Abogados se pronunciaron en contra del aumento en el costo de las copias certificadas que emite el Poder Judicial de Veracruz y que entrará en vigor el 1 de febrero, como parte de la actualización del valor de las Unidades de Medidas de Actualización (UMA’s).
La Unidad de Medida de Actualización (UMA) es la cantidad, definida y adoptada por convención o por ley, que se utiliza como patrón para medir el valor de impuestos, servicios y derechos que se pagan al Estado.
Los abogados plantearon que el aumento va en detrimento de las personas que a través de un juicio buscan resolver alguna controversia; sumado a que no hay claridad en cómo se usa el dinero que entra al Fondo Auxiliar del Poder Judicial, no descartan que sea la caja chica para movilizaciones políticas a favor de Morena.
El primero en hablar del tema fue el abogado Tomás Mundo Arriasa, quien planteó que es viable que se puedan tramitar amparos con la idea de evitar el aumento en las copias que entrega la autoridad judicial.
“El nuevo acuerdo del Poder judicial del cobro de las copias certificadas es una medida regresiva, lesiva y abusiva, pues en nada abona en la impartición de justicia, que sea pronta y expedita”.
El abogado recordó que el tema del Fondo Auxiliar ha sido señalado -mediáticamente- por la poca transparencia y ante la presunción de desvíos, que nunca fueron denunciados ni investigados de parte de la autoridad judicial.
Respecto al costo, dijo, la ley establece que estas las copias certificadas deben ser gratuitas, y pese a ello se tiene que pagar por la expedición de documentos oficiales en los juzgados.
“Nos estamos organizando, hay una violación al 17 de la constitución; estamos en desacuerdo porque en nada aboga a mejorar la tan deficiente justicia que tenemos en Veracruz
Por su parte, el abogado Felipe de Jesús Hernández Basilio explicó que en cuestiones financieras persiste la opacidad y el desvío de fondos públicos en el Poder Judicial.
“Ellos tienen un negociazo muy grande con las copias certificadas, cobran a veintitantos pesos las copias, y lo envían a un fondo que es de ellos. Un expediente tiene hasta 100 copias, imagina cuánto cobran”.
Además, dijo, ese mismo fondo se depositan fianzas y pagos de pensiones que, si bien se pagan a terceras personas, generan interés que se queda el propio Poder Judicial, y no hay transparencia cómo se maneja.
“Lo están usando como caja chica, para financiar manifestaciones y movilizaciones, mientras que en los baños no tienen jabón o papel, o no se prenden los climas, para no gastar”, denunció el abogado veracruzano.
AVC