Han pasado casi cuatro años desde que el gobierno federal emprendió esfuerzos para acabar con lo que llamó el monopolio de la compra y distribución de medicamentos. La estrategia incluyó desde exhibir y vetar a las farmacéuticas “consentidas” hasta anunciar la creación de una empresa estatal de entrega de medicinas.
Pero ninguno de esos planes ha dado los resultados esperados. El desabasto de insumos médicos continuó en algunos hospitales públicos y la distribución de medicinas, sin ayuda de las empresas privadas, se convirtió en un proceso engorroso, con fallas y consecuencias negativas para los pacientes que en ocasiones no reciben oportunamente los fármacos que necesitan.
Ante este nuevo fracaso en materia de salud, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría de Salud aceptaron otra vez la participación de distribuidoras privadas de medicamentos. En las licitaciones para la compra de los fármacos de 2023 y 2024, las dependencias asignaron contratos a empresas de este tipo y les permitirán hacerse cargo del proceso de distribución, como en el esquema establecido antes del inicio de este sexenio.
Los contratos
De acuerdo con el acta de fallo de la Adquisición Consolidada de Medicamentos para los Ejercicios 2023-2024, publicada en Compranet, algunas de las empresas ganadoras que también ofrecen servicios de distribución son Distribuidor Médico Tecnomec; Comercializadora de Productos Institucionales; Alvartis Pharma; Alternavida, y Profesional Pharmacy Occidente.
También obtuvieron alguna partida las compañías Comercializadora Pharmaceutica Compharma; Pharma Tycsa; Allen Laboratorios; Productos e Insumos para la Salud; Comercializadora Pentamed; Comercializadora Arvien; Compañía Internacional Médica; Administradora de Marcas Farmacéuticas, y Vantage Servicios Integrales de Salud, entre otras.
Esta licitación abre la puerta al modelo anterior de distribución de medicamentos y refleja que, en políticas sanitarias, el actual gobierno sigue con prueba y error.
“Estamos dando seguimiento para comprender esta transición con el gobierno actual, con su idea de sistema de salud que no ha terminado de tomar forma, que seguimos viendo tumbos”, explicó en un webinar Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico de México (Inefam).
Contra las distribuidoras y farmacéuticas
En marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un listado de 10 empresas dedicadas a la fabricación, venta y distribución de medicamentos que acaparaban 80% de las compras gubernamentales. Las llamó las “consentidas” del gobierno de Enrique Peña Nieto y aseguró que en su administración se combatiría ese monopolio.
Incluso, en abril de ese mismo año, sin pruebas contundentes, pero como “medida preventiva”, el Mandatario vetó a tres empresas para que no participaran en las licitaciones públicas. Se trató de Grupo Fármacos Especializados, Farmacéutica Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, a las cuales acusó de incurrir en prácticas monopólicas.
“Una empresa que vende más del 30% de todos los medicamentos, pues sí actúa o sí puede existir una práctica monopólica contraria a la Constitución, que es la ley de leyes, que es la ley suprema”, sostuvo López Obrador en aquel momento.
Como los problemas de desabasto de medicamentos no terminaban, el presidente acusó a las empresas farmacéuticas de querer debilitar su gobierno para que continuara comprándoles medicinas.
“Ahora tenemos presiones porque no les gusta lo que estamos decidiendo. Saben ustedes que se compraban de medicinas al año cerca de 90,000 millones de pesos, y se compraba toda esa medicina sólo a 10 empresas. Un gran negocio y no había medicinas. Bueno, ya se acabó eso”, declaró en mayo de 2019.
Para combatir estos actos, que calificó de corruptos, el presidente de México aprobó distintas estrategias. Primero, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), organismo que, además de sustituir al Seguro Popular en 2020, se haría cargo de la compra y distribución de los fármacos.
Después, las autoridades firmaron un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en el que se encargaron las compras de medicamentos a este organismo internacional.
Y en julio de 2020, el presidente anunció la creación de una empresa estatal de distribución de medicamentos y una nueva estrategia de entrega a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa del Estado que se encargaba de producir vacunas.
López Obrador, incluso, declaró que su gobierno era asesorado por grandes empresas en distribución de productos para aplicar esa experiencia al terreno de los medicamentos.
«Van a llegar las medicinas hasta las comunidades más apartadas. ¿Cómo llega la Coca-Cola? ¿Cómo llegan las Sabritas? ¿Por qué no vamos nosotros a distribuir las medicinas hasta las comunidades más apartadas?», aseguró en un mitin en Hidalgo.
«Una gente que trabajó en una de estas empresas, porque tienen todo un esquema de distribución de sus mercancías, nos está ayudando para tener la experiencia y poder echar a andar una distribuidora de medicamentos, y resolver el problema del abasto de las medicinas», agregó.
Sin embargo, con esas decisiones se registraron atrasos en la compra y distribución de medicamentos y varios pacientes enfrentaron el desabasto de insumos médicos.
“Hubo grandes complicaciones en los malos entendidos en cuanto a que las piezas que llegaban de la UNOPS, por ejemplo a Pemex, pues ya las tenía cubiertas Pemex ante la incertidumbre de cuándo podría haber alguna solución adecuada dentro del suministro, dentro de la logística y distribución, que tuvieron muchos problemas creo que hasta la fecha eso sigue manteniéndose”, agregó Enrique Martínez.
Al final, el gobierno federal decidió cancelar el convenio con la UNOPS y transferir al IMSS, a través de IMSS-Bienestar, la tarea fundamental que tenía el Insabi: brindar atención médica a la población sin seguridad social laboral.
Ahora, las distribuidoras privadas regresan a operar con el antiguo sistema de entrega de fármacos que ya funcionaba.
Las fallas en la distribución de medicinas
Una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que durante la emergencia sanitaria causada por la Covid-19, Birmex compró 13 millones de piezas de medicamentos en 2021; pero, en abril de 2022 seguían almacenadas. No hubo registro de su distribución.
Birmex, en su informe de Avances y Resultados 2021, aceptó que no había implementado un programa de distribución por ser un procedimiento complejo y carecer de recursos.
El titular del Insabi, Juan Ferrer, reconoció en agosto de 2022 que no habían logrado mejorar la distribución de medicamentos.
“No tenemos problema de comprar medicamentos, ya los compramos, todo lo que nos pidieron las otras dependencias ya se adquirió, el problema ya no es comprar, ahora el problema recae en la distribución”, afirmó.
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