Desde el Poder Legislativo se pidió investigar la asignación de contratos y compras del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ante el riesgo de que se esté contratando a empresas fantasmas para desviar fondos públicos.

A nombre del diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, la secretaria de la Mesa Directiva, Ilya Ortiz presentó la propuesta que tiene por objetivo la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el caso.

En la exposición que llevó al anteproyecto de punto de acuerdo, se exhibe que empresas que fueron contratadas por el Poder Judicial tiene domicilios fiscales en estacionamientos, vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones.

A dichas empresas se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, lo que genera opacidad y a sobreprecio.

“Existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad superior a los 6 millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la Ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería”, se denunció.

Además, el contrato esta persona física, inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la otorgada. La dueña, sólo tenía 23 años.

Se gastaron 14 millones y medio de pesos para sanitizar diversas instalaciones del Poder Judicial, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar dicho servicio.

Por lo anterior se pidió al Sistema de Administración Tributaria para que se investigue si el listado de contribuyentes que han prestado servicios o comercializado insumos al Poder Judicial del Estado de Veracruz han emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar dichos bienes, o si bien no se localizan, presumiendo la inexistencia de las operaciones, es decir, que corroboren si han simulado operaciones o son empresas fantasma.

Además, de aprobarse el acuerdo, se pediría a la Unidad de Inteligencia Financiera para que analice las operaciones financieras y económicas y evolución patrimonial de los proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

También se pediría al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en uso de sus atribuciones, lleve a cabo una auditoría integral que incluya un informe técnico, financiero, de legalidad y desempeño de los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz del año 2019 a la fecha y de los recursos extraordinarios que hayan recibido

Además, se evalúen los resultados del Plan de eficiencia de recursos y austeridad del Poder Judicial implementado en el ejercicio fiscal 2021, se analice la justificación de la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos para aliviar la supuesta crisis financiera que terminó resolviéndose extraordinariamente con 200 millones que se otorgaron durante el pasado ejercicio fiscal.

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TEXTO Y CONTEXTO | A la buena entendedora… no alcanza para 500 millones