El pasado jueves, cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) – Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alfredo Gutiérrez y el Arturo Zaldívar- resolvieron que la propuesta de reforma a la ley de energía eléctrica, presentada por el presidente López Obrador, no vulnera tratados internacionales ni el derecho al medio ambiente, y tampoco genera desequilibrio en el sector eléctrico, en perjuicio tanto de las empresas privadas, como de los consumidores.

Así, por mandato divino, en menos de 24 horas, cuatro ministros de la Suprema Corte pasaron de ser “seres de otro mundo”, “abogados patronales” y leguleyos cuyo principio de que “la ley es la ley” es sólo un cuento, a convertirse en los nuevos patriotas y escribientes de la historia nacional.

Tras la resolución sobre la constitucionalidad de la reforma eléctrica, la ley dejó de ser la ley, para convertirse en una burda interpretación ideológica del cuatroteísmo para complacer al monarca. Basta recordar que la ministra Loretta Ortiz, autora del proyecto, es fundadora de Morena, mientras que el Presidente Arturo Zaldívar, feliz, feliz, feliz y harto comprometido con la propuesta de su patrón, apóstol del cuatroteísmo, aceptó ilegalmente ampliar su mandato hasta que la propia Corte lo impidió por unanimidad.

Sin embargo, frente a los cuatro operadores políticos morenistas encubiertos como ministros, otros siete confirmaron con su voto la invalidez de la reforma. Hay que recordar sus nombres: Margarita Ríos-Farjat, Javier Laynez, Luis María Aguilar, Juan Luis González, Norma Pina, Alberto Pérez Dayan y Jorge Mario Pardo, ministro éste dignamente veracruzano. De hecho, sólo hizo falta un voto para alcanzar la mayoría calificada y que la Corte anulara los puntos clave de la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente de la República.

¿Esto quiere decir que el presidente se salió con la suya? ¿Que no hay marcha atrás y que la ley se aplicará de manera inmediata, según el desvarío presidencial? No, ni remotamente. Lo que la Corte votó el jueves fue la acción de inconstitucionalidad 64/2021 promovida por un grupo de senadores en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el 9 de marzo de 2021.

De haberse declarado inconstitucional, todas las acciones de aplicación hubieran quedado sin efecto. Eso hubiera sido la cancelación total de la reforma morenista, sin embargo, hay al menos dos aduanas que aún parecen infranqueables: los tribunales y la Cámara de Diputados.

Tras la resolución de la SCJN, los tribunales deberán determinar aún sobre decenas de amparos que se encuentran en curso. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley se requiere de mayoría calificada -lo que no sucedió el jueves-, pero para que el máximo tribunal otorgue un amparo, basta con una mayoría simple, es decir, los 7 votos emitidos por los ministros son más que suficientes.

Las posibilidades de que los amparos puedan ser resueltos a favor de las empresas o los particulares que los promueven es muy elevada. La victoria política del presidente en la SCJN será tan pírrica como pasajera.

López Obrador tendrá que seguir presionando a la Corte. A pesar de la votación del jueves, continuará insultando a los ministros para que “no vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Los criticará porque no dejan que “fifís vayan a la cárcel”. Les dirá una y otra vez que protegen la corrupción, que son una élite burocrática que lastima al país, a menos claro, que voten como él desea.

Eso explica la desesperada convocatoria que ha hecho la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados para sesionar los días de la Semana Mayor y discutir e intentar aprobar la reforma eléctrica. Hasta ahora, la oposición ha manifestado su rechazo, lo que implicaría que los diputados morenistas al servicio del presidente no alcanzarían los votos necesarios.

El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, confirmó que la alianza legislativa Va por México -conformada por PAN, PRI y PRD-, impulsará que se integren al proyecto de dictamen de Morena las 12 propuestas que hicieron – “las 12 o nada”-, y propuso que la discusión se haga después de las elecciones del 5 de junio. Morena tendrá que escuchar otras voces y no obedecer sólo la del Presidente.

El resultado de la revocación de mandato de este domingo, como dijimos, es el inicio un autogolpe de Estado que le permita someter a la Suprema Corte y al Instituto Nacional Electoral (INE). Según el libro sagrado del cuatroteísmo, “si el pueblo está con él, ¿quién contra él?”, así sea apenas un puñado de votos.

La puntita

Ayer fue domingo de ramos, de iglesias abarrotadas y urnas vacías. Como dijera Cuitláhuac, había más gente en la fila de las tortillas que en las urnas por la ratificación de AMLO. Quien no conoce a Dios, a cualquier mesías tropical le reza…

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