De principio a fin, el proceso legislativo sobre la Ley Federal de Revocación de Mandato contempló al ciudadano como el personaje central de ese ejercicio de participación ciudadana, por lo que sujetó a todo servidor público a una veda electoral y le prohibió promover ese ejercicio, y también lo limitó para que no pueda destinar recursos públicos en su difusión.
Tras una revisión al proceso legislativo de esa ley, se detecta que siempre se contempló la veda y que Morena y sus aliados nunca consideraron modificarla en alguna de las dos iniciativas que presentaron para expedir una Ley Federal de Revocación de Mandato, ello durante el poco más de un mes que formalmente duró el proceso legislativo.
Pero a menos de un mes de que se realice por primera vez el ejercicio de revocación de mandato, convocado para el 10 de abril, los legisladores de la llamada cuarta transformación buscan eliminar la veda, es decir, todas las restricciones e intervenir en ese ejercicio con el fin garantizar la asistencia a las urnas.
Ese bloque, conformado por diputados de Morena y partidos aliados, el del Trabajo y Partido Verde (PVEM), modificó el pasado jueves 10 de marzo el candado que les impedía promover y hacer campaña en pro del ejercicio de revocación, al que llaman “ratificación” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La vía fue la emisión en la Cámara de Diputados –pendiente de aprobación en el Senado- de un “decreto, por el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental”, para excluir de éste todas las expresiones de los servidores públicos –escritos, imágenes, publicaciones, proyecciones–, así que para ellos no regiría la veda en la revocación y, en el futuro, tampoco en un proceso electoral.
Ni Morena ni nadie pensó antes en quitar la veda
En el rastreo del proceso de la ley, se detecta que no existe precedente de que se propusiera la participación de actores políticos en la promoción de un proceso de revocación, en al menos 20 iniciativas de reformas constitucionales en la materia planteadas en casi siete años, de 2009 a 2015, durante los gobiernos federales de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional (PRI).
Por eso el objetivo de los cambios, considera Luis Eduardo Medina Torres, experto electoral y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (PRI) se ve con claridad:
“Es promover la consulta de revocación y que los ciudadanos vayan a emitir su voto porque todo apunta a que no va a haber la participación que quisieran”, argumenta.
En el camino –sostiene el especialista- Morena abandonó uno de los principios que sus diputados provenientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsaron por lustros en aras de la imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos y la equidad.
Esta añeja pelea de la izquierda fue “que no hubiera propaganda de instituciones y servidores públicos durante los procesos electorales, así lo habían sostenido históricamente y ahora lo quieren borrar”.
Medina recuerda que fue en la reforma electoral de 2007-2008, hace 14 años, cuando se reguló el acceso a radio y televisión en materia electoral, que se prohibió la propaganda gubernamental –entendida también como las opiniones e imágenes de servidores públicos– durante las elecciones.
Empresarios rechazan reforma electoral
Ahora, “con el argumento de que se creen diferentes porque dicen que en el pasado se hizo mal uso y ellos no, establecen que sí se puede emitir propaganda gubernamental a través de opiniones, mensajes, imágenes y quieren, en el contexto de la revocación, que todos los servidores públicos opinen y hagan promoción”, establece Medina en entrevista.
La reforma electoral que menciona el catedrático buscó atajar el uso de recursos públicos para que servidores públicos se auto promocionaran.
Así el artículo 134 de la Constitución incluyó y reguló el concepto de «propaganda gubernamental» y prohibió en ella «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público».
Pero eso podría quedar atrás con el “decretazo” avalado por los diputados y que está pendiente de aprobarse en el Senado.
Además de impedir la autopromoción de servidores públicos, esa reforma reguló el acceso a radio y televisión para la propaganda política e impidió que terceros pudieran contratarla. Esto porque en las elecciones presidenciales previas, las de 2006, fue el entonces candidato presidencial López Obrador el que padeció que, vía spots pagados por empresarios, fuera considerado un “peligro para México”.
Esta última es una de las restricciones que sí se mantienen en la Ley Federal de Revocación y consiste en que el INE es la única autoridad que puede promover la revocación en radio y televisión, pues nadie más puede contratar propaganda en esos medios.
También está prohibido que cualquier servidor público destine recursos públicos para promover el ejercicio, sea mediante el uso de recursos materiales o humanos a su cargo.
Legislación a la carrera
La Ley Federal de Revocación de Mandato que rige el actual proceso revocatorio, se aprobó en septiembre de 2021 por el Congreso de la Unión.
Pero como ha ocurrido con otras legislaciones, fue producto de las prisas, pues debió expedirse desde el 19 de junio del 2020, como lo ordenó el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. Este fijó un plazo de 180 días tras la publicación del decreto, lo que ocurrió el 20 de diciembre de 2019.
Sólo la senadora priista Claudia Ruiz Massieu presentó una iniciativa de ley, en febrero de 2021 y durante meses esa fue la única.
