Unas horas después de que el gobernador Cuitláhuac García declarara que Veracruz es actualmente una de las diez entidades más seguras del país, el ejecutivo estatal anunció la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado de la Secretaría de Seguridad Pública.
Dijo que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa la posición 26 en delitos por cada 100 mil habitantes; que han bajado los homicidios dolosos; que los cuerpos policíacos estatales tienen ahora buenos salarios; y que se ha incrementado la certificación policial.
Ese anuncio se produjo al mediodía del 20 de octubre; por la noche, el propio ejecutivo veracruzano emitió un mensaje en el que expone que recibió la renuncia de Gutiérrez Maldonado, a quien elogió por sus resultados al frente de la SSP.
Al margen de los indicadores de la inseguridad y la violencia en los primeros cuatro años del sexenio, que consignan 4 mil 593 homicidios dolosos en Veracruz entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, la salida del ex titular de la SSP desató todo tipo de especulaciones sobre los reales motivos de su salida del cargo.
Las estadísticas oficiales ubican a la entidad como un territorio violento: en lo que va de la administración de García Jiménez, 2 mil 855 personas han sido asesinadas con arma de fuego en Veracruz; también hay 2 mil 236 lesiones dolosas cometidas con armas de fuego.
Entre homicidios y lesiones con armas de fuego, Veracruz registra más de 5 mil hechos violentos en la entidad.
Desde que inició la presente administración han transcurrido mil 421 días; en ese lapso se han registrado, en promedio, 3.5 hechos violentos cometidos armas de fuego.
Cada día del actual gobierno, en Veracruz han sido víctimas de homicidio doloso 3.2 personas en promedio, de tal manera que la entidad está muy lejos del mundo color rosa que plantea el discurso oficial.
Por otro lado, a partir de la “renuncia” del secretario, ha comenzado a fortalecerse la versión de que una de las causas del relevo en la SSP tendría que ver con los reportes filtrados desde la plataforma “Guacamaya leaks”, sobre una presunta protección que desde la dependencia se brindaría a un grupo de la delincuencia organizada.
Por si fuera poco, están las constantes recomendaciones de los organismos defensores de los derechos humanos a la policía estatal, tanto por maltratos y abusos contra migrantes, como por el caso de los dos jóvenes muertos en el cuartel “San José” de la policía estatal en 2020.
No es todo; de forma reciente, dos altos mandos de la dependencia de seguridad y dos elementos más fueron detenidos y vinculados a proceso por la desaparición forzada del ex comandante de la Policía Vial de Veracruz, Juan Alan Cuetero.
Cualquiera de esos puntos, desde la falta de resultados hasta la presunta relación con grupos de la delincuencia organizada, pasando por el tema de los derechos humanos, podría ser motivo suficiente para la salida del funcionario; sin embargo, el caso de la desaparición del comandante de la Policía Vial, que involucra a funcionarios de alto nivel de la dependencia, amenazaba con provocar un escándalo de dimensiones catastróficas para el actual gobierno, lo que habría causado el relevo.
@luisromero85