A Alfonso* le diagnosticaron diabetes hace 18 años, dos meses después de que ingresó en un Centro de Readaptación Social (Cereso) en el sur de México y desde entonces requiere seguimiento médico, medicinas y una dieta especial.
Sin embargo, el centro en el que se encuentra no se los proporciona o lo hace de forma insuficiente, a pesar de que el derecho a la salud es su responsabilidad y se trata de una enfermedad crónica.
Esta situación ha hecho que Alfonso, quien dice ahora estar perdiendo la vista y el cabello, tenga que trabajar dentro de prisión y vender artesanías para así juntar los 140 pesos que le cuestan sus pastillas.
“Todo lo que voy ganando, lo poquito lo voy guardando, pero casi no se vende. Hasta ahorita estoy tomando las pastillas. Aquí, conforme a mis alcances, voy comprando el medicamento cada vez que se me termina”, cuenta Alfonso.
Y aunque puede obtener algunos medicamentos, dice que sus recursos son insuficientes para mantener una dieta adecuada –dado que el centro tampoco le proporciona–.
“Me dicen que eso le corresponde a uno, comprarlas, y desde que llegué ha estado así. Nos han dado pero muy leve; últimamente ya lo compramos totalmente nosotros”, señala Alfonso.
“El otro día cuando se me reventaron los talones, me dolía mucho, me punzaban los pies. No me atendió un médico, me compuse con vendas y un compañero que tenía árnica me dio para ponerme”, detalla.
Recientemente, comenta, ha solicitado sin éxito atención especializada, un médico que le oriente, monitoree su enfermedad y lo canalice para una cirugía de ojos, ya que últimamente reporta ver borroso, como si tuviera “grava”.
“Ahorita no hay quien me cheque, voy tomando conforme me siento. Si me siento con sueño o cansado, es señal de que está bien alta la diabetes, y cuando está baja es cuando me da hambre o sudo frío, o quiero comer algo”.
Enfermedades crónicas sin acceso a la salud
Alfonso es una de las miles de personas dentro del Sistema Penitenciario que viven la falta de medicinas y/o tratamiento por parte de los centros, a pesar de que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH o cáncer lo cual, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afecta el derecho a la protección de la salud.
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2020, el 22.2% de la población de las cárceles en el país dijo haber sido diagnosticada por un médico con una enfermedad, algunas de las cuales son crónicas (que pueden no tener cura y requieren atención de largo plazo).
En el caso específico de la diabetes, una de cada tres personas (33%) que no toman medicamento ni están en tratamiento para la diabetes dicen que no lo hacen porque el centro no se los proporciona.
Esta situación impacta también a personas diagnosticadas con hipertensión, la enfermedad más común entre las personas privadas de su libertad: el 32.3% de quienes no reciben medicamentos afirman que no lo hacen porque el centro no se los da, mientras que en el caso del VIH el porcentaje es de 24.6% y cáncer el 22.6%.
El doctor Uri Torruco comenta que normalmente la diabetes se diagnostica cuando ya está en una etapa avanzada, y “tiene complicaciones agudas, que son mucho más frecuentes cuando la gente deja de tomar el tratamiento”.
“Dejar de tratar a una persona con diabetes la pone en riesgo de complicaciones crónicas como daño renal, infarto, afectaciones a los ojos y, el más frecuente de todos, la neuropatía, que eventualmente predispone para amputaciones e infecciones graves de los pies”, comenta.
“Supón que necesitas insulina, necesitas medicina. La dejas de tomar en el caso de dos a tres semanas puedes desarrollar una complicación que te puede poner en riesgo de muerte, más allá de las crónicas”.
En el caso de la hipertensión, explica que si no se trata se puede desarrollar cardiopatía hipertensiva “y puede causar o aumentar el riesgo de infarto, de daño renal, de arterias tapadas, sobre todo en las extremidades”.
Mientras que en el caso de VIH, no seguir con los medicamentos implica que la carga viral aumente, lo cual que puede dañar el sistema inmunitario y hacer más probable la transmisión del virus, explica la organización británica Avert.
Y el cáncer, otra enfermedad diagnosticada en personas en prisión que no reciben medicamentos, Torruco insiste en que también requiere de un tratamiento “muy estricto” para que funcione, por lo que no se debe suspender el tratamiento.
Atención deficiente
La falta de acceso a la salud en las cárceles del país no solo afecta a las personas con enfermedades crónicas. Argelia*, una mujer que estuvo en un Centro de Readaptación Social, cuenta que vivió su embarazo en prisión sin que algún especialista o las autoridades le brindaran acompañamiento.
“Cuando llegué me llevaron a un servicio médico, pero no me hicieron ningún chequeo ni nada. Yo dije que pensaba que estaba embarazada, que si me podían revisar para yo llevar un control dentro del reclusorio, pero me dijeron que no, que tenía que esperar y que no había un especialista que me pudiera atender”, señala.
En este contexto, la ENPOL 2021 exhibe solo al 72.7% se le practicó un examen méxico al entrar al centro, a pesar de que las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos indican que un profesional debe examinar a cada recluso “tan pronto sea posible después de su ingreso”.
Además, menos de la mitad, al 41%, se les realizaron revisiones médicas periódicas, sin que la personas lo soliciten, para conocer su estado de salud.
“Yo quería saber si estaba embarazada, si el bebé venía bien. Hubo una vez que mi mamá habló con el abogado para ver si podía entrar un médico, que iban a pagar mis familiares, para que me pudieran revisar, pero no me dieron la autorización”, acusa.
Argelia cuenta que sufrió violencia obstétrica el día que parió: los médicos determinaron, sin consultarla, practicarle una cesárea, además de que la mantuvieron amarrada de pies y manos.
Después, en el centro penitenciario, la herida de la cesárea se le infectó, pero de nueva cuenta no le proporcionaron atención ni medicamentos, y retrasaron la entrega de los antibióticos que sus familiares le llevaron.
“La única venda que yo me traje del hospital, con la que me vendaron cuando me hicieron la cesárea, fue la única venda que yo tuve desde que me alivié como hasta en un mes. Ni una venda, ni una gasa”, acusa.
Evidencia de la CNDH
Los datos que arroja la ENPOL del Inegi coinciden con una serie de recomendaciones sobre el sistema penitenciario que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2021, en las que se ha evidenciado la falta de tratamiento así como en los centros de detención.
En un caso documentado por la Comisión (30/2021), el familiar de una persona con VIH privada de su libertad en el CEFERESO Buenavista Tomatlán, en Michoacán, acusó que el paciente dejó de recibir retrovirales desde que ingresó al centro.
Señaló que solo le daban omeprazol, “lo cual tuvo como consecuencia que su enfermedad agravara, dejara de consumir alimentos, tuviera fiebre y vomitara sangre”. La persona falleció el 21 de diciembre de 2020.
Según el documento de la CNDH, a la persona se le cambió el retroviral y se dejó de atender los síntomas de vómito, pérdida de peso, singulto, entre otros, lo que causó deterioro en su estado de salud.
En el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz (37/2021) la Comisión encontró que una persona con hipertensión, que murió el 10 de noviembre de 2020, no “tuvo un diagnóstico certero y por ende un tratamiento adecuado”.
La más reciente recomendación en este sentido (84/2021) expone el caso de una persona recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Morelos, a quien no se le proporcionó el seguimiento médico indicado para cáncer de mama.
Según el documento, no se le practicaron en tiempo y forma los estudios solicitados ni se le brindó continuamente el tratamiento para su padecimiento, por lo que existió “recurrencia local de tumor”.
*Los nombres de las personas se modificaron para proteger su identidad.
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