Pero ante la cercanía del plazo de noviembre de 2021 para comenzar la recolección de firmas en caso de que se realizara ese ejercicio en este año, en agosto proliferaron las propuestas.
Y entonces fueron los legisladores de Morena los más interesados, para impedir que rigieran en el proceso revocatorio los Lineamientos que, ante la omisión legislativa, aprobó el INE el 27 de agosto para regular el proceso.
Los senadores decidieron entonces promover el rechazo a cinco elementos que el INE incluyó: la pregunta a los ciudadanos, misma que reprodujo el texto constitucional “revocación del presidente por pérdida de confianza” y la prohibición a que los partidos políticos pudieran difundir esa consulta.
Las otras objeciones fueron a que el INE hiciera el cómputo, que el periodo de recolección de firmas fuera de noviembre al 15 de diciembre, como dice la Constitución y que en todo el país se recabaran apoyos vía aplicación móvil y sólo por excepción, en municipios marginados, en cédulas de papel.
Pero en ninguna de las discusiones en el Senado -Cámara de origen de la Ley ahora vigente- ni durante la dictaminación, o en la discusión en el pleno, se planteó eliminar la veda o restricciones a que servidores públicos difundieran la revocación.
Morena aplicó su mayoría en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda y el 16 de agosto aprobó por 15 votos en pro, 5 en contra y 1 abstención, los cambios que propuso, sin atender los argumentos de la oposición.
Por eso originalmente la pregunta sería la que fue avalada por la mayoría morenista: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?” y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haría el cómputo final y emitiría la declaratoria de validez.
Incluso, con el voto de la 4T se mantuvo el texto: “Durante el tiempo que comprenda el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación, de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
Además, se ordenó al Secretario Ejecutivo del INE presentar un informe sobre la revisión de las firmas ciudadanas, se incluyó que de resultar procedente el Instituto emitiera “inmediatamente la Convocatoria” y, sobre todo, que el Instituto observara medidas de racionalidad y buscara “el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros” para el ejercicio.
Entonces, todo apuntaba a una votación dividida en el Senado, pues Morena pretendía introducir, en una reserva, la pregunta directa sobre “ratificar al presidente” y permitir que el gobierno pudiera informar sobre la revocación del mandato.
Pero tras casi 16 horas de negociación, y por fuera de la dictaminación, en una “adenda” los coordinadores parlamentarios llegaron a un acuerdo para modificar 29 artículos del dictamen e incluir un capítulo sobre sanciones.
Por Morena, firmaron el compromiso con los cambios, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, el senador César Cravioto y la legisladora Mónica Fernández Balboa.
Así, modificaron la pregunta para incluir dos opciones colocadas en cuadros simétricos: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre). Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. b) Que siga en la Presidencia de la República”.
Además, Morena impulsó y logró que los partidos pudieran hacer promoción de la consulta aunque se les prohibió usar cualquier tipo de financiamiento para “influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos” durante la consulta revocatoria.
El 1º de febrero, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la razón a diputados de oposición que recurrieron y prohibió esa participación de las fuerzas políticas.
Logran cambios en ley de revocación
Empero, quedaron firmes otras demandas morenistas, entre ellas, que las firmas de todos los solicitantes de la revocación se sumaran para efectos de alcanzar el porcentaje requerido por la Constitución para la procedencia del ejercicio, que el INE convocara de inmediato al ejercicio e iniciara su difusión y que instale tantas casillas como en elección federal
Con ello, el 2 de septiembre se consiguió el voto casi unánime de los senadores (98 a favor, 2 abstenciones), se destrabó el conflicto entre la 4T y la oposición y se impidió, como expuso el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que el INE “legisle”.
“No permitamos que el INE ni que ningún órgano autónomo nos sustituya; no permitamos que usurpen funciones órganos autónomos que, por poderosos que sean, no tienen razón de violar el principio de legalidad, eso no” argumentó en tribuna.
También se aprobaron otras disposiciones que ahora Morena rechaza, con el argumento de que el INE busca censurar la libertad de expresión, o “persigue” a dirigentes morenistas volcados en la promoción del ejercicio.
Entre ellas las establecidas en el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato que ordenan al INE a realizar un monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difusión.
Ahí mismo se ordena que desde la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, “deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
Más adelante en el mismo apartado quedó establecido “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
El 7 de septiembre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin ningún cambio esa minuta.
Aun así, en la discusión Morena presentó siete reservas y el PT 13, pero prácticamente ninguna era relevante, pedían cambiar palabras y en realidad sirvieron sólo para ocupar la tribuna.
En ninguna de ellas Morena o sus partidos aliados objetaron el régimen de restricciones al activismo de los servidores públicos en la recolección de firmas o en la difusión de la consulta, mismo que ahora buscan modificar vía el “decretazo”.
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