La decisión, aplica a este caso y no abre la posibilidad a otros, sumó los cuatro votos a favor necesarios para otorgar ese derecho a la psicóloga Ana Estrada, de 45 años.
Por primera vez en la historia de Perú, la Corte Suprema de Justicia autorizó este jueves una eutanasia para la psicóloga Ana Estrada, quien padece una enfermedad incurable. Esto confirma una orden de primera instancia que permitirá a la peruana quitarse la vida cuando lo desee.
La resolución del juez supremo Augusto Ruidíaz, fue confirmada a la agencia AP por una fuente del Poder Judicial que pidió no ser identificada por no tener autorización para hablar públicamente sobre el tema. La decisión sumó los cuatro votos a favor necesarios para otorgar ese derecho a Estrada, de 45 años. Otros dos jueces supremos ya habían votado en contra. Ruidíaz realizó una sesión en junio para decidir su voto.
El derecho a una muerte en condiciones de dignidad otorgado a Estrada fue impulsado por una demanda de amparo realizada por la Defensoría del Pueblo en representación de la psicóloga. La Defensoría indicó en un comunicado oficial que fue notificada de la decisión por la Corte Suprema.
La autorización no abre la posibilidad de más eutanasias, solamente se aplicará a Estrada. “Es una sentencia realmente trascendente porque reconoce el derecho a decidir en la parte final de su vida, terminar con el sufrimiento, terminar con una condición que eventualmente ella puede considerar que no es digna de ser vivida”, manifestó a la televisión pública Walter Gutiérrez, abogado de Estrada.
“El Estado había expropiado, no solo a Ana, sino a los ciudadanos en general ese derecho, porque es posible que tengamos eventualmente una enfermedad que nos deteriore, que nos haga sufrir y que nos haga irresistible nuestra existencia, entonces se trata de un derecho fundamental porque se reconoce el derecho a la libertad, se reconoce el derecho a la dignidad y se reconoce el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos”, añadió Gutiérrez.
En junio la psicóloga peruana participó en la sesión del juez Ruidíaz desde su cama clínica dentro de su pequeño dormitorio al que ella califica de una especie de “unidad de cuidados intensivos”. Explicó que valoraba la vida y no estaba pidiendo morir de inmediato, sino tomar el control de su voluntad, de su autonomía y de sus decisiones.
Dijo que su proceso de deterioro no se puede cambiar, pero sí el “epílogo” de su vida si le dejan decidir. “Quiero la facultad de acceder al procedimiento de eutanasia cuando ya no pueda seguir sufriendo en vida y quiera despedirme de mis seres queridos en tranquilidad y en paz”, indicó.
En aquella oportunidad, Estrada relató al juez que desde hace varios años está asistida por una enfermera y “postrada en una cama, conectada a un ventilador” para respirar a través de un orificio en la tráquea en un procedimiento cada vez más “difícil y agotador”. Con el cabello corto y lentes de medida, le agradeció al juez por permitirle participar en la audiencia y añadió, “espero, con todo respeto, que sea la última, lo que significaría que he conquistado mi derecho a decidir sobre mi vida”.
Estrada sufre desde hace más de 30 años una enfermedad incurable llamada polimiositis que ha paralizado casi todos sus músculos. Pese a ello estudió y ejerció su profesión hasta que hace cinco años el deterioro la obligó a estar en cama al comprometer sus músculos respiratorios.
En su departamento ubicado en un barrio de clase media de Lima, Estrada escribe un blog titulado “Ana por una muerte digna” donde cuenta las razones que la han llevado a tomar esa decisión. En 2019 escribió “la muerte digna en el Perú es ilegal, vivo en un Estado que me quita la libertad, y una vida sin libertad no es vida porque mi cuerpo le pertenece a este Estado”. En 2020 apoyada por la Defensoría del Pueblo, ella presentó una acción de amparo para poder morir con dignidad cuando lo desee.
La justicia también ordenó en su sentencia de primera instancia que las autoridades médicas deben elaborar un protocolo de procedimiento para la eutanasia de Estrada.
La eutanasia en Perú no está permitida y se castiga con hasta tres años de cárcel a quien ayude a morir a otro que lo solicite.
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