Lo que inició como un proyecto político que causó expectación y esperanza para miles de personas en San Andrés Tuxtla terminó hace poco más de 9 meses como una gran decepción.

En las elecciones de 2017, Octavio Pérez Garay se presentó como candidato independiente a la presidencia municipal de ese lugar.

Son pocos los antecedentes en Veracruz de candidatos que han ganado elecciones sin el apoyo de un partido político. Uno de esos casos fue Tavo Pérez Garay, quien acababa en dar por terminado su paso por el Congreso local; fue diputado priista por el distrito XXV, con cabecera en San Andrés.

El proceso de 2017 se caracterizó por una victoria aplastante de la alianza PAN-PRD, que un año antes, con Miguel Ángel Yunes, había propinado al PRI su primera derrota en una elección para gobernador del Estado. En esas elecciones, Octavio Pérez decidió postularse por la vía independiente; sabía perfectamente que el desgaste de la marca priista le impediría concretar su aspiración.

Pérez Garay llegó al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla gracias al voto de 17 mil 64 ciudadanos del municipio; dejó al PAN el segundo lugar; y al PRI, el tercero.

El problema fue que al llegar Tavo Pérez Garay al ayuntamiento, comenzaron las quejas por la ineficiencia gubernamental y los señalamientos del órgano auditor por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

En su informe sobre la revisión a la cuenta pública de 2022, por ejemplo, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado reveló que al ayuntamiento de San Andrés –administración de Pérez Garay– le detectaron irregularidades que hacen suponer un presunto daño patrimonial por más de 33 millones 700 mil pesos.

El órgano auditor emitió 4 observaciones de carácter financiero y 10 más relacionadas con la obra pública.

Hay una observación por más de 10 millones 400 mil pesos, asentada con el número FM-141/2021/013 DAÑ, que señala que el ayuntamiento gastó dicho monto en “Arrendamiento de equipo de recolección”, pero no rinde un informe detallado que justifique ese gasto.

En términos generales, hubo obras ejecutadas de forma irregular; falta permisos y licencias; y obras de mala calidad por deficiencias técnicas. Podríamos decir que en San Andrés Tuxtla hubo un verdadero cochinero en el manejo de los recursos y en la conducción del gobierno municipal.

El monto del presunto daño patrimonial en San Andrés Tuxtla durante el ejercicio 2021, 33 millones 700 mil pesos, se suman a las observaciones correspondientes a 2020, otros 29 millones 920 mil pesos; y a los 11 millones 203 mil pesos que resultan de las observaciones a la cuenta pública de 2019.

En esos tres años, el Orfis detectó presuntas irregularidades por más de 74 millones 800 mil pesos al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla. Un alto porcentaje de esas observaciones tienen que ver con la contratación y ejecución de la obra pública en este municipio.

El experimento de 2017 de la gente de San Andrés Tuxtla, al votar por un político priista disfrazado de “independiente” terminó en un fracaso, con un ayuntamiento donde el desaseo en el manejo de los recursos es evidente, tomando en cuenta las decenas de observaciones emitidas por el órgano auditor.

@luisromero85