En los últimos cuatro años, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) alertó sobre el riesgo de un aumento de accidentes carreteros ante la disminución de verificaciones al autotransporte, debido a la falta de personal y de viáticos para el traslado de funcionarios, por no autorizar la contratación de los médicos que hicieran exámenes físicos a los choferes, así como por falta de recursos para reparar las básculas descompuestas que debían pesar las cargas.

Evitar el riesgo requería una cosa: más presupuesto.

Sin embargo, la petición no fue escuchada y, en cambio, el pronóstico se cumplió. El 2021 es el año de mayor siniestralidad del último lustro, con 15 mil accidentes carreteros, un aumento de 22% en comparación con 2018.

Ese año fallecieron 3 mil 298 personas y 8 mil 217 resultaron lesionadas, con una pérdida económica de más de 80 millones de dólares, según datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales del Instituto Mexicano del Transporte, órgano desconcentrado de la SICT.

Los riesgos que traería la falta de personal y de recursos fueron advertidos por los funcionarios de la SICT en sus Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de 2019 a 2022, los reportes trimestrales elaborados por cada dependencia en los que se evalúan los riesgos que podrían impedirles cumplir con sus metas y objetivos.

Las denuncias hechas por los funcionarios tienen datos que las confirman: el recorte de presupuesto para el mantenimiento carretero tuvo una disminución de 28% en 2021, lo que significó 10 mil millones de pesos menos para invertir en la red carretera de todo el país.

Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” entre la labor de los funcionarios públicos y los servicios que reciben los ciudadanos. Uno de los análisis específicos fue el mantenimiento carretero, un servicio indispensable en todo el país —usado por millones de personas— y también para la economía y el abasto de productos.

El análisis se centró en la comparación del presupuesto ejercido para el capítulo 6000 correspondiente a “inversión pública”, y específicamente en los conceptos 62501 “construcción de vías de comunicación” y 62502 “mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación”, a cargo de la Dirección General de Conservación de Carreteras de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y los Centros SICT en todos los estados.

De ese análisis se desprende que en 2018 el gobierno invirtió 31 mil 468 millones de pesos en dichos rubros, y el año siguiente, 38 mil 389 millones, un aumento de 22% en términos reales, pero que no se repitió en los años siguientes.

En 2020, el gasto fue de 26 mil 500 millones de pesos; en 2021, bajó a 21 mil 300 millones de pesos; en 2022, se ejercieron 22 mil 569 millones, y para 2023, se prevé un presupuesto de 31 mil 983 millones.

Para esta investigación, se ha comparado el presupuesto de 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, con 2022; también, 2019 con 2023, para comparar entre la misma administración, y dejando fuera 2020 y 2021, el periodo de pandemia que trajo gastos atípicos.

Entre 2018 y 2022, hubo un recorte de 28% en términos reales en los dos conceptos presupuestales destinados al mantenimiento de carreteras federales. Mientras, entre el presupuesto ejercido de 2019 y el presupuesto para 2023, el recorte es de 16% en términos reales.

En contraste, los accidentes aumentaron.

Entre 2011 y 2015, hubo cifras elevadas de colisiones, personas lesionadas y fallecidas, vehículos siniestrados y daños materiales, pero a partir de 2016, comenzaron a disminuir, hasta alcanzar un mínimo en 2020, durante la pandemia, que limitó la movilidad debido a restricciones sanitarias. Sin embargo, en 2021 hubo un repunte drástico, que lo convirtió en el peor año en un lustro.

En 2020, por ejemplo, hubo 11 mil 449 colisiones en carreteras federales, con 6 mil 706 personas lesionadas y 2 mil 722 fallecidos, pero en 2022 hubo 15 mil 020 accidentes que cobraron la vida de 3 mil 298 personas y provocaron lesiones a 8 mil 217.

Otros indicadores para medir los accidentes carreteros son el índice de accidentalidad y de mortalidad por cada 100 millones de vehículos-kilómetro, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte. En 2021, el índice de accidentalidad fue de 9.84, cifra más alta entre los últimos cinco años; la más alta es de 2015, con 12.5. Mientras, el índice de mortalidad fue de 2.16, cifra más elevada desde 2016, con 2.41.

En tanto, la “estimación del costo de la siniestralidad” es elaborada con una metodología del International Road Assessment Programme y mide el “valor estadístico de la vida”, asignando un valor a cada víctima mortal y lesionada por colisión en relación con el PIB per cápita.

En 2021, el costo de la siniestralidad de los accidentes carreteros fue de 2 mil 213 millones de dólares, la cifra más grande del último lustro y que se acerca al máximo registrado en 2016, con 2 mil 533.2 millones.

Esto demuestra que el supuesto “ahorro” no es tal.

“Se trata de un gasto trasladado a los ciudadanos”, asegura Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien comprobó el abandono de las carreteras federales durante su gestión. Además, dice, “el peso que dejas de invertir en el mantenimiento un año se convierte en un costo que se triplica al siguiente año, se cuadruplica o quintuplica al tercer año, y es un gasto mayor. Esto es un mal concepto de austeridad”, advierte.

Las alertas ignoradas

El área de Administración y Finanzas de cada dependencia (antes Oficialía Mayor) se encarga de realizar un reporte trimestral con los problemas detectados y calificados como riesgo “alto, medio o bajo”, de acuerdo con la gravedad, conocido como Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, que es entregado a la Secretaría de la Función Pública.

En teoría, esto tiene la finalidad de corregir los riesgos para asegurarse de que las dependencias cumplan con sus objetivos y metas anuales. Pero en realidad, no es así.

En el primer trimestre de 2019, los funcionarios de la SICT catalogaban en riesgo “alto” que “la red carretera federal tenga altos índices de accidentes carreteros por la falta de verificación y vigilancia al autotransporte federal” y que “la red carretera no modernizada construida y conservada (esté) provocando costos operativos no competitivos para el transporte de personas y mercancías, disminuyendo la seguridad e impulso al desarrollo social y económico”.

En los siguientes trimestres, el tema fue evaluado como riesgo “medio” debido a las acciones implementadas para corregirlo, pero se advertía que había una probabilidad de ocurrencia de 7 en una escala de 10.

Para el año siguiente, en 2020, el indicador sobre la red carretera advertía que solo tenía un avance de cumplimiento de 35% en el programa anual de verificaciones de peso y dimensiones, debido a “problemas de logística, presupuestales y que autoricen el resto de las plazas vacantes de médico y paramédico”.

La propuesta de solución en ese reporte era “realizar las gestiones necesarias para concretar la entrega de todo el equipo médico, el faltante de mobiliario a las unidades y las acciones necesarias para lograr que se autoricen las plazas vacantes”, asienta el reporte anual.

En 2021, el problema persistía y con otro elemento, la pandemia impuso restricciones de movilidad, lo que les impidió hacer operativos en los horarios previstos. Sin embargo, otro problema era “la falta de presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo de las básculas y de viáticos para los servidores públicos”.

Hasta el segundo trimestre de 2022, ya pasado el año de mayor siniestralidad del sexenio, los problemas no habían sido corregidos. Continuaba la disminución en el presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo de las básculas y de viáticos para los servidores públicos encargados de los operativos. Además, tampoco tenían “una herramienta tecnológica para revisar los expedientes”.

Y se sumaba otro problema. “La inseguridad que se presenta en las carreteras a causa de la presencia de grupos delincuenciales nos obliga a quitar el operativo, ya que en caso contrario amenazan con tomar otro tipo de acciones”, advertían los funcionarios.

Zedryk Raziel, Nayeli Roldán e IMCO/Animal Político 

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