La declaración de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pone en evidencia que en el estado hay un gobierno que viola derechos humanos, y obligará a jueces a liberar en 48 horas tras la publicación de esta sentencia a quienes se mantienen en penales acusados por este delito, señalaron abogados entrevistados de manera independiente.
Tras la decisión de los ministros de la Corte, consideran que se deja claro que la reforma en materia de ultrajes a la autoridad al Código Penal durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez permitió la detención de ciudadanos inocentes, la “siembra” de armas o acusaciones falsas por parte de policías, que derivó en más de 2 mil detenciones bajo esta figura.
De acuerdo con los abogados Felipe de Jesús Fernández Basilio y Fidel Ordoñez, la advertencia del Gobernador en torno a que enviará una nueva iniciativa para establecer la prisión preventiva oficiosa cuando alguien incurra en “agresiones violentas” ya sea a autoridades o ciudadanos, es la muestra de un Gobierno obcecado, que quiere seguir abusando del poder.
Liberaciones ocurrirán 48 horas después de publicada la sentencia de la Corte
El abogado Fidel Ordoñez señala que un primer paso tras la resolución de los ministros es que la gente que permanezca en penales por ultrajes a la autoridad tendrá que salir libre de inmediato, a partir de que sea publicada la resolución tanto en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial o en la Gaceta Oficial del estado.
“Se debe presentar un escrito ante el juez de la causa para solicitar el sobreseimiento de la causa porque es un delito inválido por la SCJN, citarán una audiencia y obtendrá su libertad. Una vez que se publique será un término de 48 horas para que la gente salga”.
Además, puso en duda las cifras dadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el sentido de que 200 personas permanecen en prisión por el delito de ultrajes, ya que aseguró las organizaciones civiles han contabilizado más de mil, y otro tanto igual por el delito de ultrajes a la autoridad y algún otro.
“Existen única y exclusivamente por delito de ultrajes a la autoridad mil 90 personas procesadas; con ultrajes más otro delito las personas que saben, organizaciones sociales dicen que llegan a más de 2 mil personas. Los números del Gobernador no son los números reales”
También criticó que el mandatario haya dicho que la decisión de la Suprema Corte es “corregir la plana” a la reforma sobre este delito que se realizó en 2003, ya que aseguró se discutió sino la forma que quedó el delito a partir del 2021, ya durante su administración.
Se maquinaban pruebas para detener por ultrajes a la autoridad
Esta opinión fue compartida por el abogado Felipe de Jesús Fernández Basilio al señalar que lo que provocó la inconstitucionalidad fue la ampliación que hizo del delito porque estaba anteriormente era un delito menor, “nadie lo invocaba y nadie decía nada, se armó el revuelo cuando propuso agravarlo”.
“Estos casos de ultrajes a la autoridad se maquinaban con pruebas con la finalidad de obtener alguna extorsión y en caso de que se diera el dinero, ya no se perseguía pero si no los persiguen hasta las últimas consecuencias, los pretextos esquema llevaban armas o que pertenecen a Los Zetas”, dijo.
Y recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el que establece qué delitos son grave y no el Código Penal de Veracruz, por lo cual lamentó que con este delito los jueces hayan dejado de actuar como jueces de control y ordenará la prisión preventiva oficiosa, andado a que la reforma constitucional que dio entrada al sistema oral-adversarial actual era que la prisión preventiva se impusiera en casos excepcionales y que los juicios fueran pocos, lo cual no se cumple con esta figura.
El abogado comentó que a partir de la determinación de la Corte la ley queda como “letra muerta” y por tanto ningún ciudadano puede ser detenido por el delito de ultrajes a la autoridad.
Además, advirtió que la figura de “agresión violenta” que ahora pretende adoptar el Gobernador a través de una iniciativa que enviaría al Congreso local para sustituir al delito de ultrajes a la autoridad es muestra de su intención de continuar abusando de su poder.
“Habría que ver qué propone porque este Gobierno se ha caracterizado por ser muy obcecado, aunque le digan que no, buscan la forma de seguir con lo mismo para publicar otra ley que dure otro tiempo en lo que la ley vuelve a resolver (…) Habría que ver pero parecería que lo que quieren hacer es presentar la misma gata pero revolcada y ganar tiempo, tener esa figura hasta que otra vez la declaren inconstitucional pero mientras tanto seguir abusando del poder”.
Como resultado, señaló que en Veracruz no hay certeza jurídica, porque tanto ultrajes a la autoridad como esta nueva figura que quiere imponer el mandatario son tipos penales inspirados con la finalidad de ser represivos, “y la realidad es que la impunidad sigue campeando en Veracruz, no se persiguen los delitos que sufren particulares, aquí estamos hablando de cuestiones políticas o que fomentan la corrupción”.
Nueva iniciativa será “invento”
Sobre el anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en torno a su decisión de enviar una nueva iniciativa para que quede establecida que la “agresión violenta” a un ciudadano o autoridad se castigue con prisión preventiva oficiosa, el abogado Fidel Ordoñez advirtió que se trata de la invención de delitos que ya no existen.
“La interpretación es que si ponen este delito como nuevo y vigente la gente que pudiera salir de la cárcel, no lo hará, pero están equivocados porque a nadie se le aplica la ley en su perjuicio. La gente va a adquirir su libertad ‘le duela a quien le duela y aunque el Gobernador insista en que la gente no debe salir’. Fue muy clara la Suprema Corte en establecer que el delito debe corresponder a una penalidad; quien da la posibilidad de que sea un delito grave es el Código de Procedimientos Penales, el delito no es grave y no va a alcanzar ese sentido de gravedad”, dijo.
Además, consideró que lo grave en la situación del Gobernador es que con la decisión de la Corte, “se equipara a cualquier persona que haya violado derechos humanos como lo serían todos los generales que tuvo Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial o el Presidente de Sudáfrica que no le daba la oportunidad a Nelson Mandela de salir de la cárcel”.
Lo anterior pues dijo que la Corte está diciendo con su dictaminación que Veracruz viola derechos humanos; “tenemos una sentencia que nos dice que nuestro Gobernador es violador de los derechos humanos”.
Por ello, comentó que el Gobernador debería pensar dos veces antes de volver a presentar una iniciativa con un empecinamiento tal, aunque dijo que dad su “falta de calidad y profesionalismo jurídico del Gobierno de Veracruz” se puede esperar una iniciativa más.
“Es lo que debemos de esperar de una iniciativa que lance el Gobernador, con un capital político acabado. Hizo pomada el poco capital político que tenía y la gente ya no le está creyendo absolutamente nada. Estamos presenciando el desinfle político de Cuitláhuac García Jiménez como Gobernador”, advirtió.
AVC