Hasta a mediados del año pasado –según le reveló una de sus fuentes oficiales al columnista de El Universal, Carlos Loret–, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguía defendiendo a capa y espada a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de las acusaciones de corrupción. “Ella no es ratera, ella no se robó nada!”, relata el periodista que gritó el mandatario en una reunión celebrada a mediados del año pasado con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Pemex, y con la propia titular de la Sener, en la que técnicamente se le explicó que la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, terminaría costando al final más del doble de los 8 mil millones de dólares proyectados en un principio.

En la actualidad, a casi siete meses de haber “inaugurado” oficialmente la Refinería Olmeca, que sigue sin producir un solo litro de combustible, la percepción de López Obrador sobre la “honestidad” de su secretaria de Energía es posible que haya cambiado, aunque públicamente exprese lo contrario para no admitir que se equivocó.

Sin embargo, cada vez salen a la luz más evidencias en contra de Nahle que inclusive podrían precipitar su dimisión y hasta sepultar de plano su aspiración por la gubernatura de Veracruz.

Ayer, por ejemplo, la columnista Lourdes Mendoza, de El Financiero, en un texto titulado “Citapia se disfraza de MEPI y enamora a Nahle”, cita los vínculos de la titular de la Sener con el cuestionado empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, cuya empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia), ligada al escándalo de corrupción entre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y Odebrecht, logró evadir una acusación penal abierta el sexenio pasado en su contra por la entonces PGR por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca, propiedad de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, Pemex Transformación Industrial, que era la parte acusadora, increíblemente se desistió ante un juez federal, no obstante que en la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017 constaban numerosas pruebas del presunto delito, como fotografías y las declaraciones de los policías. El empresario, amigo de Nahle, quedó disculpado.

Ahora, según la columnista del diario capitalino especializado en finanzas, Tapia Vargas optó por recurrir a nuevas sociedades o sociedades ya existentes de su propiedad para continuar con los negocios dentro del gobierno.

Refiere, por ejemplo, que en 2019 la filial de Pemex, PTI Infraestructura de Desarrollo, le adjudicó a Mexicana de Recipientes a Presión, propiedad de Juan Carlos Tapia, Gilberto Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morín Montes –este último identificado por la periodista como director jurídico de Citapia–, el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el paquete 6 de la refinería de Dos Bocas por 78.4 millones de dólares.

Casi un año y medio después de la asignación le cambió el nombre, de Mexicana de Recipientes a Presión a Procesos Especializados y Proyectos (Proesa).

Junto con Procura y Proyectos Oil & Gas, empresa creada en junio de 2020, Proesa es la accionista mayoritaria de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI), constituida en diciembre de 2020, cuando ya había iniciado la obra y con la cual Tapia habría conseguido contratos en el megaproyecto Dos Bocas, subcontratada por una megaempresa internacional, de acuerdo con fuentes del sector.

La columnista señala que, con esta empresa fachada, Tapia cuenta con todo el apoyo de la secretaria Rocío Nahle.

Y recuerda que el 13 de diciembre pasado, cuando el PAN en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para requerirle a Nahle que informara sobre la contratación de MEPI en Dos Bocas, pese a su “notoria inexperiencia”, el diputado Héctor Saúl Téllez consignó en la solicitud, que se turnó a comisiones, que “a pesar de la reciente creación y falta de experiencia de MEPI, recibe contratos multimillonarios para edificar una obra especializada y de valor estratégico como la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”.

Además, el legislador panista acusó que MEPI fue constituida “por familiares y amigos del empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, quien está inhabilitado por la SFP por sus vínculos en el escándalo de Odebrecht e investigado por la FGR por huachicoleo”.

El 31 de diciembre –según refiere la columnista de El Financiero–,  la secretaria de Energía publicó en sus redes sociales un resumen de los avances de la refinería en la que toma como fondo a los trabajadores de MEPI y Samsung. En el video, de poco más de un minuto, señala que está en la planta hidrodesulfuradora de diésel, obra adjudicada a la transnacional coreana en consorcio con la empresa Asociados Constructores DBNR. “Vamos muy bien”, asegura y prosigue: “Esta obra es magnífica, es ejemplo a nivel mundial. Felicidades a los trabajadores, que están haciendo posible esto”, se le escucha decir mientras se hacen tomas cerradas de los hombres con overoles y cascos de Samsung y MEPI.

