A finales de la semana anterior, en una entrevista aparentemente arreglada –ya que no le tocaron el candente asunto de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que sigue vigente en México–, el expresidente Enrique Peña Nieto salió a declarar al influyente diario español El País que eran “absurdas” las acusaciones en su contra que cuatro meses antes había anunciado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y es que en julio de este año, el titular de la UIF, Pablo Gómez, había dado a conocer que a Peña Nieto le fueron detectadas varias transferencias internacionales que sumaban más de 26 millones de pesos, las cuales fueron hechas entre 2019 y 2021, luego de finalizar su mandato. Pero, además, a su familia también le detectaron retiros de dinero por más de 189 millones de pesos y depósitos en efectivo por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022. Esta Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda encontró también que el exmandatario tiene vínculos corporativos con dos empresas a las que se le detectaron irregularidades tanto fiscales, como financieras.
Sin embargo, además de esta indagatoria de la UIF, ahora en España –país donde reside desde hace casi cuatro años– ha trascendido una situación mucho más complicada para el político oriundo del Estado de México, entidad en la que el año próximo su partido, el PRI, buscará retener la gubernatura en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez, exsecretaria de Educación Pública y candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su última edición que comenzó a circular desde este sábado, el semanario Proceso reveló que al desarticular una red del Cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán asentada en España, un agente de la Policía Nacional detenido, Diego Arias García, declaró que otro de los integrantes de la red le confesó que cenó con el expresidente Peña Nieto y contactó al embajador Quirino Ordaz Coppel, un empresario priista a quien en su sexenio el mexiquense hizo gobernador de Sinaloa.
En su reportaje, el corresponsal de Proceso en Madrid, Alejandro Gutiérrez, detalló que el pasado 17 de mayo la policía española decomisó viviendas, fincas y bodegas, incautó drogas y armas, bloqueó 20 cuentas bancarias y detuvo a 24 personas, la mayoría integrantes de una familia oriunda de Sinaloa, así como a colaboradores españoles; entre éstos destaca el subinspector Arias García, quien ante la justicia ofreció informes de las operaciones de lavado de dinero del grupo y sobre lo que uno de sus integrantes –José de Jesús Flores Ramos, “Pepe”– le confesó: que cenó en Madrid con el expresidente Peña Nieto y que lo había contactado el nuevo embajador mexicano “para traer dinero a España”.
Quirino Ordaz afirmó al corresponsal de Proceso que no conoce ni ha tenido contacto alguno con “Pepe” Flores ni con su padre José de Jesús Flores Gutiérrez, cabecillas de la organización criminal de “El Chapo” Guzmán en España.
Peña Nieto, en cambio, no ha emitido hasta ahora ninguna declaración sobre este otro delicado tema.
Desconcierta cambio en el CEIS
Nos comentan que tanto a instructores como a cadetes les tomó por sorpresa el relevo de Evaristo Cruz Cabañas como director del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), pues a pesar de su formación castrense, reconocen su desempeño e, incluso, su buen trato con la tropa.
Aparentemente existía una cuestión de egos al interior de la SSP y, poco o nada se difundió sobre los logros alcanzados por el CEIS durante el periodo del vicealmirante en retiro, pero nos comentan que no fueron pocos.
Para efectos de la profesionalización y dignificación policial, procuró temas de inclusión social, perspectiva de género y el apego irrestricto a los derechos humanos.
En el lapso de su gestión impulsó el cumplimiento de cursos especializados a nivel internacional, reafirmó el compromiso de capacitación a través de talleres y congresos mediante la vinculación con otras dependencias e, incluso, intercambios con instituciones de otros países.
Estableció el cumplimiento de estándares de calidad dentro del Instituto, consiguiendo así la reacreditación CALEA.
Fue nombrado Presidente del Consejo Académico de la región Sureste, posicionando al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad del estado de Veracruz como un referente en las buenas prácticas del modelo policial.
Durante el periodo declarado como emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 estableció acciones extraordinarias para dar continuidad a la capacitación policial, implementando un sistema educativo a distancia a través de una plataforma virtual.
Por su labor en la actualización y especialización en Seguridad Pública Nacional e Internacional, durante el año 2021 recibió el reconocimiento a los actores de la profesionalización policial en México, presea Zafiro, otorgada por la Facultad Latinoamericana de la Universidad Nacional Policial UNIPOL.
Sin duda alguna, a su paso por la institución deja marcado un cambio positivo y merecedor de resaltar.
Sindicato e ICAVE buscan evitar la huelga
Este lunes se realizará una segunda reunión entre los representantes del sindicato de la empresa Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz S.A. de C.V. (ICAVE), la cual se realizará en las instalaciones del Tribunal Laboral Federal con sede en la Ciudad de México.
El pliego petitorio del sindicato incluye 4 puntos:
I. El pago de la participación de las utilidades de la empresa ICAVE a razón del 10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes al ejercicio 2021, a favor de los trabajadores señalados en el Anexo A.
II. El pago de la cantidad remante a fin de integrar el 10% del ISR de las utilidades de la empresa ICAVE correspondientes al ejercicio 2021 a favor de los trabajadores señalados en el Anexo A.
III. El pago de los salarios caídos, dejados de percibir por los trabajadores señalados en el Anexo A en caso de que llegase a estallar la huelga anunciada, por todo el tiempo que dure el conflicto, así como el pago de los gastos originados con motivo del mismo.
IV. La entrega del proyecto donde se determinó la participación de las utilidades correspondientes al ejercicio 2021 a favor de los trabajadores señalados en el Anexo A.
Las negociaciones se realizarán en el marco legal y con la presencia de la autoridad laboral federal competente, y participarán representantes del sindicato, encabezados por el secretario general Augusto Crespo Ruiz, su apoderado legal Lic. Alfredo Sánchez López y el apoderado legal de la empresa ICAVE, Lic. Emiliano Román Yáñez.
El emplazamiento a huelga establece que de no llegar a un acuerdo satisfactorio, esta estallaría el próximo jueves 10 de noviembre a las 08:00 horas.
ICAVE es la empresa que controla el 80 por ciento del movimiento en la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Veracruz, labor que realizan los aproximadamente 600 trabajadores sindicalizados que reclaman el pago de casi 70 millones de pesos correspondientes al reparto de utilidades.