Este martes, el diario porteño Imagen de Veracruz, el más afín al obradorismo en el estado, destacó en su portada una amplia investigación periodística sobre las anomalías que el actual coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, dejó como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en la mayor parte del bienio del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018).

De acuerdo con dicha publicación, las auditorías practicadas al último ejercicio fiscal del régimen yunista en esa dependencia arrojaron graves irregularidades que derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción por un presunto daño patrimonial de 6 millones 501 mil 591 pesos que involucra también a otros ocho ex funcionarios públicos.

Los cargos que se les imputan son por al menos tres presumibles delitos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal.

Según las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) señalan que los ex funcionarios fueron negligentes ante la ejecución de obras de mala calidad y con deficiencias técnicas constructivas, omitiendo, además, hacer válida la garantía de vicios ocultos.

También detectaron serias irregularidades como la manipulación de evidencia documental del proceso constructivo de la obra y de la justificación del ejercicio de recursos públicos para la ejecución de la misma. Por si fuera poco, se pagaron conceptos de obra que no fueron ejecutados y con costos elevados.

Al menos cinco de las observaciones a la Cuenta Pública 2018 de la SIOP involucra directamente al senador Rementería, a su sucesora Yolanda Baizabal Silva y al ex subsecretario Federico Salomón, quien actualmente preside el Comité Directivo Estatal del PAN. El resto de las presuntas responsabilidades recaen entre seis ex directores y ex subdirectores.

Julen Rementería –quien como secretario de Infraestructura y Obras Públicas ejerció más de 4 mil millones de pesos, el cuarto presupuesto más alto del gobierno de Yunes Linares, y asignó por adjudicación directa el 60% de los contratos–, de momento, no tendría problemas con la justicia porque goza de fuero constitucional por ser miembro del Senado de la República. En caso de que le resultara responsabilidad penal, el coordinador de los senadores del PAN no podría ser llamado a cuentas hasta después del 31 de agosto de 2018, cuando concluye su gestión legislativa.

La reciente auditoría del ORFIS a la Cuenta Pública 2018 revela que Rementería entregó 82 contratos de obra por 244 millones de pesos a solo 22 empresas. Y aunque la Ley de Obras Públicas del Estado señala que el monto máximo para realizar una adjudicación directa son 1.5 millones de pesos, Julen habría adjudicado bajo esta modalidad contratos hasta por 70 millones de pesos, justificando la acción con dictámenes de excepción por la premura de los tiempos.

De momento, hubo quienes supusieron que este “calambre” periodístico habría sido un mensaje del grupo en el poder para frenar al senador panista que ha comenzado a moverse en el estado con miras a la sucesión gubernamental de 2024. Sin embargo, el senador blanquiazul no parece representar mayor amenaza para disputarle la gubernatura a Morena dentro de año y medio, pues este domingo 9 quedó evidenciada su pobre convocatoria en una “consulta ciudadana” que organizó con el pretexto de recolectar las firmas de las familias veracruzanas para exigirle al gobierno federal que baje en la entidad las tarifas de luz de consumo doméstico.

Más bien, todo parece indicar que el “toque” contra Julen lo habría motivado su activismo en el Senado en contra del Decreto recién aprobado en ambas cámaras del Congreso de la Unión por la mayoría de Morena y sus aliados, mediante el cual se entrega la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y prolonga hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en la calles del país.

Ayer, casualmente, Julen dio conferencia de prensa para anunciar que un grupo de 49 senadoras y senadores del PAN, PRD, el Grupo Plural y Movimiento Ciudadano presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para impugnar dicho decreto.

Rementería explicó que la impugnación busca dar marcha atrás a la militarización de esa corporación que fue creada al inicio de este sexenio para estar bajo el mando civil, destacando que se trata de una norma que es contraria a la Constitución y viola derechos humanos, ya que también prevé liquidar a los ex agentes de la Policía Federal que aceptaron incorporarse a la nueva corporación.

El ex alcalde porteño aclaró que esta acción de inconstitucionalidad impugna el Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre de 2022; por lo que se trata de una impugnación diferente a la que podría presentar ese mismo grupo de senadores contra la reforma recién aprobada que prevé mantener a los elementos castrenses en labores de seguridad pública hasta el 2028.

Sobre las reformas aprobadas el pasado 9 de septiembre, el coordinador de los senadores del PAN sostuvo que “desplazan” a los miembros de la policía civil para que la Guardia Nacional quede bajo estricto control militar y sin que esté obligada a coordinarse con las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.

Por lo anterior, Rementería hizo un llamado a las y los ministros de la Suprema Corte para que resuelvan con celeridad esta impugnación, y revoquen el decreto de ley que militariza el control de la Guardia Nacional, misma que fue creada en 2019 como un cuerpo policiaco de carácter civil que iba a estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La acción de inconstitucionalidad argumenta que militarizar la Guardia Nacional viola el artículo 21 constitucional, ya que al estar adscrita a la Sedena, sus propios mandos serían militares y no civiles como se acordó durante su creación.

Además, se argumenta que el decreto excede “las atribuciones del Congreso de la Unión” al modificar sin un límite claro, la Administración Pública Federal centralizada, derivado someter a la Guardia Nacional bajo control castrense.

También advierte que se viola el régimen transitorio de creación de la Guardia Nacional del 2019 que preveía el uso transitorio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, convirtiendo un régimen extraordinario en permanente.

Una cuarta violación constitucional, que se esgrime en el escrito de impugnación, es que se viola la garantía de salvaguarda federal, contenida en el artículo 119 constitucional, el cual prevé que los Poderes de la Unión deben proteger a las entidades federativas cuando así lo soliciten las legislaturas locales o los gobernadores de cada entidad federativa.

Por último, argumentan que el decreto impugnado incurre en una presunta suspensión de las garantías individuales previstas en la Carta Magna, al no respetar las condiciones que prevé el artículo 29 constitucional, para adoptar dicha medida.

El argumento de los líderes de Morena tiene lógica: tan alto costo político que les representó darle impunidad al dirigente nacional priista “Alito” Moreno por el voto de sus diputados, así como doblar y cooptar a otros senadores del PRI y PRD, para que ahora el “corrupto” de Julen pretenda darle jurídicamente marcha atrás a la militarización de la Guardia Nacional