Dan al Orfis un plazo no mayor de 90 días naturales para que efectúe una nueva valoración, la cual deberá remitir a este Poder Legislativo.
Determina Comisión de Vigilancia que el proceso de fiscalización resultó deficiente en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados.
El Pleno de la LXVI Legislatura determinó no aprobar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de los entes fiscalizables, de la Cuenta Pública 2021, presentados a este Congreso el pasado 30 de septiembre por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), en razón de que no existen elementos suficientes para tal efecto.
De acuerdo con el dictamen -aprobado con 45 votos y una abstención- se ordena al Orfis que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.
Para esto deberá incluir la documentación entregada en la sede legislativa y emitir los correspondientes Informes Individuales e Informe General Ejecutivo que deberán remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que, en los 15 días hábiles siguientes a su entrega, se elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.
La Comisión de Vigilancia expone en el documento su deducción de que el proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2021 resultó deficiente en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados, “hecho que en un futuro pone en riesgo no sólo la legalidad de los informes, sino hasta las acciones consecuentes que resulten de intentar recuperar los montos señalados en cada uno de ellos”, refiere.
Asimismo, añade que debe ejecutarse un dispositivo que permita recuperar la totalidad de lo señalado como daño patrimonial y llevar a cabo los procesos necesarios en el caso de las faltas administrativas, teniendo así el resultado esperado del proceso de fiscalización superior y un efecto de beneficio y bienestar social para las y los veracruzanos.
Por otra parte, indica que de las reuniones de trabajo realizadas observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones, la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones y los montos solventados en las correspondientes revisiones.
En tanto, señalan que, a juicio de la Comisión, hay ponderaciones y metodologías poco claras y convincentes; “a manera de ejemplo, podemos referir que en algunos casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el cincuenta por ciento del total, sin que se tenga información sobre el resto de los recursos”.
“Más grave aún casos donde el porcentaje de las obras auditadas fue aún menor, lo que demuestra, que no se realizó una auditoría eficiente respecto al uso de los recursos públicos”, puntualiza la Comisión.
En la etapa de posicionamientos, el diputado del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, precisó que hoy Veracruz está representado por un Congreso comprometido con la transparencia, «un Congreso que no tiene por qué ocultar hechos o resultados, cuando existe duda en el cumplimiento de las funciones que corresponden”.
Explicó que, a su consideración, durante el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2021 fueron evidentes las discrepancias entre aclaraciones y documentación comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables, cuando se confrontaron con pliegos de observaciones y montos solventados en las correspondientes revisiones.
Agregó que hay señalamientos de administraciones municipales que encontraron irregularidades en los procesos de entrega–recepción, “lo cuales, no fueron aclarados ni tomados en cuenta en las muestras y por lo tanto en las observaciones”.
Por último, refirió que al votar por la no aprobación debe entenderse la decisión como una oportunidad para hacer mejor las cosas. “Veracruz merece con todo derecho, representantes populares que cumplan con el compromiso de fiscalizar con responsabilidad y transparencia”, concluyó.