De escándalo en escándalo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, parece que está en un callejón sin salida: en el tricolor hay voces –como las de un grupo importante de ex líderes del partido– que exigen su renuncia; y desde Morena ya iniciaron acciones legales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
El desafuero parece inminente, a juzgar por la declaración del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, quien adelantó que el juicio de procedencia será rápido, expedito, dijo.
Luego de que “Alito” Moreno acusara una persecución política en su contra y señalara que desde el poder se utiliza a las instituciones para intimidar a la oposición, el presidente López Obrador respondió que en su gobierno no se fabrican delitos.
Es un asunto, apuntó el mandatario federal, que corresponde a la Fiscalía del Estado de Campeche, cuyo fiscal, Renato Sales, presentó el martes pasado una solicitud al Congreso para desaforar al diputado y líder priista.
Un día después, el miércoles, los grupos parlamentarios de PAN, PRD y PRI –la llamada alianza Va por México– señalaron que respaldarán en este proceso a Moreno Cárdenas. “Si atacan a uno, atacan a todos”, resumió el coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Rubén Moreira; en tanto que su homólogo panista, Jorge Romero, acusó que desde las fiscalías de los estados gobernados por Morena se ha emprendido una persecución contra opositores.
En Veracruz, mientras tanto, la dirigencia estatal emitió este miércoles un pronunciamiento público a favor de su cuestionado líder nacional. Marlon Ramírez, presidente del CDE, señaló que un nuevo dirigente –que sustituya a “Alito” en la instancia nacional– no sería crítico, sino dócil; “llegaría de rodillas”.
Lo cierto es que la oposición está sumamente disminuida. Meter las manos por “Alito” representará un alto costo tanto para el PRI como para la inminente alianza opositora, por la imagen pública del dirigente, ligada a la corrupción y al saqueo de los recursos de Campeche.
A mediados de junio pasado, en una reunión con el presidente del CEN priista, los ex dirigentes nacionales del partido, Pedro Joaquín Coldwell, Humberto Roque, Dulce María Sauri, Jorge de la Vega, Beatriz Paredes, Carolina Monroy, Roberto Madrazo, Augusto Gómez Villanueva, Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones y César Camacho, exigieron la renuncia de Alejandro Moreno, para evitar un desastre mayor para el tricolor, tras los malos resultados en las elecciones estatales del presente año.
Moreno Cárdenas desestimó esas expresiones y se aferró al cargo, al apuntar que su periodo vencerá hasta agosto de 2023.
En julio, mediante una carta abierta, 15 ex gobernadores priistas respaldaron a los ex dirigentes del partido e insistieron en que Alejandro Moreno debía irse.
Si el panorama se descompone para “Alito” Moreno, si es desaforado y las autoridades ejercen acción penal en su contra, su renuncia no será necesaria; el PRI deberá elegir nuevo dirigente nacional y la alianza opositora tendrá que reiniciar el diálogo para llegar a acuerdos rumbo a 2024. En este proceso habrá damnificados en el partido: algunos dirigentes estatales, por ejemplo, y las posiciones de Moreno Cárdenas que llegaron al Congreso por la vía plurinominal, a pesar de representar muy poco en términos políticos y electorales, como la diputada Lorena Piñón, quien en las elecciones locales de 2017, como candidata priista a la alcaldía de San Rafael, apenas consiguió poco más de mil 500 votos, 10 por ciento del total.
@luisromero85