En diciembre de 2019, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional para incorporar al artículo 35 de la máxima ley del país la figura de revocación del mandato del presidente de la República. A manera de materializar uno de los tantos slogans que el presidente López Obrador, utilizó durante sus muchos años de campaña, aquel de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Sin embargo, el ejercicio que actualmente está promoviendo el gobierno federal y Morena, está muy lejos del espíritu original de la ley y persigue propósitos ocultos que en nada benefician a la vida democrática del país y que menos sirve para llevar progreso y bienestar a los mexicanos más pobres y humildes.

Según lo que establece la Constitución de la República, la revocación de mandato es un ejercicio democrático mediante el cual la ciudadanía decide en las urnas si el presidente de la República, continúa o no en el cargo antes de que concluya el período de 6 años para el que fue previamente electo. Deber ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de la ciudadanía (está prohibido para los partidos políticos participar), se requiere que la solicitud sea respaldada por la firma de al menos el tres por ciento de la lista nominal de electores, provenientes de 17 entidades diferentes como mínimo, justo después de que concluya el tercer año de gobierno del mandatario en turno.

La votación debe realizarse 90 días después de que la solicitud sea aprobada y para que sea válida, se necesita; primero, que participen cuando menos el 40% de los mexicanos inscritos en la lista nominal de electores, que este año asciende a poco más de 37 millones y, segundo, que la mayoría absoluta, es decir, el 51% de quienes hayan participado voten a favor de que se revoque el mandato al presidente de la República.

Durante la etapa de preparación para la elección que tendrá lugar este domingo 10 de abril se han violentado diversos preceptos constitucionales y, además, resulta imposible que 37 millones de mexicanos voten, por lo que se trata de una simulación y de un verdadero asalto a la democracia.

Uno de sus objetivos principales es obligar al INE a violentar la Constitución, como ha venido ocurriendo, para justificar su desaparición como organismo autónomo. El Instituto sufrió un recorte de más de 5 mil millones de pesos en su presupuesto para este 2022, mismo que fue aprobado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, a pesar de que este año, además de la consulta de revocación de mandato (elección federal), se deben organizar elecciones para gobernador en 9 entidades del país. Tan solo la organización de la elección de 2021, costó poco más de 7 mil millones de pesos.

El INE impugnó esta decisión por ser irracional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e inmediatamente arreció una campaña de desprestigio contra el organismo, principalmente contra dos consejeros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, acusándolos de oponerse a la realización del ejercicio democrático. La Corte obligó al INE a realizar el proceso con muy poco dinero, por lo que este 10 de abril apenas se colocarán 57 mil 527 casillas en todo el país, menos de la mitad de las 121 mil 570 instaladas el año pasado.

La organización Que siga la Democracia (morenista, por cierto), recientemente señaló que con esta cantidad de casillas apenas se garantiza la posibilidad de que participen 16 millones 567 mil 667 de mexicanos, pues en promedio, en las elecciones de 2018 y 2021 cada casilla recibió el voto de 287 personas, pues cada elector demora alrededor de 3 minutos para emitir su voto. Tomando en cuenta que las casillas estarán abiertas de las 8 am hasta las 6 pm del domingo, se necesita que cada una reciba el voto de, cuando menos, 687 personas. Algo objetivamente, matemáticamente, imposible. Se han creado pues las condiciones para culpar al INE de la baja participación ciudadana que seguramente habrá el 10 de abril, para hacer al organismos y a los consejeros electorales responsables, administrativa y penalmente, del fracaso del ejercicio.

Y es que realmente, no fueron los ciudadanos quienes solicitaron la revocación de mandato. Fue el propio presidente López Obrador y su partido los únicos interesados en promoverla. Precisamente la organización “Que siga la Democracia”, fue la encargada de presentar las 3 millones de firmas ante el INE para solicitarla, de las cuales, según el organismo autónomo, el 25%, una cuarta parte, resultaron ser falsas.

La propaganda para alentar a la ciudadanía proviene principalmente del gobierno. Se colocaron mantas, espectaculares, pintas, pegoles, etc., en vía pública, cuya autoría en principio fue negada por el gobierno. Sin embargo, conforme han pasado los días ha quedado claro que son los funcionarios de la 4T quienes, en abierta violación a la ley, se han dedicado a hacer campaña desesperada a favor de que el presidente siga en el poder, en lo que ellos han llamado la “ratificación” de mandato.

El sábado, la plaza Lerdo de Xalapa fue sede de una concentración multitudinaria en la que el gobierno de Veracruz movilizó a las bases morenistas, algunos beneficiarios de programas sociales y empleados gubernamentales, que acudieron obligados, para realizar un mitin de promoción de la consulta del 10 de abril. El evento fue presidido por el propio gobernador del estado, Cuitláhuac García y por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Y es que ante el bajo interés real que ha despertado el ejercicio ante la ciudadanía, los gobiernos morenistas están utilizando a las instituciones y a los programas sociales para obligar a las personas a participar en el bodrio y para que convenzan a sus familiares y amigos, cuando menos 10 les piden, de que vayan a votar y participen en las actividades de movilización, tal como ocurría en los tiempos en que el PRI era el partido de Estado. Adultos mayores, becarios, trabajadores de base del gobierno, contratistas, maestros, concesionarios del servicio público, son testigos de toda la campaña de chantajes y amenazas que la 4T ha desplegado para llevar a la gente a votar el 10 de abril.

Quieren volver al pueblo trabajador cómplice forzoso de la desaparición del INE, el organismo garante de las elecciones libres y democráticas del país, y también quieren utilizarlo para legitimar al régimen dictatorial, despótico y errado del presidente López Obrador, sin que los sectores pobres y humildes de México ganen nada en todo esto. Por ello, este 10 de abril, la actitud más digna, valiente y en beneficio del interés nacional es no salir a votar. No votes en la revocación de mandato, no te dejes comprar ni amedrentar.