La secretaria de promoción política del Partido Acción Nacional (PAN), Monserrat Ortega, salió en defensa del trabajo que realiza la auditora general del Estado, Delia González Cobos.
La panista, que sumó a las voces de apoyo a la auditora, consideró que Delia González está recibiendo ataques injustificados por la revisión de la Cuenta Pública del 2021 y podría configurarse violencia política.
Al respecto lamentó que la titular del Órgano de Fiscalización Superior sea atacada desde el Congreso Local, pues le exigieron realizar una segunda revisión de la Cuenta Pública 2021 y le niegan recursos para hacer su trabajo.
A esto se suman diversas declaraciones en su contra, que han llevado a la primera mujer auditora del Estado, a que ofrezca su renuncia- si es que se la piden.
Fue la mayoría de Morena quien le dio su nombramiento como titular del ente fiscalizador, pero ahora, que hizo su trabajo la están atacando, por lo que “debe haber un trasfondo” en este conflicto.
“No sé qué pasa entre la oficina del Gobernador y el mismo equipo de Morena, recordar que fue impulsada por ellos, si bien es cierto que la apoyamos por ser una persona imparcial, no sé qué icono tengan contra la auditora, deben ser sumamente serios, y si está presentando los informes, hay que saber que hay de fondo, se mira mucho un ataque, desconozco a que se deba, ella tiene todo el derecho de estarlos fiscalizando”.
En el mismo sentido, la exdiputada, consideró que si Gonzales Cobos considera que está siendo impedida para hacer su trabajo, que presente su denuncia por violencia política.
“Si está siendo impedida, en caso de que sea obstruida, tiene todas las herramientas para proceder, están los mecanismos” dijo.
Cabe mencionar que en la pasada Cámara, el Poder Legislativo aprobó una reforma a la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipificado como delito la violencia política en razón de género e incluyendo los supuestos que constituirían este delito.
En la Ley se estableció que constituye violencia política hacia las mujeres, quien impida u obstaculice el ejercicio de sus derechos político-electorales mediante la restricción de recursos, ocultamiento de información, aplicación de sanciones sin motivación y fundamentación, amenazas o amedrentamiento hacia su persona o familiares.
Con esta reforma se buscó proteger a las mujeres en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito.
AVC/ Isabel Ortega
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