Ciudad de México.-Desde el inicio de la administración Biden que ha mostrado mayor interés por juzgar en Estados Unidos a diversos delincuentes detenidos en México, el gobierno ha dado fast track a las extradiciones, al reducir de casi tres años a menos de un año el trámite completo.

De acuerdo con expertos como Javier Oliva y Jorge Lara, Estados Unidos cambió su política criminal respecto a los narcotraficantes detenidos en México y pretende lo antes posible obtener información sobre sus operaciones y ofrece condiciones para negociar algunos aspectos que implican un proceso penal, que en México no alcanzan por el sistema de justicia.

Aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha rechazado alguna presión a México para cumplir con las extradiciones pendientes, sí lo ha considerado como parte de la estrategia conjunta contra el crimen en ambos países.

“Cooperamos con extradiciones regularmente (…) hay un fuerte compromiso de ambos países para hacer lo necesario juntos e impulsar el fortalecimiento de la seguridad de nuestras ciudadanías. Las extradiciones son parte de eso”, dijo Blinken en entrevista con MILENIO en octubre de 2021.

Desde la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos, se han acelerado los juicios de presos solicitados en extradición para ser juzgados en ese país pues mientras en 2019, el primero de la actual administración y el penúltimo de Donald Trump, tardaba mil 24 días en desahogar todo el procedimiento, para 2021 ese periodo se redujo a 573 días y en el primer cuatrimestre de 2022 el promedio para ese trámite alcanzó los 303 días, de acuerdo con un informe de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de la República, obtenido por MILENIO.

Por ejemplo, las extradiciones de Jesús Villanueva Díaz y Alonso Campos Zacarías, ambos acusados de distribuir metanfetamina en Oregon y Virginia, duraron 140 y 179 días respectivamente, desde su detención hasta su entrega a las autoridades norteamericanas, realizada el 4 de marzo de este año.

En cambio, para la extradición de José Odilón Ramírez Perales, uno de los principales operadores financieros de Los Zetas —concretada en los primeros días del sexenio de Andrés Manuel López Obrador— tuvieron que pasar más de seis años, desde la su captura el 28 de agosto de 2012, hasta su entrega el 19 de diciembre de 2018.

En 2020, el último año de la administración Trump, se entregó a 61 personas requeridas por la justicia norteamericana. El promedio del proceso de extradición, desde la detención hasta la entrega al gobierno de Estados Unidos, fue de 912 días.

En tanto, en 2021, ya con Biden en la presidencia de Estados Unidos, se concretaron 43 extradiciones y el periodo del cumplimiento de la orden de captura hasta la entrega en territorio estadunidense se redujo a 573 días en promedio.

La tendencia en el 2022 ha ido a la baja. En el primer trimestre de este año, cuando se extraditaron a Estados Unidos 22 personas, dicho promedio bajó hasta 303 días, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República.

Consultado por MILENIO sobre el tema, Javier Oliva, especialista en seguridad nacional, consideró que la reducción en los tiempos de los procesos de extradición obedece a que actualmente hay más presión de Estados Unidos.

“Hay un cambio en la política de cooperación entre México y Estados Unidos. Estos convenios de extradición pues evidentemente tienen que ver con la política de cooperación y colaboración entre los gobiernos en turno. Lo que hay es más presión del gobierno de Estados Unidos, eso es indudable. A mí me parece que hay una clara modificación en la política anticriminal en los Estados Unidos”, expuso.
El profesor e investigador de la UNAM, Javier Oliva, señaló que el propósito de Estados Unidos de tener lo más pronto posible a líderes de grupos de la delincuencia organizada, es acceder a la información de los criminales.

“Hay cabecillas que quizá no son tan mediáticos ni tan visibles, pero que evidentemente aportan información muy importante, respecto a sus estructuras criminales y el funcionamiento de sus empresas delictivas. A las autoridades mexicanas les conviene, porque tener líderes criminales de alta peligrosidad aquí, pues ellos siguen operando como lo está haciendo ahora Caro Quintero, entonces sacarlos del país es verdaderamente neutralizarlos. Eso también a nuestras autoridades les conviene”, resaltó.

Jorge Lara, quien fue subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República de 2009 a 2011, dijo que la reducción en el periodo de extradición podría deberse a diversos factores, como las ventajas que actualmente ofrece Estados Unidos a los criminales.

“Uno, seguridad personal. Muchas veces estas personas tienen acá en México amenazas, viven en contextos de violencia, y muchas veces eso ya les implica quizás un aliciente el estar con la seguridad salvaguardada. Dos, muy importante, la capacidad proactiva que tienen las autoridades de Estados Unidos, para negociar condiciones favorables en cuanto a los procesos, que tienen que ver con recursos, protección personal y a la familia, disminución de sanciones o acuerdos de colaboración, que aquí en México no se han madurado”, detalló.

Lara Rivera agregó que la reducción de tiempos también puede ser porque la Fiscalía General de la República, actualmente tiene menos procesos de extradición en curso.

“Ha habido un descenso muy sensible en los casos de solicitud de extradición, derivado de la baja cumplimentación de la Guardia Nacional de las órdenes de detención”, argumentó.

El ex funcionario de la PGR precisó que el marco jurídico y el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no ha sido modificado, por lo que las autoridades mexicanas no tienen la posibilidad de acelerar estos procesos, a excepción del último tramo que le corresponde a la cancillería.

“Probablemente ahí las determinaciones discrecionales o la gestión política y burocrática de la cancillería en algún tramo, específicamente al final, sí pueda estar reduciendo los tiempos”, precisó

Principales extradiciones en el sexenio de AMLO

De diciembre de 2018 a marzo de este año, durante los primeros 40 meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México ha entregado en extradición a Estados Unidos a 184 presuntos delincuentes, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre éstos destacan Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, e Ismael Zambada Imperial, alias “Mayito Gordo”, primogénito de Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Además, Gustavo Rivera Martínez, alias “El P1”, quien fuera hombre de confianza de los hermanos Arellano Félix y encargado de las finanzas de la organización, así como José Odilón Ramírez, acusado de recibir y lavar millones de dólares del cártel de Los Zetas.

También el narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío” quien fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser el dueño de diversos negocios para lavar dinero, y que en su momento involucraron al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez.

Milenio

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