De persistir la práctica de contratar deuda a corto plazo cada fin de año, en 2024, cuando cerrará la administración de Cuitláhuac García Jiménez, se enfrentarán serios problemas para cumplir con los compromisos de pago, la Sefiplan se vería obligada a usar dinero de otros fondos para cerrar el ejercicio fiscal.

El diputado federal del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla recomendó a los funcionarios de la Sefiplan, que encabeza José Luis Lima Franco, a empezar a planear una estrategia económica, pues de lo contrario se verán obligados a prender la licuadora.

En la administración pública se llama licuadora a la práctica de concentrar los fondos federales, que por lo regular están etiquetados, en una sola cuenta para pagar todos los compromisos financieros pendientes, lo que es ilegal.

El priista comentó que, si bien la deuda bancaria a largo plazo -que calculó en 47 mil millones de pesos- es manejable para las finanzas del estado, el pedir constantes créditos en diciembre debe prender la alerta de la Sefiplan, “no sería ocioso dedicarle tiempo y atención”.

Datos de la Secretaría de Finanzas reportan que en el año 2018, se pidieron créditos por 2 mil 500 millones; para el 2019, el monto bajó a 2 mil 400 millones; para el 2020, el préstamo fue de mil 800 millones; y el año pasado, 2021, fue de mil 600 millones.

De esos créditos, el Registro Único de Deuda, reporta mil 200 millones de pesos pendientes de pago, que se deben liquidar antes del 31 de diciembre de este año.

El legislador federal, recordó que la razón por la que se piden esos créditos se debe a que existe un déficit presupuestal, es decir, se recibe menos de lo que se gasta y es lo que obliga a pedir prestado a la banca privada.

Para poder resolver esa situación, sólo se tiene como opciones el aumentar la recaudación fiscal, presionando a los contribuyentes con el pago de impuestos, o amarrar el gasto público, que sería gastar menos dinero ya sea en obras o acciones.

“Yo pondría mi atención en los endeudamientos de corto plazo, esos que pasan sin que el Congreso tenga quapoyarlos, y que al final del día se convierten en recursos de libre disposición para utilizarse en lo que la urgencia amerite”, alertó.

Comentó que en tanto se tenga tiempo para ir pagando los créditos, los primeros cinco años de la administración estatal, se puede resolver los problemas financieros, sin embargo, en el último año -cuando la administración cierra en noviembre, se podría vivir una situación similar a la que se vivió con Javier Duarte que no había dinero para pagar a pensionados, jubilados y la burocracia.

La ley de disciplina financiera establece que en el sexto año de la administración de los gobernadores no pueden contratar créditos y debe liquidar los que deben a más tardar en septiembre.

AVC

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