Que “se vayan al carajo” aquéllos que critican su intención de contratar a 500 médicos cubanos para que trabajen en el país, vociferó este sábado en Sonora el Presidente López Obrador.

Su insulto es consecuencia de la frustración y enojo que le causan la reacción de los médicos mexicanos, además de la urgente necesidad de controlar la crisis por la difusión del criminal desperdicio de medicinas oncológicas en las bodegas del sector salud en Veracruz y Tabasco, y la súbita prosperidad de las familias de su entorno más cercano, gracias al saqueo y tráfico de influencias que se registra en Pemex.

Pero ocupémonos del problema y no del distractor. Que las bodegas estén llenas y los hospitales vacíos de medicamentos –buena parte de ellos a punto de caducar- para la atención de niños con cáncer y el tratamiento de otros padecimientos graves en población abierta, es absolutamente un crimen que debe castigarse.

No se trata de señalamientos de los medios, de los conservadores y ni de los adversarios del Presidente. Se trata de información difundida por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), resultado de sus propias inspecciones en la logística de distribución de los medicamentos en todo el país.

Según el gobierno de López Obrador, las administraciones morenistas de Veracruz y Tabasco dejaron caducar miles de cajas de medicinas para atender diversas enfermedades, como cáncer, diabetes y VIH, mientras padres de familias y colectivos continúan en las calles exigiendo el abasto en los hospitales públicos.

En el caso de Veracruz, Sandra Paola Arellano Cruz, subdirectora de Planeación de Suministro de Medicamentos y Material de Curación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), denunció que se realizaron 2 visitas de inspección que autoridades federales de salud al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz y al almacén de SESVER en Xalapa.

¿Qué encontraron? Que la bodega de la Secretaría se encuentra rebasada y con ¡¡884 mil 822 piezas!! de medicamentos oncológicos y de alto costo con caducidad menor a nueve meses, mientras en los hospitales reportan desabasto de claves.

Como respuesta, el gobierno de Veracruz aseguró que se trata de información falsa y malintencionada; que el abasto está garantizado; y celebró la coordinación con el Insabi, organismo que denunció los hechos. No es más que un acto cínico y perverso.

La cabeza del Secretario de Salud –la que debió rodar hace meses debido a su incompetencia- no servirá para devolver la salud –y en muchos casos la vida- a los pacientes afectados por la criminal ignorancia y corrupción de las autoridades.

A diferencia de Veracruz, en Tabasco sí aceptaron los hechos. La secretaria de Salud, Silvia Roldán, reconoció que las autoridades tienen alrededor de 100 mil cajas con medicamentos que ya caducaron y –hágame usted el favor- intentó justificar que no pudieron ser distribuidas a tiempo porque la pandemia de COVID-19 afectó las tareas de reparto.

En todo caso, podríamos estar ante una abominable decisión política: provocar intencionalmente una crisis de medicamentos –aun cuando las bodegas estuvieran a reventar- para culpar a las farmacéuticas; y, al mismo tiempo, acusar de ‘golpistas’ a pacientes y padres de familias que protestan por el desabasto mientras las medicinas de echan a perder en sus bodegas.

Eso es lo que tiene tan molesto al Presidente: la realidad. En el caso de la contratación de los médicos cubanos pasa lo mismo.

Mandar “al carajo” a quienes se oponen a esta iniciativa es mandar al carajo a la propia Constitución y las leyes, a miles de médicos que buscan cursar una especialidad u obtener una plaza y a quienes sufrieron la pérdida de cientos de miles de personas a causa del peor manejo de la pandemia.

Tal vez nadie de sus cercanos se lo dijo al Presidente. El Art. 32 de la Constitución Política, obliga que “los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano”.

Además, la Ley General de Profesiones establece que para ejercer la medicina se debe tener un título profesional y una cédula que avale sus estudios; por ello, los médicos que vendrán al país tendrían que realizar una serie de acciones de carácter jurídico-administrativas para poder ejercer la profesión. ¡Pero eso qué importa!

La puntita

Confundir y aprehender a un joven trabajador repartidor de alimentos con un asesino de periodistas y asegurar que la desaparición de una joven es falsa porque se encuentra “resguardada” quien sabe por quién y en dónde, no es más que la tragedia de la inseguridad y la justicia en Veracruz. Tienen razón: ¡Váyanse al carajo!

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