Ciudad de México.- El juez de enjuiciamiento Francisco Reyes Contreras, a petición expresa de la Fiscalía de Veracruz, decretó que las audiencias del juicio oral en el caso de July Raquel Floresse lleven a cabo a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación, activistas, ni de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que solicitaron acceder para observar y vigilar el debido proceso durante las mismas.

July Raquel Flores fue detenida en noviembre de 2020 como presunta copartícipe del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en Xalapa, Veracruz. Sin embargo, la mujer denunció que durante su traslado de la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo, en la capital veracruzana, fue torturada sexualmente por elementos de la Fiscalía que ahora se opone a publicitar las audiencias.

El pasado 10 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que, en efecto, July Raquel fue “objeto de diversos actos de tortura, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales” para tratar de que aceptara su incriminación en el caso. Motivo por el que emitió la recomendación 51VG/2022 por violaciones graves a derechos humanos en contra del Gobierno de Veracruz y de la Fiscalía veracruzana, misma que no fue aceptada por su gobernador, Cuitláhuac García, ni por la Fiscalía, al considerarla infundada.

En este contexto, luego de que July Raquel lleve más de un año en prisión preventiva, el pasado 22 de marzo inició la fase de juicio oral en los juzgados de Pacho Viejo.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña como asesora legal a July, y Animal Político, que ha publicado las inconsistencias en la acusación de la Fiscalía contra la mujer, hicieron por escrito y por separado una solicitud al Poder Judicial de Veracruz para que el juez Francisco Reyes Contreras autorizara el acceso a las audiencias públicas del juicio oral.

Melissa Zamora, abogada del Centro Pro, explicó en entrevista que la oficial del Juzgado de Pacho Viejo, en Xalapa, donde se lleva a cabo la audiencia desde el pasado 22 de marzo, le entregó un oficio en el que se notifica la negativa al acceso a esta organización civil. En ese mismo oficio también se manifiesta la negativa para que este medio pueda acceder para informar de lo que acontezca en estas audiencias.

En el oficio, el juez argumenta que consultó a las fiscales del caso y que estas negaron el acceso señalando que dentro del caso de July Raquel existen investigaciones en contra de otras personas por los mismos hechos, y que dar acceso al público al juicio oral podría poner en riesgo dichas investigaciones.

El juez le dio la razón a la Fiscalía y decretó que las audiencias se lleven a cabo a puerta cerrada. Incluso, ante el argumento expuesto por el Centro Pro de que se trata de un caso de interés público puesto que la mujer fue víctima de tortura sexual y que debe analizarse el impacto de estos actos en el proceso, el juez alegó que esos presuntos hechos de tortura son ajenos al presente juicio oral.

“Nos parece importante enfatizar que esta justificación no va acorde con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a las excepciones que existen al principio de publicidad”, expuso la abogada Melissa Zamora, que detalló que entre esas excepciones está que una audiencia no será pública cuando pueda haber una afectación a la integridad de algunas de las partes; que pueda afectar a la seguridad pública o nacional; que pueda afectar al interés superior de los niños y niñas; o que pueda poner en peligro algún secreto oficial.

“No estamos en ninguno de esos supuestos”, recalcó la abogada, que señaló que con esta decisión del juzgado “se está vulnerando el principio de publicidad, que es una garantía que permite a la sociedad verificar que las autoridades actúen conforme a derecho”.

Animal Político

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