Prefacio.

El gobernador del estado presume que tiene “bajo control” a la delincuencia organizada en el municipio de Sayula de Alemán, pero aclara que no mantiene comunicación con la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, porque “no hay necesidad”. *** ¿De verdad no es necesario intercambiar información con la más alta autoridad del municipio? ¿De verdad no tiene nada qué aportar una alcaldesa que denunció públicamente, a nivel nacional, que su gobierno había sido tomado por asalto por el crimen organizado?*** Queda claro que hay una actitud de rechazo, por parte del gobierno estatal, a la gestión que realiza la presidenta municipal. *** Lo grave del asunto, es que la propia administración estatal admite que los conflictos en ese municipio tienen su origen en una disputa entre dos bandas de la delincuencia organizada. *** ¿Será, entonces, que el estado ya tomó partido?

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En diciembre de 1982, a unos días de haber asumido el caro, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado envió una iniciativa para hacer una serie de reformas con las que pretendía conseguir la llamada “renovación moral del país”.

“Para prevenir y sancionar con efectividad la corrupción no bastan leyes idóneas. Además, son necesarios una voluntad política y una administración eficaz”, se advertía en la exposición de motivos.

Fue en esa misma administración en la que se advirtió: “la ineficacia es otra forma de corrupción”.

El tema viene a cuento porque en fechas recientes se han dado expresiones que parecieran revivir aquellos tiempos.

El propio gobernador Cuitláhuac García ha insistido en que una práctica común en la Fiscalía de Veracruz, cuando la encabezaba Jorge Winckler, era “dejar en el archivo” expedientes que pudieran afectar a personajes identificados con el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares.

Apenas esta semana, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) denunció que habían detectado al menos tres casos en que exauditores de ese organismo habrían actuado de forma irregular durante el periodo de su antecesor, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Era práctica común, que los auditores “vendieran” el resultado de las auditorías a los ayuntamientos, con la complicidad de funcionarios del Orfis.

Casualmente uno de los extitulares del Orfis –y después secretario de Finanzas- Mauricio Audirac Murillo, acaba de libar una sentencia que lo obligaba a pagar cerca de 20 millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría desviado del Sector Salud.

Sin embargo, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableció que no podía entrar al estudio sobre si el exfuncionario habría actuado de manera irregular o no, pues la notificación de la sanción fue hecha de manera extemporánea.

De manera unánime, los magistrados declararon la nulidad de la resolución de la ASF, dado que las conductas irregulares cometidas por Mauricio Audirac prescribían al cumplirse cinco años a partir de su realización.

Esto, por supuesto, hace evidente que “alguien” cometió el “error” de no proceder en tiempo y forma contra el servidor público.

Y este jueves nos enteramos, con alarma, de otro caso de ineficacia, que bien pudiera ser revisado bajo la lupa de la corrupción:

Eliel, señalado, detenido e imputado como presunto homicida de la profesora jubilada y promotora cultural Guadalupe Mora, fue puesto en libertad, tras cumplir un año y 4 meses con prisión preventiva.

La familia de la víctima asegura que el acusado de feminicidio salió de prisión debido a fallas de la Fiscalía General del Estado.

Los hijos de la víctima lamentaron, además, que este jueves la fiscal general, Verónica Hernández, no los haya querido, recibir sin importar que está en duda la supuesta política de “cero impunidad” que presumen en medios.

“En estos años hemos sido testigos de que la ineptitud característica de los trabajadores en los Ministerios Públicos y en las Fiscalías es la principal cómplice de la corrupción y de la falta de estado de derecho y pues el día de hoy venimos a atestiguar que es una realidad que no ha habido ningún cambio. Si ha habido un cambio es para peor; se había logrado lo más difícil que fue integrar una carpeta a pesar de los errores, las omisiones, las torpezas con la que se integró en un principio, a pesar de las acusaciones cabales que hay ya sobre el presunto implicado, bueno pues por minucias, torpezas de la propia Fiscalía, hace mal dos gestiones, pues por eso liberan a un presunto homicida”.

¿Ineficacia, corrupción, o ambas?

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Epílogo.

Son de esas estadísticas que no quisiéramos presentar, pero –por dolorosas- es necesario que se sepan. *** Veracruz se ubicó entre los cinco estados que registraron más agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el primer semestre del 2022. *** Un informe de la organización Artículo 19 menciona que la Ciudad de México registró 49 agresiones contra la libertad de expresión en el periodo referido; Yucatán (30), Michoacán (30), Tamaulipas (21), Chiapas (20), Guerrero (17) y Veracruz (17). *** Ese mismo informe señala que es el propio Estado mexicano es el principal agresor de periodistas y medios de comunicación, ya que se documentaron 128 casos en el primer semestre del 2022: funcionarios públicos (75), fuerzas de seguridad civiles (45) y fuerzas armadas (8). *** Y otra cifra lamentable para Veracruz: esta entidad se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas desaparecidas. *** Luis Sánchez, investigador de Causa en Común, informó que Jalisco se encuentra en el primer lugar, Tamaulipas en segundo lugar, mientras que en Veracruz se encuentra en la tercera posición. *** En las últimas 24 horas, México reportó 9 mil 319 contagios y 76 muertes por Covid-19. De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud, al corte de este jueves 18 de agosto, México acumula 6 millones 958 mil 972 casos positivos y 328 mil 947 defunciones a causa del virus. *** Hasta este jueves se tienen detectados 61 mil 14 casos activos de Covid-19, mismos que se encuentran de manera predominante en las siguientes entidades: Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Colima. *** Sobre los casos confirmados acumulados por estado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65 por ciento.

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