La publicación del ostentoso estilo de vida de su primogénito y el presunto conflicto de interés del que se habría beneficiado, desató la furia presidencial y obligó a López Obrador a transitar de las cortinas de humo hacia el camino de la dictadura, mediante la persecución abierta -y con todos los recursos del Estado- en contra de una de las figuras más emblemáticas de la prensa crítica, valiente y libre del país, Carlos Loret de Mola.

Los datos son contundentes. La liga entre Pemex, Baker Hughes y la familia presidencial es innegable. El Presidente lo niega porque lo sabe cierto: el escándalo de la casa de Houston equivale a la Casa Blanca. Y sabe también que podría tener las mismas consecuencias.

Hasta ahora, la información relativa a la presunta corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés de amigos, colaboradores cercanos y su familia –entre ellos dos de sus hermanos- sólo habían provocado el enojo del Presidente, quien ha respondido una y otra vez descalificando a los periodistas y extendiendo un manto de impunidad a los señalados. Hoy rebasó la frontera del autoritarismo.

Frente a las declaraciones de Keith Schilling, quien fue alto directivo de Baker Hughes, de que el hijo mayor del Presidente ocupó su residencia en Houston desde agosto de 2019, y fue justo a partir de entonces que se multiplicaron contratos a esa empresa de servicios petroleros, la excusa de que su nuera “al parecer tiene dinero” suena como una súplica de perdón. Pero no funcionó.

El viernes pasado, durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, autor del reportaje sobre la casa de Houston y otros tantos que involucran a la familia del Presidente y colaboradores muy cercanos en presuntos actos de corrupción.

Dijo que iba a solicitar que tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corroboraran los datos. Pero si no estaba seguro de su veracidad, ¿por qué hacerlos públicos, incluso contra de la ley? Su desvarío no tuvo límite: también exigió a Televisa una explicación de la razón por la que sigue pagando al periodista si ya no trabaja ahí.

El Presidente quedó atrapado en un pantano informativo. Los ingresos de Carlos Loret los conoce el SAT; como cualquier contribuyente, debe presentar declaración fiscal cada año. Para evitar el escándalo, ¿no era más fácil que el hijo del Presidente presentara copias del contrato de renta y las transferencias mensuales para descartar cualquier conflicto de interés? El segundo tiene un conflicto de interés, el primero no.

El problema para el Presidente son Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Raymundo Riva Palacio, Brozo o cualquier otro que, en ejercicio de su trabajo, difunda la corrupción dentro del gobierno y la familia presidencial.

Para los mexicanos, el problema es que el Presidente es capaz de cometer, en cadena nacional, cualquier cantidad de delitos que violentan la libertad de expresión, el derecho a la información, la protección de datos personales y violar el derecho secreto fiscal. Es interpretar que el Estado y sus instituciones están a su disposición para consumar venganzas personales. ¡El Estado soy yo!

Lamentablemente, la actitud ilegal y pendenciera del Presidente ha sido ejemplo para otros gobernadores de Morena, entre ellos, el de Veracruz.

Cuestionado por la periodista Sara Landa sobre la derogación del delito de ultrajes a la autoridad y el posicionamiento de Barras y Colegios de Abogados, Cuitláhuac García intentó emular a su mentor, con una actitud violenta y arrogante en contra de quien sólo hace su trabajo, es decir, cuestionar al poder.

Con el mismo autoritarismo, en Veracruz se señala y descalifica a medios de comunicación y reporteros. Se asumen como víctimas cuando han sido las instituciones como la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las que han ordenado revisar y corregir sus entuertos.

Las cortinas de humo como la suspensión de relaciones diplomáticas con España ya no son suficientes. La descalificación permanente tampoco. Ante el fracaso de su gobierno, la crisis económica y la violencia desbordada, el Presidente ha decidido acelerar el paso en su camino a una pretendida dictadura.

La persecución política y fiscal a sus adversarios es apenas el primer síntoma. La simulada revocación de mandato será la estación de salida.

En solidaridad con los periodistas, actores políticos y ciudadanos, hoy perseguidos por el delito de pensar diferente al Presidente, debo citar a otro estupendo periodista, Raymundo Riva Palacio: “Si ya sabemos que algún día en la mañanera todos vamos a ser crucificados, si ya estamos muertos en ese sentido, entonces lo que hay que hacer es pelear”.

Eso estamos haciendo…

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