Tal parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no está dispuesto a seguir pagando el alto costo político de los errores y deslices de sus más cercanos colaboradores y familiares que en los últimos dos meses han menguado considerablemente sus niveles de confianza popular.

Y es que, ayer, el diario El Financiero publicó una encuesta cuyos resultados arrojaron que en el primer bimestre de este año, los índices de aprobación ciudadana del mandatario bajaron 13 puntos en total: siete en enero y seis en febrero. El mes pasado, en el que estalló el escándalo mediático de la residencia de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, 54 por ciento de los encuestados lo aprobaba, pero otro 43% no.

Por eso no parece ser casual que este martes, al ser cuestionado si intercedería por su cuasi “hermano” Julio Scherer Ibarra, presuntamente vinculado con un grupo de abogados acusado de extorsión por el penalista Juan Collado, el Presidente afirmara que no intervendrá por nadie que cometa un delito, aun cuando se tratara de su exconsejero Jurídico, pues insistió que en su gobierno no hay impunidad.

“Lo dije en mi toma de posesión: nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad, y es mi responsabilidad, pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir su responsabilidad”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional,.

López Obrador volvió a remarcar que su misión es no engañar al pueblo y acabar con la corrupción, el influyentismo y el nepotismo. “Con todas esas lacras de la política”, subrayó.

No obstante, sobre el caso de Scherer apuntó que dependerá “de los elementos que haya, no se puede acusar sin pruebas”, pues dijo que “en todos estos asuntos hay intereses políticos”.

Sin embargo, aparte de la denuncia del abogado penalista Juan Collado, este lunes el empresario Alonso Ancira anunció que también contempla denunciar en México y Estados Unidos al exconsejero Jurídico de AMLO por el delito de extorsión, ya que presuntamente le condicionó su libertad a cambio de obligarlo a vender Altos Hornos de México (AHMSA) a Grupo Villacero, propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, supuesto recomendado de Scherer.

Y, por si fuera poco, al hijo del extinto periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, estaría por estallarle otro escándalo más: el de Grupo Kosmos, un consorcio del que forman parte las empresas La Cosmopolitana, Kol Tov y Productos Serel, de la familia Landsmanas, a la que el despacho Scherer y Asociados asesoró jurídicamente durante cinco años, hasta octubre de 2018, dos meses antes de que iniciara la administración de López Obrador, en la que hasta 2021 habían recibido contratos por 18 mil 440 millones de pesos.

Dos de ellos, el SSP-UA-010/18 y 001/19, por 340 millones de pesos en total, les fueron asignados sin licitar por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz a la empresa La Cosmopolitana para el suministro de víveres e insumos de alimentos.

En septiembre del año pasado, el reportero Miguel Badillo, de contralinea.com.mx, publicó que “bajo acusaciones de tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio de hasta el 120 por ciento y distribución de alimentos en mal estado, el Grupo Kosmos –de la familia Landsmanas– es investigado desde 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de congelar cuentas bancarias y realizar auditorías a sus principales empresas: La Cosmopolitana, SA de CV; Kol Tov, SA de CV; y Productos Serel, SA de CV.”

El veterano periodista documentó además que “Kosmos también enfrentó problemas legales internacionales, pues su empresa La Cosmopolitana (…) fue acusada de abastecer de leche radioactiva a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela”.

Zenyazen: sin distingos partidistas

Fiel a la línea política marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García, de que se debe atender y servir a todos sin distingos partidistas, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, se reunió con la alcaldesa panista de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, para coordinar acciones que permitan iniciar de inmediato la reparación de las escuelas que fueron saqueadas durante los primeros dos años de la pandemia.

El puerto de Veracruz y municipios aledaños fueron de los más afectados, sumando más de 93 centros educativos vandalizados, por ello, el titular de la SEV afirmó, al término de su reunión en el Ayuntamiento porteño, que es urgente que la Federación, el estado y el municipio se unan para invertir en ellas.

La iniciativa del funcionario morenista de acercarse personalmente a las autoridades municipales sin distingo de colores partidistas ha sido muy bien vista en el puerto jarocho dada la polarización política del prolongado litigio del proceso electoral de 2021, pues el secretario Zenyazen Escobar y la alcaldesa Lobeira de Yunes Márquez han puesto por encima de los intereses sectarios el bienestar de los estudiantes porteños para que cuenten con espacios educativos dignos.

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