Prefacio.

No es, desde ningún ángulo, anticonstitucional la reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz, en la que se agregó una fracción III para establecer que son veracruzanos “las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”. *** No choca, de ninguna manera, con el párrafo segundo de la fracción I, inciso “b”, del artículo 116 de la Constitución federal. *** La Carta Magna advierte que “sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa”. *** El artículo 43 de la Constitución de Veracruz establece que para ser gobernador se requiere (fracción I) “ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos”. *** La llamada “Ley Nahle” que reformó el artículo 11 de la Constitución local, en realidad era innecesaria. *** La zacatecana secretaria de Energía, lo mismo que el hidalguense alcalde de Xalapa o el regiomontano secretario de Seguridad Pública, podrían apelar al artículo 116 de la Carta Magna para competir por la gubernatura de Veracruz. *** El debate no debe limitarse al ámbito jurídico, sino en el terreno de lo ético y hasta de lo social. Como bien lo dijo el delegado del Bienestar en la entidad, el veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara: “la veracruzanía se da por muchas causas y no sólo por la ley”.

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En abril del 2017, el analista Ernesto López Portillo (coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde), escribió un artículo en el portal Animal Político, del que es oportuno rescatar algunos fragmentos:

“Los vacíos se llenan. La autoridad civil hace vacíos sin parar a lo largo y ancho del país en lo que a seguridad pública y procuración de justicia se refiere. Los viene haciendo de manera creciente hace al menos dos décadas. El reemplazo son los militares. El vacío es real y es a la vez simbólico. Los gobiernos no construyen políticas e instituciones que en verdad protejan a la gente y se vienen multiplicando las situaciones límite donde ni siquiera existe presencia de autoridad civil alguna y los militares deben intervenir; pero el vacío ya anidó igualmente en la percepción colectiva: en la medida que se viene extinguiendo la expectativa social sobre los civiles, la misma se va transfiriendo hacia los militares”, apunta el especialista.

Y agrega:

“Ahí se configura la rentabilidad política que da paso a una de las mayores perversidades por parte de la autoridad civil electa; son por ejemplo los gobernadores que primero renuncian a su labor de proteger y luego salen a reivindicar a las instituciones militares, justo por hacer lo que a ellos les tocaba de origen. Cinismo mata ingenuidad”.

¿Cinismo o ingenuidad?

Por muy poca experiencia que tenga en el ejercicio de gobierno, por muy limitado que sea en esa ciencia llamada “política”, el gobernador de Veracruz debería tener muy claro a estas alturas que ya lo investigaron, lo investigan ahora y lo seguirán investigando en tanto tenga en sus manos el futuro de más de ocho millones de mexicanos, en tanto pase por su escritorio el proyecto político de Veracruz, uno de los más importantes bastiones electorales.

Quienes hacen esos trabajos no le avisan que lo están investigando y –por supuesto- tampoco están esperando su “autorización” para hacerlo.

El documento del Ejército Mexicano emitido en marzo del 2019, lo confirma.

En ese entonces al frente de la Fiscalía de Veracruz seguía el yunista Jorge Winckler, pero el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo hace referencia a las corporaciones policiacas “preventivas”, esto es la policía estatal y la Fuerza Civil, ambas para ese entonces ya al mando del regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado.

¿Ingenuidad o cinismo?

– ¿Respalda el trabajo de su secretario de Seguridad Pública?

– No lo respaldo yo. Yo obviamente voy a respaldar a los 17 secretarios y secretarias. No, lo respaldan los resultados (…) El trabajo, los datos duros.

En efecto, ese mismo trabajo que fue investigado y documentado por el Ejército Mexicano y que le dio los argumentos para advertir que la policía estatal –a cargo de Hugo Gutiérrez- estaba facilitando, respaldando, la incursión del Cártel del Noreste (CDN) en territorio veracruzano, lo que –además- elevaba los niveles de violencia, por sus enfrentamientos con otro grupo, (quizá ese respaldado por gobiernos anteriores) el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

– Autorizo a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), a toda la inteligencia; autorizo que me indaguen todo, a mi familia y a mí. Mis cuentas bancarias, mi patrimonio familiar, que se me indague”, dijo Cuitláhuac García este miércoles.

– Soy el primer interesado en que la autoridad realice las investigaciones pertinentes para dejar en claro que la denuncia en mi contra es ridícula, electorera y carece de veracidad”, dijo Javier Duarte en agosto de 2016.

En abril del 2017 era detenido en Guatemala.

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Epílogo.

Era un proyecto que nació torcido, allá por los tiempos de Edel Álvarez Peña. *** Este miércoles la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Isabel Inés Romero Cruz, admitió que se analizan las opciones legales para no construir las 12 ciudades judiciales que siguen pendientes y que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) les observó. *** “Estaba previsto construir 21 ciudades judiciales, pero es imposible, no lo podemos hacer; el Poder Judicial no está para construir tantas ciudades judiciales (…) No podemos endrogarnos por tantos años, endeudaríamos al Poder Judicial”. *** La magistrada explicó que se analizan los contratos de las 12 ciudades judiciales pendientes para determinar si se rescinden o no. *** “Los contratos todavía están en revisión, todavía están en revisión, ¿sí? Para efecto de poder (definir) si se rescinden o no”. *** Las ciudades judiciales pendientes de construir son las de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.

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