de casos y corrupción generalizada», explica.

De las más de 111,000 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas desde hace casi seis décadas, aún se desconoce el paradero de 22,571.

Expansión Política

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