Jorge solicitó en 2004 un crédito a la empresa autofin, su sueño era completar el crédito para obtener su casa propia en Coatepec. Diez años después la deuda se elevó diez veces más y ahora la empresa le reclama 2.3 millones de pesos, la mayor parte son intereses , pero también reclama la propiedad de la vivienda.
Lo más grave es que el caso llegó hasta el juez federal y la suprema corte de justicia de la nación donde los ministros sentenciaron el caso bajo una jurisprudencia que beneficia a la empresa y deja en el desamparo los usuarios, teniendo como marco una ley de comercio obsoleta que data de los tiempos del Porfiriato en 1980.
En entrevista Jorge recuerda que alcanzó a pagar parte del crédito por 260 mil pesos que pidió, pero luego el negocio que la familia se fue a pique por un asalto y el robo de un auto “ Las cosas empezaron a ir mal y no tuvimos para continuar lo pagos, la empresa tampoco fue clara sobre los términos del contrato”
Al paso del tiempo, el departamento jurídico de la empresa le reclamó cantidades millonarias y el argumento era que debía pagar el .7 anual de actualización de deuda equivalente a 1.3 millones de pesos a 2021 y el 2.8% de intereses moratorio por más de 686 mil pesos , más el capital del préstamo completo, los 260 mil pesos.
Ante el riesgo de perder su vivienda y su único patrimonio se acercó al Barzón donde fue asesorado por la abogada Teresa Carbajal quien ahora encabeza la defensa jurídica y dice que se han enfrentado a la indiferencia y la complicidad de las autoridades.
En 2014 un juez realizó una sentencia definitiva y para 2017 la empresa notificó que en 2018 debía desalojar la casa“ Nosotros ni por enterados, solo porque insistimos para conocer el tema, los jueces ratificaron la sentencia sin hacer ningún tipo de análisis, es una inoperancia del sistema judicial, es una situación de usura”, dice Jorge.
Cuestionada sobre el tema, Carvajal dice que autofin no es una entidad financiera por lo que no está regulada por el Banco de México “ Es una SA de CV, y por eso hay una falta de regulación aunado al hecho de que la tasa de interés tiene una trampa porque el .7 lo manejan como tasa de actualización y no como interés”.
La abogada alertó que México está por convertirse en un paraíso de agiotistas porque no hay leyes vigentes de comercio y los legisladores tampoco han puesto atención para actualizarla, mientras que los jueces dan la razón a las empresas.
¿ Qué sucede? Carvajal lo explica “ Ante la falta de una actualización, se ha tenido que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que interprete o trate de dar armonización a los usuarios a los consumidores, y entonces la corte ha emitido criterios que son regresivos, contrarios al espíritu de protección a los consumidores.
Explicó que la tesis de jurisprudencia con la que juzgaron a Jorge va incluso en contra de los tratados internacionales, como el de Viena donde México se compromete a acabar con prácticas usureras.
“El caso de jorge es muy ilustrativo porque en 2017 hubo un viraje y aunque se regula la usura, cuando ya hubo sentencia aún cuando sea usurera se tiene que ejecutar y atan de manos a los jueces para revisar esas sentencias irracionales y en 2019 el pleno de los jueces de distrito denuncian a la primera sala la SCJN que esa sentencia podría ser sustituida porque estaba siendo agraviante, hacen la propuesta pero de los cinco ministros, votaron tres en favor de quitarla y dos no, entonces no pasó”, explicó.
A lo largo de los años, Jorge se ha vuelto experto en leyes y derechos como deudor y ahora dice que resistirá jurídicamente para pagar lo que corresponda, pero no permitirá más abusos.
Mientras que Carbajal alertó: “ Lo que está haciendo la corte con estas jurisprudencias es poner de rodillas a los deudores , hemos tenido acercamientos con la empresa y su estrategia es dejar crecer la deuda, es una conducta criminal y perversa que se deja pasar a través de las leyes”.
AVC