En caso de corroborar que los restos encontrados en Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, corresponden a Viridiana Moreno, reportada como no localizada el 18 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE) estaría obligada a variar la investigación como un caso de desaparición forzada, luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró que la joven estaba en resguardo.
El abogado Celestino Espinoza Rivera mencionó que la “simple” declaración del mandatario estatal podría dar un giro a la investigación del caso de la joven desaparecida el 18 de mayo en Cardel, municipio de La Antigua.
El viernes 20 de mayo el mandatario fue cuestionado por la desaparición de la joven de 31 años que habría asistido a una cita de trabajo y de la que se desconocía su paradero, García Jiménez afirmó que la joven estaba en resguardo y que no podría aportar más datos. Su dicho se interpretó que Viridiana Moreno estaba en alguna institución del Estado.
En ese sentido, el abogado comentó que lo desafortunado de lo dicho por García Jiménez es que no sabía del caso de Viridiana Moreno y sólo contestó por contestar, “lo que indica que no le interesa el tema de las víctimas”.
Sin embargo, la otra visión de su declaración es que sabe lo que sucedió en el caso y el gobierno del estado tiene responsabilidad, ya sea por acción o por omisión. Por acción es que sabe que fuerzas del Estado participaron en la desaparición; y por omisión, que ha dejado que esa práctica prevalezca.
“Con esa simple declaración o con esas declaración que podrían parecer simples, la investigación por la no localización de Viridiana debería convertirse en una investigación por desaparición forzada”.
Cuando el gobernador aseguró que está bajo resguardo implica que conoce su paradero; y el hecho de que aparecieron restos en la zona de playas solo genera incertidumbre y genera dudas si funcionarios del estado participaron en su desaparición.
El tema, dijo, podría alcanzar al gobernador García Jiménez que aunque tiene fuero, se le podría llevar a un juicio político en el Congreso del Estado.
AVC/Isabel Ortega