Prefacio.
En lo que resultó una desafortunada semana para el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por la resolución de un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, de poner en libertad a José Manuel del Río Virgen, pocos, muy pocos fueron los que levantaron la voz para respaldarlo. *** Como si entendieran que el respaldo del presidente López Obrador era suficiente y no fueran necesarias voces en Veracruz para salir a defenderlo, los actores políticos y servidores públicos que le deben su cargo al mandatario estatal, guardaron silencio. *** Uno solo fue el que reivindicó su lealtad y compromiso político con el gobernador: Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local y, por lo tanto, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). *** El oriundo de Hueyapan de Ocampo afirmó que Cuitláhuac García ha combatido con integridad moral y ética la corrupción y el abuso del poder en contra del pueblo: “su administración es ejemplo de un gobierno comprometido con el bienestar, el progreso y la justicia”, aseguró. *** En estos casi cuatro años de gobierno –dijo Gómez Cazarín- se ha limpiado la casa, se ha puesto orden en las finanzas públicas, se han subsanado los quebrantos provocados por pasados gobiernos y, sobre todo, se ha evitado caer en el abuso de poder en contra de la ciudadanía. *** “No es extraño que en repetidas ocasiones desde La Mañanera el presidente López Obrador reconozca lo que se viene realizando en Veracruz, desde el cambio del titular de la Fiscalía General del Estado, hasta la honradez con que se maneja Cuitláhuac García en lo personal. No es un político que se haya enriquecido a costa del pueblo, a costa del cargo; sus ingresos por la encomienda que le dieron son de los más bajos en el país”. *** Podremos estar, o no, de acuerdo con lo dicho por el legislador, pero lo cierto es que llamo la atención que nadie más saliera a dar la cara por su jefe político en la entidad.
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Gran parte de la lucha de los colectivos de búsqueda, por encontrar a sus familiares desaparecidos, se da con las autoridades, que los dejan solos en esa ardua y peligrosa tarea de localizar zonas que han sido escogidas por la delincuencia organizada como tiraderos de cadáveres.
Las investigaciones, las entrevistas con gente que conoce de esos temas, corren siempre a cargo de los colectivos de búsqueda que, una vez que consiguen la información, se la entregan a las Fiscalías para que hagan su trabajo.
Y no sucede así. Los informes que con tanto riesgo recopilan los colectivos, terminan arrumbados en una caja de archivo muerto.
Es por ello que los mismos familiares se organizan para acudir hasta los sitios señalados y buscar personalmente los cuerpos que –les aseguraron- ahí habían sido sepultados.
¡Ah! Pero si esas mujeres, esos ancianos que andan en busca de sus familiares llegan a encontrar restos humanos, entonces sí se aparece la autoridad y les ordena que se retiren, que “lo que sigue les toca a ellos”.
Eso fue lo que sucedió en el predio La Posta, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo.
Luego de que Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos lograron encontrar una osamenta en ese sitio el pasado lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió bloquearles el acceso este martes para continuar los trabajos.
Los integrantes de esa agrupación denunciaron que incluso los amenazaron con iniciarles una carpeta de investigación en caso de que insistan en continuar con sus labores de búsqueda y pasan sobre las cintas amarillas que dejaron colocadas.
La señora Yolanda Alegría, de la Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz afirmó que el plan era trabajar en el predio durante una semana, para lo cual ya contaban con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y consiguieron el hallazgo de un punto positivo.
“No nos permiten pasar, lo que queremos es que nos diga la Fiscalía el motivo, por escrito, cuál es la razón por la cual no nos permiten acceder al predio; estamos pensando que ya son otros intereses los que los están moviendo”.
Lo que cambió la actitud de los representantes de la FGE, dijo, fue el hallazgo de una osamenta.
“Estamos muy molestos, porque en la mañana cuando vinieron ellos no nos dijeron ‘dejen de trabajar’, nos dejaron trabajar; la cosa fue, el problema fue, cuando encontramos el positivo, ese fue el problema, que no les pareció”.
¿Qué es lo que sucede?
Que los dejan hacer el trabajo que en estricto rigor le correspondería a la Fiscalía, y cuando encuentran un sitio con restos humanos, los hacen a un lado para “ponerse la medalla”.
Esa es la estrategia de nuestra “eficiente Fiscalía”.
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Epílogo.
Fernando Charleston Hernández nunca se preparó para enfrentar a la justicia por su desempeño en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Tanto lo sorprendió su inclusión en las carpetas de investigación por los desvíos de recursos durante la administración de Javier Duarte, que durante una prolongada audiencia sufrió un desvanecimiento. *** Este martes un Tribunal Unitario le atribuyó a Fernando Charleston la autoría intelectual en un delito de peculado. *** La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) determinó la responsabilidad de Fernando Charleston con el desvío de recursos de origen federal etiquetados para la seguridad pública. *** Señalan al extitular de Sefiplan de haber tenido conocimiento y haber autorizado desvíos de recursos de una cuenta del Gobierno de Veracruz a una concentradora, en esa práctica que se conoció como “la licuadora”. *** La indagatoria de la FGR apunta que Fernando Charleston acordó desviar y evitar los registros en papel y para desaparecer el rastro del dinero y al mismo tiempo, autorizó el uso de recursos federales para el gasto corriente del gobierno. *** En las últimas 24 horas, México registró 13 mil 752 contagios y 41 muertes por Covid-19. *** De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud, al corte de este martes 21 de junio, el país acumula 5 millones 891 mil 589 casos positivos y 325 mil 458 defunciones por Covid-19. *** En el acumulado de casos Covid-19 desde el inicio de la pandemia, las entidades que más casos han reportado desde marzo de 2020 son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.
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