La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que tres de las instituciones encargadas de la seguridad pública y que se han convertido en un pilar para el gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador tienen más de 140 millones de pesos por aclarar en el manejo del presupuesto público de 2020.
En la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de la actual administración, el ente fiscalizador detalla que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene por aclarar 75 millones 686,000 pesos, la Secretaría de Seguridad 63 millones 514,000 pesos y la Marina 1 millón 471,000 pesos.
En el caso de la institución que encabeza Luis Cresencio Sandoval, la ASF refirió que podría haber daños a la Hacienda Pública Federal por un monto de 46 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador destacan la ejecución, pago y posterior demolición o retiro de los trabajos correspondientes, sin que se justificaran los cambios; inconsistencias entre lo pagado y lo recibido como en la compra de firme de espesor de 10 centímetros y recibir de 6 cm, pagos no comprobados, entre otras.
La ASF también pidió a la Sedena aclarar y proporcionar documentación que compruebe los 27 millones de diferencia que existen entre el monto reportado como pagado al personal de salud para atender la emergencia sanitaria generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) y las cifras contenidas en la base de la nómina.
En el caso de la Secretaría a cargo de Rosa Icela Rodríguez, la ASF reporta probables daños a la Hacienda por un monto de 1 millón 523,054 de pesos, aunque el monto por aclarar es por 63 millones 514,000 pesos.
Por las irregularidades detectadas podrían realizarse 36 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, proceso para que se realicen investigaciones correspondientes por los posibles daños al erario.
Mientras que en la institución que dirige José Rafael Ojeda Durán, se detectaron montos por aclarar por más de un millón de pesos.
En el pliego de observaciones se detalla que presume un probable daño a la Hacienda pública por obras pagadas y las realmente ejecutadas en la construcción y equipamiento de un Hospital General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz.
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