“Citapia fue acusada de extraer combustible clandestinamente y se tiene documentado en papeles de la extinta PGR de Hidalgo el delito, del cual al final no se hizo nada por las supuestas relaciones que tendría este empresario con el exgobernador Omar Fayad y con las autoridades judiciales, por lo que sería ideal que Rocío Nahle explique por qué tanto amor a Juan Carlos Tapia, aunque muchos de la 4T se sorprendan de las excelentes relaciones que tiene este empresario con la familia de la secretaria de Energía”, remata la columnista Lourdes Mendoza, quien en octubre de 2021 exhibió a Emilio Lozoya Austin cenando en un lujoso restaurante de la ciudad de México, lo que le costó al exdirector de Pemex que la Fiscalía General de la República le modificara la medida cautelar del arraigo domiciliario por la prisión preventiva.

Adán: ahora o nunca

El último secretario de Gobernación que llegó a la Presidencia de la República fue Luis Echeverría Álvarez, en diciembre de 1970. Después de él gobernaron José López Portillo, exsecretario de Hacienda (1976-1982); Miguel de la Madrid Hurtado, exsecretario de Programación y Presupuesto (1982-1988); Carlos Salinas de Gortari, extitular también de la SSP (1988-1994); Ernesto Zedillo Ponce de León, exsecretario de Educación Pública (1994-2000); Vicente Fox Quesada, exgobernador panista de Guanajuato (2000-2006); Felipe Calderón Hinojosa, exsecretario foxista de Energía (2006-2012); Enrique Peña Nieto, exgobernador priista del Estado de México (2012-2018), y ahora Andrés Manuel López Obrador, exjefe de Gobierno de la capital del país.

Recién iniciado 1993, el año previo de la siguiente sucesión presidencial, el veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, entonces titular de la SEGOB, fue entrevistado en la terminal aérea “General Heriberto Jara Corona” del puerto jarocho, y a pregunta expresa de los reporteros, externó abiertamente su aspiración de buscar la candidatura del PRI. Después de esa declaración, fue destituido del cargo el 4 de enero por el presidente Salinas.

Pese a su lealtad e institucionalidad a toda prueba, y de su apoyo a Salinas no sólo con la presencia de su amigo, el líder cubano Fidel Castro, para legitimar políticamente la toma de posesión del mandatario priista luego de la polémica elección presidencial de 1988 sino para sacar también en el Congreso de la Unión sus reformas constitucionales acordadas con la izquierda neocardenista, el PAN y la cúpula de la Iglesia católica de México –desde la creación del IFE, primer órgano electoral autónomo, hasta las reformas a los artículos 27 y 130 de la Carta Magna–, tras haber arrasado el PRI en las elecciones federales intermedias de 1991, Gutiérrez Barrios fue indignamente defenestrado por manifestar sus aspiraciones presidenciales.

Y es que aunque Salinas lo había elogiado en su campaña llamándolo “Hombre leyenda”, lo cierto es que el exgobernador de Veracruz no era de su círculo íntimo de poder ni le representaba continuidad transexenal a su proyecto político neoliberal. Por eso, en 1994 postuló inicialmente a su amigo fraterno Luis Donaldo Colosio, exsecretario de Desarrollo Social, y ante su magnicidio dejó pasar a Zedillo, extitular de la SPP y la SEP, incondicional de Joseph Marie Córdoba Montoya, un economista de origen francés que ejerció inmenso poder desde la Oficina de la Presidencia durante el salinato.

Ahora, casi 30 años después, son otros tiempos y otras circunstancias políticas, por supuesto.

El presidente López Obrador ha dejado atrás el “tapadismo” que durante más de siete décadas practicó el PRI, su expartido, e incluso adelantó desde el año pasado el proceso sucesorio al destapar a sus tres “corcholatas” preferidas, entre las que figura obviamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su “hermano” y paisano.

Según las encuestas, el tabasqueño sigue abajo en las preferencias frente a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y del canciller Marcelo Ebrard.

Pero, no hay que olvidar que en 2018 AMLO le dio “encuestazo” a Ricardo Monreal, quien era el mejor posicionado para gobernar la capital del país, y ahora le acaba de recetar lo mismo en Coahuila al exsubsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, de quien el mandatario se quejó en su conferencia de prensa del lunes pasado que “no me dio ni el adiós” y que “nada más me envió un papel” con su renuncia.

Así que, para Adán… ¡es ahora o nunca!