La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de Ciudad de México y Veracruz están siendo severamente cuestionadas por los presumibles usos personales y facciosos que sus titulares le estarían dando a los órganos autónomos encargados de procurar justicia.

El caso más estridente es el de la FGR, luego del revés que este lunes 28 le dieron los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte al fiscal federal Alejandro Gertz Manero, quien abusó de su poder para que encarcelaran a una sobrina política y libraran orden de aprehensión en contra de Laura Morán, viuda de Federico Gertz, de 94 años de edad. A las dos les inventó un delito que no existe por la muerte de su hermano, según el amparo concedido por la SCJN al par de mujeres.

Este caso, por el que Alejandra Cuevas Morán estuvo presa 528 días al fincársele responsabilidad como “garante accesoria” –figura inexistente en derecho penal pero que la Fiscalía General de Justicia de CDMX le imputó y los jueces locales avalaron–, exhibió la complicidad de la Fiscalía capitalina a cargo de Ernestina Godoy, incondicional de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para procesar a la hijastra y a la que fue pareja de Federico Gertz durante 50 años.

Obviamente, la oposición está aprovechando esta coyuntura para golpear políticamente a Sheinbaum, considerada la candidata favorita de Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en la Presidencia de la República en 2024.

Y es que hasta antes del pasado lunes en que por unanimidad los 11 ministros de la Suprema Corte les concedieron el amparo liso y llano a estas dos mujeres, los cuestionamientos estaban dirigidos principalmente al titular de la FGR por su evidente abuso de poder, pero ahora que el pleno del máximo tribunal del Estado mexicano puso al descubierto la inexistencia del delito que se les imputó, las recriminaciones de la opinión pública se han dirigido también a la Fiscalía y al Poder Judicial de la Ciudad de México que, si bien son entes constitucionalmente autónomos, todo mundo sabe que políticamente están subordinados a la Jefa de Gobierno y aspirante presidencial.

A la fiscal Ernestina Godoy, por ejemplo, le están reprochando que no haya actuado de la misma manera en contra de los negligentes funcionarios y poderosos constructores implicados en el accidente de la Línea 12 del Metro, que el 3 de mayo de 2021 dejó 26 muertos y cerca de un centenar de heridos.

A Verónica Hernández Giadáns, la fiscal veracruzana del gobernador Cuitláhuac García –el más combativo aliado de Sheinbaum–, también está bajo metralla de grueso calibre. No solamente tenía encima la desintegrada comisión del Senado creada tras la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta del Congreso de la Unión, José Manuel del Río Virgen, sino que ahora es asediada por el llamado Movimiento por la Justicia convocado por el senador Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside María del Rosario Piedra Ibarra, le sigue recetando sendas Recomendaciones por presuntos actos de tortura y violación de derechos humanos de otros procesados, entre ellos los imputados por el delito de ultrajes a la autoridad que la Suprema Corte ordenó al gobierno de Veracruz derogar por inconstitucional.

Reabren el caso Narvarte

Por cierto, en conferencia de prensa convocada este miércoles en el Centro ProDH de la Ciudad de México, familiares de las cinco víctimas del multifeminicidio y homicidio ocurridos el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez, acusaron que la Fiscalía capitalina ha soslayado investigar las presuntas amenazas en contra de la activista cultural de origen chiapaneco Nadia Vera y el fotorreportero de la revista Proceso, Rubén Espinosa, quienes días antes de su muerte habían huido de Xalapa, Veracruz, por supuestas amenazas y persecución del gobierno de Javier Duarte.

“Está totalmente apagada, creemos que algo fuerte pasa alrededor de Veracruz que no quieren buscar e indagar por proteger a personas o grupos. Quieren hacer pensar que estuvieron en el lugar equivocado”, dijo Patricia Espinosa, hermana del fotorreportero asesinado hace siete años.

Por otro lado, descartaron que la línea de investigación sobre un presunto ajuste de cuentas por narcomenudeo tampoco ha sido comprobada ni descartada.

Los denunciantes acusaron que no se ha cumplido la Recomendación 4/2017 que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en particular en lo referente a la filtración de información del caso ni en lo que respecta a la reparación del daño.

También pidieron una reunión con la fiscal capitalina Ernestina Godoy para exigirle verdaderos avances, así como un encuentro con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, o que al menos responda a la carta que le enviaron en julio del 2021, con motivo del sexto aniversario del crimen, misma que fue ignorada por la mandataria de Morena.

Aunque informaron que el próximo 7 de abril, a las 13 horas, tienen programada una reunión con Octavio Cevallos, coordinador general de Investigación Estratégica, y con Carlos Frausto, director general de Derechos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, supuestamente para que les informen de avances de la investigación.

Los familiares de Vera y de Espinosa, además de los parientes de las otras tres víctimas: Alejandra Negrete, trabajadora doméstica; Yesenia Quiroz, maquillista, y Mile Virginia Martín, modelo, informaron sobre nuevos hallazgos que encontraron ellos y su defensa jurídica, con la ayuda de investigadores y peritos independientes, al revisar el expediente y videos a los que, casi siete años después del crimen, apenas tuvieron acceso.

Mencionaron, por ejemplo, la participación de un tercer auto sedán con al menos dos cómplices más, y la omisión de investigar una línea de teléfono debido a errores en su captura por parte del Ministerio Público.

Además aclararon que esta información está en los 22 tomos del caso, pero que ni la entonces Procuraduría General de Justicia, dirigida en su momento por Rodolfo Ríos, ni la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habían detectado.

Denunciaron que ello representa otra muestra más de que ni las anteriores ni las actuales autoridades procuradoras de justicia han respetado el debido proceso, además de que han omitido hacer las debidas diligencias y han cometido encubrimiento de los responsables del llamado Caso Narvarte.

¿México y Veracruz llegarán a tener en algún momento fiscalías de excelencia? Y es que, lamentablemente hasta ahora, todos los gobiernos estatales y federales han quedado a deber en materia de procuración de justicia.