En Veracruz solo 50 de los 212 ayuntamientos son gobernados por una mujer, a pesar de que en el estado la Constitución establece la paridad de género, señalaron integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Veracruz.

En conferencia de prensa, advirtieron que esto es muestra de que la paridad representativa en Veracruz no es una realidad como está plasmada en la ley.

La diputada Arianna Ángeles Aguirre aseguró que urge que el estado garantice todas las condiciones para que la paridad sea una realidad en el acceso a puestos de elección y no solo en candidaturas”.

Señala que en Veracruz, ser mujer y participar en política significa arriesgar la vida, pues en el proceso electoral 2020-2021, las agresiones contra las mujeres políticas se incrementaron un 8 por ciento con relación a la elección anterior.

“Hoy nuestro estado ocupa el segundo lugar en el registro nacional de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género”, dijo.

En el ámbito privado, advirtieron que las mujeres dedican 30.8 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado y los hombres solo 11.6 horas, y en 2020 el valor económico de las labores domésticas de cuidado reportó un monto de 6.4 billones de pesos equivalente al 27.6 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por ello, demandaron la aprobación de la ley general del sistema nacional de ciudadanos para garantizar a todas las personas el acceso y disfrute del derecho a los cuidados, con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Las diputadas locales, ex alcaldesas y funcionarias públicas estatales y municipales, políticas y activistas, señalaron que en el contexto de covid-19 en medio de la crisis económica, de seguridad y derechos humanos, la desigualdad estructural se hizo más visible con la feminización de la pobreza, incremento de la informalidad, pérdida de empleo y triple jornada laboral para las mujeres.

Esto sumado a las múltiples formas de violencia familiar, por lo que exigieron que se asegure en el sistema productivo público y privado puestos directivos para las mujeres, paridad salarial, empleos compatibles con la vida familiar y también se garantice una procuración e impartición de justicia con perspectiva de género por parte de la Fiscalía General y del Poder Judicial del estado.

AVC

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Desigualdad y violencia: los datos que reflejan por qué las mujeres marchan este #8M