Apenas el pasado miércoles la organización internacional Article 19MX-CA reveló que durante el mes de agosto repuntaron los asesinatos de periodistas en nuestro país, por lo que urgió acciones coordinadas del estado mexicano.
Pero además en su informe reitera nuevamente a las autoridades mexicanas sus obligaciones de prevenir la violencia, proteger a las víctimas ante ataques, procurar justicia, reparar el daño y generar garantías de no repetición.
Ante el alza de la violencia letal, este 2022 es un año de alerta roja, pues al menos 16 periodistas, 3 trabajadores no editoriales de medios de comunicación y un familiar de periodistas han sido asesinados.
La violencia letal contra periodistas en México ha sido una constante en las últimas tres administraciones. Sin embargo, el vertiginoso escalamiento de los asesinatos este año no tiene precedentes. De los 16 casos registrados, hasta el momento, ARTICLE 19 identifica vínculos de estos crímenes con el ejercicio informativo por lo menos de 11 periodistas y 3 trabajadores.
La organización Reporteros Sin Fronteras señala que hasta el día de hoy 8 periodistas han sido asesinados en Ucrania, país en guerra. Con ello damos cuenta de la magnitud de la tragedia que enfrenta México sin que las autoridades sientan apremio ni urgencia para avanzar en la prevención de más asesinatos y en el esclarecimiento de los ocurridos.
Los homicidios ocurridos a lo largo del año, y en particular los cometidos en agosto, reflejan el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad y asedio bajo el cual se encuentra la prensa. Todo ocurre ante un Estado que es omiso o incapaz de generar estrategias que enfrenten los causales de la violencia y reviertan la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Pero las agresiones a periodistas no solo son los asesinatos, sino que también se ejerce otro tipo de violencia, como es la laboral, con despidos injustificados.
Tenemos el caso del periodista veracruzano Gustavo Cadena, quien este lunes debería de haber sido reinstalado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado luego de un largo juicio que ya dura más de cinco años y que finalmente sentenció a su favor de un despido injustificado en su base en Comunicación Social de es dependencia.
Se trata de un profesional del periodismo con más de cincuenta años de trayectoria en distintos medios públicos y privados, que sin motivo ni razón alguna fue despedido por el entonces presidente del Tribunal de Justicia del estado, Edel Álvarez Peña.
Son ya cinco largos años de un pleito laboral que no tiene justificación alguna, irónicamente, contra la institución que se supone es la encargada de administrar la justicia para todos los veracruzanos.
En este absurdo caso la villana principal resulta ser Isabel Inés Romero Cruz, titular hasta el momento, del Poder Judicial de Veracruz, que se niega a reinstalar al trabajador a quien se le han violado sus derechos humanos elementales.
Isabel Inés Romero, tendrá que pagar las consecuencias de su omisión y testaruda obstinación de no cumplir con mandatos legales, que le han dado la razón al periodista Gustavo Cadena Mathey en su reclamo de reinstalación, jubilación y la reposición de sus derechos laborales.
Todo el gremio periodístico veracruzano, quienes hemos conocido la trayectoria y profesionalismo de Gustavo Cadena Mathey nos solidarizamos y exigimos que se le haga justicia.
Molestia, hartazgo y solidaridad ha despertado entre el gremio de periodistas veracruzanos el penoso e injusto caso por el que atraviesa hoy el periodista Gustavo Cadena Mathey.
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