Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la opinión de los ciudadanos debe ser tomada en cuenta. Por ello, en su gobierno ha impulsado consultas para determinar si se continuaba o cancelaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), si se iniciaba o no el Tren Maya, si procedía una investigación y juicios a expresidentes y ahora ha propuesto que se le consulte a los mexicanos si los militares deben regresar a los cuarteles o deben mantenerse en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Salvo en la consulta para definir si se abrían investigaciones contra los expresidentes de la República, el mandatario federal ha recurrido a ejercicios que no están registrados en ley y su resultado no tiene consecuencias legales, pero en la práctica le han generado ganancias pues le han permitido dar respaldo social a decisiones ya tomadas, además de movilizar a su base, consideran expertos.

“Con este sondeo estará movilizando a la ciudadanía, a su base social para que ratifiquen y muestren el respaldo que tiene el presidente en los temas que propone. También es una herramienta de comunicación política y de estrategia de contraargumentación, de descalificación de procesos legislativos que le permiten poner en entredicho las posiciones políticas de quienes se pronuncien en contra”, plantea en entrevista Aldo Muñoz Armenta, politólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Dándole la vuelta a la figura de consulta ciudadana, el gobierno del presidente López Obrador propuso un “ejercicio de participación social” para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo de 2028 participando en tareas de seguridad y con ello darle cuatro años más a la Guardia Nacional para consolidarse como institución.

Aunque el objetivo es conocer la opinión ciudadana, no se optó por organizar una consulta a través del Instituto Nacional Electoral (INE) porque Ley Federal de Consulta Popular establece que un asunto de seguridad no puede ser puesto a consideración de los ciudadanos.

“Las consultas constitucionales que se realizan bajo los preceptos que marca la ley cumplen ciertos criterios y esos criterios establecen qué cosas no se les puede preguntar a la ciudadanía como es si las autoridades ejercen sus facultades o no, cuestiones de seguridad, o de impuestos, eso no compete a la ciudadanía”, explica Lorena Vázquez Correa, maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y analista política,.

Al presentar la propuesta, el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aclaró que no se trata de una consulta.

“No se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social, del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública”, explicó.

El politólogo Aldo Muñoz explica que el intentar un cambio por la vía del manejo de la opinión ciudadana no es nuevo para un presidente. Al perder la mayoría en la Cámara de Diputados, Ernesto Zedillo tuvo la intención de impulsar una iniciativa que le permitiera realizar cambios sin que el Poder Legislativo interfiriera.

“Cuando Ernesto Zedillo pierde la mayoría legislativa en 1997, él propuso que, a través del referéndum o del plebiscito, el gobierno de México pudiese tener reformas legislativas; no avanzó su proyecto gracias a los votos del PAN, pero ésta es una herramienta de manual: si los votos legislativos no me alcanzan, tengo como una segunda opción el voto directo a través de consultas o sondeos”, explica.

A diferencia de la primera mitad de su gobierno en la que todas sus reformas constitucionales se le aprobaron, el segundo trienio para López Obrador ha sido complicado. Hasta ahora ninguna iniciativa de cambio a la Constitución ha sido aprobada porque su partido y aliados ya no cuentan con la llamada mayoría calificada, además porque PAN, PRI y PRD suscribieron una moratoria constitucional con la que acordaron no aprobarle ninguna iniciativa más al presidente.

Otras ganancias para AMLO

Según los expertos, las consultas a los ciudadanos han permitido al presidente López Obrador dotar de legitimidad “decisiones ya tomadas”.

“Es una estrategia política para darle forma a las decisiones o para decir estas decisiones las estoy tomando porque el pueblo me pide que las tome, aunque en realidad el número de personas que participa es irrelevante”, sostiene Marcela Ávila Eggleton, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

En ese intento de dar legitimidad a decisiones ya tomadas, los expertos consultados advierten que se puede caer en la ilegalidad, como sucedió en particular con la consulta para abrir investigaciones contra expresidentes donde el tinte era más político que de justicia y estuvo el riesgo latente de caer en una “cacería de brujas” e incluso de permitir la impunidad.

“Es muy importante cuidar esa herramienta de participación. La consulta es una herramienta importante porque movilizan a los ciudadanos, genera una relación con las instituciones y ciudadanía, su objetivo es que la ciudadanía sienta que en la toma de decisiones, en términos de construcción de democracia ayudan a que la ciudadanía sienta inclusión respecto a lo que los ciudadanos piensan sobre un tema”, agrega Lorena Vázquez.

A pesar de que la mayoría de los ciudadanos avalen mantener a militares y marinos en tareas de seguridad, su resultado no será vinculante, pero sí servirá para que el Poder Ejecutivo presente una nueva iniciativa para insistir en mantener a los militares por más tiempo en tareas de seguridad pública.

Actualmente, la iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se encuentra en comisiones del Senado de la República, y se prevé será votada esta semana. Aún si los senadores no le dan su aval, el presidente obtendrá ganancias.

“El presidente gana aunque pierda. Si en la Cámara de Senadores no aprueban la iniciativa, con el sondeo gana porque deja a los legisladores como contrarios a la voluntad popular, contrarios a la decisión mayoritaria. Además, porque ya logró romper la alianza entre PRI y PAN”, agrega Muñoz Armenta.

La consulta

Si en el Senado de la República no se logran los votos que se requieren para modificar el artículo quinto transitorio del decreto constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019, a partir de la próxima semana comenzará la movilización desde el gobierno para la organización del ejercicio de participación social.

La Secretaría de Gobernación, gobernadores, alcaldes y un comité ciudadano honorífico se sumarán para lograr la instalación de puntos receptores de la opinión en 68,989 secciones electorales del país para la jornada del 22 de enero de 2023 en la que se les preguntará a los ciudadanos:

1. ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

2. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

3. ¿Cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Seguridad Pública?

Política Expansión

Conéctate con Formato7:

La falla de San Andrés está cargada y lista para provocar un gran terremoto