“A los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos.”

Marcel Planiol

Los recientes episodios de violencia –en los que incluso mujeres y niños han perdido la vida-, y el encarcelamiento, lo mismo de actores políticos opositores al gobierno que de cientos de ciudadanos a causa de delitos fabricados o detenciones ilegales, confirman la tragedia que vive la impartición de justicia en Veracruz, donde muchos inocentes están presos y muchísimos delincuentes están libres.

En este contexto de violación sistemática a los derechos humanos y al debido proceso se inscribe “Veracruzano Inocente”, una iniciativa que busca garantizar desde la ciudadanía lo que el estado ha negado a muchos veracruzanos inocentes: la justicia.

A diferencia de la iniciativa presidencial de amnistía que concede perdón a quienes ya purgan sentencia por diversos delitos – y por la que se han liberado apenas 136 personas en dos años-, la propuesta de “Veracruzano Inocente” busca alcanzar la libertad de las personas que no han cometidos los delitos por los que se les acusa, pero que, por fallas en el sistema, detenciones arbitrarias o fabricación de delitos, siguen privadas de su libertad.

Veracruz es un auténtico estado sin ley ni justicia. El sistema de justicia veracruzano tiene un 94.3 de impunidad, según el informe «Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México» publicado por México Evalúa.

Nuestro estado se encuentra debajo de la media nacional; ocupa el último lugar nacional en justicia civil y derechos fundamentales; y el lugar 30 en justicia penal, apenas arriba de Morelos y Puebla. Los tres estados son gobernados por Morena.

Estas cifras coinciden con el informe presentado en mayo pasado por The World Justice Project (WJP) para la creación de un Índice de Estado de Derecho para México y la evaluación del impacto a la reforma de justicia penal.

Precisamente en materia de justicia penal, el informe confirma que en Veracruz la policía y el ministerio público no investigan los delitos de manera eficaz (0.17 puntos), los sistemas de procuración y de impartición de justicia no son expeditos y eficaces (0.21), además de que los derechos de las víctimas no se garantizan efectivamente (0.40), como sucede con decenas de colectivos en busca de personas desaparecidas.

En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inválido el delito de ultrajes. Se calcula que al menos mil personas permanecen aún en prisión acusadas de este delito, sin embargo, no más de 10 personas han obtenido el sobreseimiento de las carpetas, según me ha confirmado el abogado Tomás Mundo Arriasa, fundador de la iniciativa “Veracruzano Inocente”.

De hecho, más de 3 mil podrían obtener su libertad debido a que se trata de presos sin condena, a quienes se les violentado el principio de presunción de inocencia y a quienes la Fiscalía no les ha podido acreditar los delitos que se les imputan. La Fiscalía y el Poder Judicial hoy están al servicio del autoritarismo y la persecución política.

Para el Gobierno y su Fiscalía, en efecto, ha sido más fácil elegir a los culpables que encontrarlos.

La puntita

El de López Obrador ya es el gobierno más letal de la historia. Más de 134,656 muertes violentas. Eso no es lo peor: Por cada 5 homicidios dolosos se contabilizan tres desapariciones, por lo que la cifra de muertos es mucho mayor. El infierno es real.

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