Este lunes, al encabezar el Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado mexicano a enfrentar “la gravísima situación de violencia contra las mujeres que se vive en el país sin distinción de partidos o gobierno”.

El funcionario advirtió que “no pueden seguir desapareciendo nueve mujeres al día”, detallando que “uno de cada cuatro desaparecidos en el país es mujer” y “que la mayor parte son menores de edad entre 12 y 19 años, pero hay una desaparición muy significativa de niñas”.

“Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional; más allá de que podamos tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia e inseguridad en el país, este fenómeno nos exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las de los estados y al Poder Judicial trabajar de manera conjunta”, expuso el ex perredista, quien de agosto de 2005 a diciembre de 2006 ocupó interinamente la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador se separó del cargo para contender por primera vez como candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia a la Presidencia de la República.

Este mismo lunes, durante la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), que se realizó en la Secretaría de Gobernación, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que, en el país, 80 por ciento de los feminicidios son perpetrados por familiares o personas cercanas a las víctimas, y que en el caso de niñas o adolescentes, la cifra se eleva a nueve de cada 10 casos.

La titular de la SSPC anunció que la dependencia a su cargo trabaja en una iniciativa para implementar un registro de agresores sexuales y feminicidas que busca que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN de uso forense. La meta, según explicó, es que la información genética pueda ser utilizada en la vinculación de evidencia, y para lo cual buscarán convencer a los legisladores de la necesidad de ponerlo en marcha, dijo, dejando entrever la “pereza institucional” a la que hizo alusión el subsecretario Encinas en el otro evento efectuado ese mismo día en el estado de Morelos.

Y es que no es posible que teniendo el control mayoritario de ambas cámaras del Congreso de la Unión, el gobierno federal de Morena no haya promovido desde hace más de tres años estas estrategias que seguramente serían apoyadas por los legisladores de oposición.

Ya, a finales de enero pasado, primero ante los diputados federales de su partido, y luego frente a los senadores que coordina el morenista zacatecano Ricardo Monreal, también la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana había planteado que para lograr la pacificación del país se requería capacitar y equipar a los cuerpos policiacos estatales y municipales, para lo cual propuso utilizar el dinero incautado a los delincuentes.

“No existe una legislación que permita destinar los recursos incautados a la delincuencia organizada y al narcotráfico para la compra de vehículos, armas, chalecos, cascos, radios y todo tipo de equipamiento que es necesario para las Policías estatales y municipales. Este tema está en sus manos”, dijo en las plenarias de ambas bancadas de Morena.

“Si tuviéramos la aprobación del Congreso, la Secretaría de Hacienda podría hacer una compra consolidada para entregar a los municipios del país los equipos que se requieren, de acuerdo con la incidencia delictiva que registran”, planteó.

“Si la propuesta es avalada en el próximo periodo de sesiones, el plan se podría aplicar este mismo año”, dijo hace tres meses.

“Se trata, pues, de aprovechar las cuentas bancarias abultadas de delincuentes, narcotraficantes, criminales y extorsionadores; varios miles de millones que podrían ocuparse en el equipamiento de nuestros policías de todo el país, porque, hay que decirlo, a veces un chaleco hace la diferencia cuando se enfrenta al crimen”, remarcó.

Pero hasta el momento nadie ha retomado la sugerencia. ¿Será “pereza institucional” o complicidad con la delincuencia?

Y es que lo dicho por la titular de la SSPC viene a confirmar que este gobierno ha carecido no sólo de estrategia sino también de voluntad para someter y desmantelar a todo tipo de bandas y organizaciones criminales, ya que en 2018 no solamente ganaron la Presidencia de la República sino también la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores que les hubieran facilitado impulsar desde entonces estas reformas tan necesarias.

Rosa Icela Rodríguez, periodista de profesión y ex reportera del diario La Jornada, llegó a la SSPC a finales de 2020, luego de que su antecesor Alfonso Durazo botara el cargo a finales de octubre de ese año para buscar la postulación de Morena a la gubernatura de Sonora, lo que confirma que durante un tercio de este sexenio la seguridad pública del país estuvo en manos de un político improvisado como policía, sin el compromiso ni la entrega que exige un puesto público de enorme impacto social.

Durazo renunció un año después del fallido operativo de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, cuando tuvieron que liberar a Ovidio, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.