Prefacio.

Obnubilada (quizá producto de su edad), la septuagenaria magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz perdió el control y regañó públicamente a juez y empleados del poder Judicial, porque no son capaces de mantener –con sus propios recursos- ni los servicios sanitarios de sus oficinas. *** “Todo quieren que se los hagamos, ¡no hay dinero por Dios!, no hay dinero para estar poniendo el sapo al canijo baño, ¡de veras! (…) ¡Todo quieren! ¿Cuánto cuesta una escoba, mujeres?, 80 pesos. Y si hay 15 auxiliares, ¿de a cuánto nos toca?, ni diez pesos, y no es posible que no podamos comprar una escoba”, expresó muy molesta. *** No aclaró si, de sus propios recursos, mantiene en buenas condiciones el servicio sanitario al que tiene acceso en sus oficinas del Palacio Judicial. *** ¿Acaso les reclama a los empleados del Tribunal, actitudes que ella misma no asume? Eso sólo ella lo sabe. Lo cierto es que en su arranque de molestia, admitió que las finanzas siguen complicadas, a pesar de los severos recortes “voluntarios” que se aplicaron los magistrados. *** No hay dinero para arreglar los baños de los juzgados, pero inauguran nuevas instalaciones que, por consecuencia, tampoco recibirán el mantenimiento que requieren. *** Ahora se entiende, en gran medida, la crisis que vive el Poder Judicial en Veracruz.

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No, no es que se satanice en este espacio el recurso de la deuda pública. El propio Banco Mundial asegura que: “el financiamiento en forma de deuda es fundamental para el desarrollo. Cuando se usa de manera inteligente, puede ayudar a impulsar un crecimiento inclusivo y sostenido.

Sin embargo, ese mismo organismo internacional advierte: “un alto nivel de deuda pública puede frenar la inversión privada, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social y limitar la capacidad gubernamental de implementar reformas”.

Este lunes el secretario de Finanzas del gobierno estatal. José Luis Lima Franco, anunció que contratará un crédito por mil millones de pesos, “para hacer frente al pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año”.

Él mismo recordó que ya antes han recurrido a la contratación de deuda (hasta 2 mil 500 millones de pesos), aunque presumió que “cada vez es menos”, y que eso se ha logrado porque “han tenido ahorros”.

Al final, el servidor público se avienta una verdadera “perla” declarativa:

“La intención es seguir pidiendo menos créditos de corto plazo para fin de año (…) el compromiso es (que) para el fin de esta administración ya no tener la necesidad de pedir créditos de corto plazo”.

Por supuesto. Cuando esta administración esté concluyendo, nadie, ¡nadie! Estará dispuesto a prestarles. Los créditos a corto plazo en la administración pública tienen como característica fundamental, que sean liquidados antes de que concluya la gestión administrativa que lo contrata.

El problema sigue siendo el déficit presupuestal: el gobierno de Veracruz sigue gastando más de lo que ingresa.

De eso no ha hablado José Luis Lima franco, pues sería interesante saber a cuánto asciende dicho déficit. Ya en algún momento, al final de la administración de Javier Duarte, el legislador veracruzano José Yunes Zorrilla, con amplio conocimiento en temas como administración y finanzas públicas, hablaba de un déficit cercano a los 800 millones de pesos mensuales, lo que a final de año representaba un hueco de hasta diez mil millones de pesos.

Para abatir ese déficit se deben combinar dos factores: reducción del gasto público, y crecimiento en la recaudación.

¿De qué tamaño es, en la actualidad ese déficit? ¿Cuánto ha reducido este gobierno el gasto público? ¿A cuánto asciende hoy el pago de nóminas y prestaciones para la burocracia, la policía y el magisterio?

Mientras no se resuelvan esos temas, nuestro experto en finanzas públicas, José Luis Lima, seguirá resolviendo sus problemas de liquidez… pidiendo prestado.

Llama la atención que la política financiera del gobierno de Veracruz, va totalmente en contrasentido de las normas que se impuso el presidente López Obrador desde el inicio de su gobierno:

“No vamos a aumentar impuestos, no van a haber impuestos nuevos; no va a crecer la deuda pública, no vamos a endeudar al país, no van a haber gasolinazos. La fórmula es sencilla: acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno”.

¿Será que esa fórmula no aplica en este terruño?

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Epílogo.

Parcial, pero a final de cuentas, puede contar como un triunfo para el exfiscal Jorge Winckler. *** Este lunes un juez federal suspendió por tiempo indefinido el juicio en su contra, por lo delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. *** El juez recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la etapa intermedia tiene como propósito ofrecer y admitir los medios de prueba. *** Jorge Winckler argumentó que no ha tenido la posibilidad de hablar con sus abogados, tanto de manera presencial, como de manera telefónica. *** Hay todavía, en ese tema, mucha tela por cortar. *** La Secretaría de Salud reportó este lunes que el acumulado de contagios de Covid-19 en México ascendió a 7 millones 041 mil 805, tras registrar 624 nuevos casos confirmados. Se trata de la cifra diaria más baja registrada en lo que va de la quinta ola de la pandemia en el país. *** La dependencia federal detalló que en las últimas 24 horas notificó ocho nuevos decesos provocados por el coronavirus SARS-CoV-2, por lo que el número oficial de muertes a causa de esta enfermedad desde que llegó al país se incrementó a 329 mil 630 defunciones. *** El Informe Técnico Diario sobre el progreso de la epidemia a nivel nacional reportó que del 23 de agosto al 5 de septiembre se registraron 18 mil 293 casos activos. Cabe considerar que es la primera vez a lo largo de la quinta ola de Covid-19 que se reportan menos de 20 mil casos activos registrados en el lapso de 14 días. *** Baja California Sur, la Ciudad de México y San Luis Potosí se mantienen como las entidades federativas con la mayor tasa de casos activos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes.

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