Prefacio.
Este miércoles fue visto en el Palacio Municipal de Xalapa el sacerdote diocesano y director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes. *** Aunque de manera oficial nadie dio una explicación de su presencia ahí, no era necesario romperse la cabeza para adivinar: dialogar con las autoridades del municipio, para “entender” la postura del Director del DIF municipal, Alejandro del Ángel Aguilar, quien anunció que cuando entre en funcionamiento el Módulo Integral de Atención a las Mujeres, la institución a su cargo estaría en posibilidades de realizar abortos. *** “Hasta donde las posibilidades de este módulo lo permitan, también podremos proporcionar una atención en ese servicio”, afirmó. *** La postura del funcionario municipal ya fue cuestionada por el vocero de la Iglesia Católica en las redes sociales: “Muy lamentable lo declarado recientemente por el director del DIF municipal de @AytoXalapa, en lugar de ofrecer alternativas de vida a las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad, como esperaríamos de esa institución, su salida es que la mujer asesine a su hijo”. *** El Padre Suazo Reyes tiene una buena relación con el alcalde Ricardo Ahued y ha comentado con algunas personas que él supone (y espera) que la postura del director del DIF municipal haya sido a título personal, pues de lo contrario, estaría constatando que el alcalde terminó cediendo a la postura criminal que han manifestado los representantes de la 4T. *** Muy pronto conoceremos hasta dónde es capaz de llegar el presidente municipal para satisfacer las exigencias del partido al que ahora está afiliado.
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En este mismo espacio se había anticipado: el burdo entramado para “ratificar” a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, tendría consecuencias de carácter jurídico.
Este jueves será presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz, una denuncia penal en contra de la titular del Poder Judicial del Estado (PJE), por la presunta comisión de los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Abuso de Autoridad.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia cumplió el mes pasado los 70 años de edad, edad que la obliga –así está establecido en la Constitución- a tomar el retiro. Ella, sin embargo, gestionó ante el Congreso local que le otorgaran una “dispensa” para hacer caso omiso de ese requisito y permanecer en el cargo.
La misma Constitución de Veracruz establece en el artículo 58, que “en ningún caso podrá dispensarse el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados” para ocupar el cargo de magistrado, uno de los cuales es tener, cuando menos, 35 años de edad cumplidos y no más de 70 años.
El doctor Tomás Mundo Arriasa, especialista en el nuevo sistema penal acusatorio y uno de los juristas más actualizados en la materia, será quien presente, en carácter personal, la denuncia este jueves, pues advierte que es una obligación que tiene como ciudadano, apegado a lo que establece el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (“toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía”).
Mundo Arriasa cuestiona los argumentos de Poder Legislativo para otorgarle la dispensa a la magistrada:
“La fundamentan en el numeral 33 fracción XXXVI (“conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública”). De suyo es inaplicable tal dispensa, pues la Carta Magna en su numeral 95 es tajante al establecer los requisitos para ser magistrado. Pero más aún: ¿cuál sería la supuesta causa de utilidad pública para la justicia veracruzana y los justiciables? Cuando Veracruz -según informe 2021 del World Justice Proyect- se ubica en el lugar 32 -de 32 estados- en impartición de justicia penal en el país, es decir, es el último, el peor, para impartir justicia penal”.
El abogado señala que la magistrada Isabel Inés Romero ha violentado el principio de presunción de inocencia de los justiciables veracruzanos, pues ha dado indicaciones para que, arbitrariamente, se mantenga a poco más del 48% de la población carcelaria, por delitos que no ameritan prisión.
“Puedo presumir que ella recibe indicaciones para mantener en prisión a quienes le ordenan terceras personas, ajenas al Poder Judicial; es decir, probaremos a través de la psicología del testimonio que no es autónoma, que no se rige por los principios de legalidad tal y como se lo mandata la propia Constitucional estatal”.
Por cuanto a su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, el abogado requiere a la Fiscalía Anticorrupción para que le gire oficio a la propia Presidencia del Tribunal Superior de Justicia con la finalidad que informe cuántas personas privadas de su libertad por el delito de ultrajes a la autoridad tienen registradas, “pese a que es un hecho notorio que ese delito ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a cuántas personas les iniciaron nuevos delitos una vez que ya estaban privados de su libertad por el delito de ultrajes a la autoridad. Todo ello, para demostrar vía razonamiento probatorio, que ella no decide en el Tribunal Superior”.
Para sustentar su denuncia, el abogado ofrece aportar pruebas científicas, que están contempladas en el Manual de la Prueba Pericial recientemente emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Plantea Tomás Mundo recurrir a la neuropsicología forense, “para determinar la capacidad que tiene la Presidenta del Tribunal en la toma de decisiones en contexto sociales, su capacidad de cognición social así como su integridad cognitiva sin alteraciones de la memoria, atención, planeación, flexibilidad cognitiva y valoración del riesgo-beneficio en situaciones sociales”.
Se plantea, además, una prueba de psiquiatría forense, “para descartar probable sintomatología de demencia”, y de psicología del testimonio, “cuya finalidad es analizar si la denunciada tiene dificultades para seguir el hilo de una conversación y detectar indicios de deficiencias cognitivas”.
La Fiscalía Anticorrupción tendrá que hacer valer sus atribuciones para allegarse de todas estas pruebas, con las que el abogado Tomás Mundo asegura que probará que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia ha cometido delitos que la inhabilitan para ejercer el cargo que hoy ostenta.
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Epílogo.
Les ganó la ambición. Recibieron el informe de los ingresos que generaba el Acuario de Veracruz (uno de los más importantes atractivos en el puerto jarocho) y a los funcionarios del gobierno estatal les sorprendió que ni un solo centavo de esos ingresos fuera a parar a sus bolsillos. *** El Acuario de Veracruz fue creado durante la administración de Dante Delgado Rannauro y durante más de tres décadas funcionó con gran eficacia, administrado por un patronato del que el gobierno estatal forma parte, pero la mayoría son representantes del sector privado. *** Ningún gobernador se atrevió a atentar contra ese atractivo turístico de orden internacional (y ¡vaya que pasaron truhanes por Palacio de Gobierno!), hasta que los más altos funcionarios de la 4T hicieron números y les brotó la codicia. *** El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, denunció que el gobierno de Morena “todos los días quiere vender cortinas de humo ante los problemas en el país y en Veracruz; temas como la reforma electoral o la reforma eléctrica son distractores”. *** Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, acusó que este gobierno ha implementado como nunca en los últimos 40 años, “un ataque brutal y sistemático contra los medios de comunicación, las instituciones, los organismos autónomos, y contra todos quienes piensan distinto, y se utiliza de manera ilegal, a las instituciones del Estado mexicano, para perseguir e intimidar a las voces de la oposición, mientras callan cuando los escándalos son en casa”.
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