La desafiante decisión del Congreso local de mantener vigente el delito de ultrajes a la autoridad –pese a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de derogarlo-, muestra con claridad lo que hoy pasa en nuestro estado.

Veracruz se encuentra secuestrado por un gobierno arrogante y autoritario que se asume superior a la Constitución, al Estado de Derecho y a las instituciones; cuenta con un Poder legislativo ignorante y sumiso al servicio del Gobernador y en contra de las libertades de los ciudadanos que los eligieron; un Poder judicial y una Fiscalía General del Estados sumidos en la inmundicia de la corrupción y cómplices de los desvaríos del cártel político que desgobierna el estado.

El 22 de enero pasado, el gobierno y la fiscalía de Veracruz aceptaron la recomendación de la CNDH por la detención arbitraria, imputación indebida de hechos y violación a las garantías individuales de seis jóvenes que estuvieron presos seis meses acusados de ultrajes a la autoridad. La recomendación 146/2021 fue emitida en diciembre pasado en favor de quienes fueron aprehendidos por supuestamente cometer dicho ilícito en una plaza comercial de esta capital. Pero todo fue una farsa.

Ayer domingo, el Congreso del estado vivió otra jornada vergonzante de la que será la peor Legislatura de la historia. La mayoría morenista aprobó una reforma cínica, de burdo maquillaje, en la que sólo derogó algunos preceptos del Código penal y mantuvo en la ley el delito de ultrajes a la autoridad.

En consecuencia, en un abierto rechazo a la recomendación de la CNDH, sigue vigente la sanción para el delito y se continuará imponiendo de 7 a 15 años de prisión “a quien agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones…”

Esta es la segunda recomendación de la CNDH que rechaza el gobierno de Veracruz. Apenas la semana pasada, tampoco aceptó la recomendación emitida por la tortura y abuso sexual del que fue víctima July “N”, por parte de policías ministeriales de Veracruz tras su detención en la Ciudad de México.

Es decir, en Veracruz, los ultrajes y los abusos sexuales sólo están permitidos a la autoridad. Los adversarios políticos y los ciudadanos pueden ser encarcelados con la sola manifestación de cualquier elemento de seguridad que sea instruido para hacer una acusación, aun sin elementos de prueba.

En el tema del delito de los ultrajes a la autoridad, el gobierno de Veracruz ha mentido de manera consistente y se ha impuesto como una administración que privilegia la venganza antes que la justicia. Como lo ha señalado la organización Artículo 19, esta figura penal ha sido utilizada por las autoridades para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión en general.

El Gobernador de Veracruz ha advertido incluso a la Suprema Corte que si determina como inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad –algo que podría ocurrir este mismo lunes-, será una medida «gravísima», ya que en caso de que los ministros determinen anular este tipo penal, “presuntos responsables quedarán libres”.

Incluso ha dicho que al menos 40 jefes de plaza en Veracruz han sido detenidos por medio de los delitos de ultraje a la autoridad. Esto quiere decir que los delincuentes han sido aprehendidos por un delito fabricado y no por los crímenes que han generado violencia y muerte de cientos de veracruzanos. Estos delitos siguen impunes.

El Gobernador miente una vez más. Según lo ha declarado en sus conferencias “desmañanadas”, en 2018 hubo 27 agresiones contra policías; en 2019, fueron 36; en 2020 hubo 94 y en 2021 hubo 113 agresiones violentas a policías, es decir, 270 en cuatro años.

Pero resulta que su propia Fiscal –la misma que baila al son que le toquen- informó el 28 de enero pasado ante diputados locales que desde marzo de 2021, cuando se publicó el decreto 848 –que incrementa hasta seis años la penalidad por el delito de ultrajes–, en Veracruz han sido encarceladas mil 33 personas, en promedio, 100 personas al mes.

La advertencia del mandatario veracruzano a la Suprema Corte de Justicia sólo intenta justificar su autoritarismo e ineficacia para garantizar la seguridad y castigar a los delincuentes. Aun en su evidente ignorancia, el Gobernador sabe que el delito es inconstitucional y que la Suprema Corte así lo determinará este lunes, como ya lo hizo en la Ciudad de México en marzo de 2016. De ahí su desesperación.

Hoy los ministros de la SCJN abordarán las acciones 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y por diputados de la oposición, respectivamente. De esta forma, el máximo tribunal del país impondrá, una vez más, un freno a los desvaríos del cártel de la 4T en Veracruz.

No necesitamos más barrenderos en Tierra Blanca. Necesitamos un gobierno que garantice la seguridad, respete el Estado de Derecho y tutele los derechos humanos de los veracruzanos.

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