Esta misma semana, la Comisión de Vigilancia del Congreso local, habrá de acordar sobre los municipios que aparecen con observaciones en el Informe de la Cuenta Pública 2021 del ORFIS, para determinar su habrán de acudir a justificar los señalamientos ante el Órgano de Fiscalización o ante la propia Comisión de la Legislatura que preside el diputado por San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni.
La actual diputada local Citlali Medellín, ex alcaldesa de Tamiahua en la pasada administración, estuvo platicando con nosotros sobre el hecho de que la nueva presidente municipal no ha querido -como lo establece la ley- certificar los documentos de las cuentas municipales, que le han sido solicitada de manera reiterada por escrito y presencialmente.
Recordó Citlali Medellín que hace ya dos meses presentó un exhorto sobre los abusos que están cometiendo no solo las autoridades del municipio de Tamiahua, sino la generación de alcaldes 2022-2025 lleva hasta el momento ya más de 20 juicios por abusos de autoridad, por violencia política, violencia institucional, etc.
Los exalcaldes que solicitamos nos fuera certificada la documentación, nos fue negada, pero hubo otros, que hasta estuvieron cobrando mil pesos por cada hoja certificada.
Ya la propia auditora general del ORFIS lo había advertido de que los ex alcaldes van a tener muchos problemas, porque las nuevas autoridades quieren ser también auditores.
Son tan ignorantes de la ley Orgánica del Municipio que creían que estaba dentro de sus facultades, poder auditar a las ex administraciones pasadas. A ese grado de ignorancia llegamos.
Por eso es que los que sí tomaron buenas decisiones, fuimos los que digitalizamos nuestra información y entonces, al terminar me voy a casa, pero me voy con mi información y si me llaman o algo, tengo el respaldo. El problema es que muchos no sacaron su información y los actuales alcaldes les negaron el acceso a los archivos y además les negaron también esa firma de certificación.
A mi me fue negada esa parte, solo no me contestaron el oficio que presentamos puntualmente a la secretaría del ayuntamiento, pero hubo otros alcaldes que les hicieron ir una, dos, tres veces, teniéndolos sentados por horas fuera de la presidencia, humillándolos, para después de ocho horas decirles, no te firmo, pero ven mañana a ver si ya te firmo, y ahí los trajeron dando vueltas.
Quiero decirles que el caso de Tamiahua no es el único, hay muchos alcaldes, muchas cuentas que están en la misma situación que Tamiahua, que no pudieron ser revisadas, en tanto no venían certificadas.
Nosotros entregamos toda la información en el ORFIS con un oficio en anexo, donde les decimos aquí está toda la información, pero no viene la certificación, en tanto el ayuntamiento no nos quiso firmar, mostramos el oficio del actual ayuntamiento, donde nos sellaron de recibido pero no nos certificaron.
Entonces lo que procede es denunciar, porque esto es violencia institucional, política, si eres mujer, violencia política de género, pero además están cayendo en incumplimiento de un deber legal, porque están obstruyendo la revisión de la cuenta pública y de transparentar los números y todos los datos.
Yo si voy a actuar en contra de la actual alcaldesa de Tamiahua, me certifique o no, ella ya cometió un delito y me le voy a ir con todo, porque no se vale que por berrinches, egoísmos y sobre todo por ignorancia, me haya causado ese daño.
Hasta aquí a quien tenía que denunciar era a ella, a su secretario y a su tesorero del ayuntamiento, pero resulta que su ignorancia llegó a aún más lejos, convoca a sesión de cabildo número 81, donde le dice al cabildo no le quiero certificar a Citlali, pero quiero que todos me firmen que están a favor y ahora ya involucró también a los regidores y está en el acta del 12 de septiembre. Y obviamente también me voy en contra de ellos y al síndico.
YO no se quien la asesora, pero había que haberle dicho, oye estás mal, estás cometiendo un delito, es un deber legal, tenías que haberlo hecho.
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