Parte del debate público nacional hoy está centrado en la Iniciativa de Reforma Energética del presidente López Obrador, la cual pronto entrará en la cancha del Congreso de San Lázaro para su aprobación. Este tema está alimentado por una narrativa que ha sido parte del discurso del presidente de la República en su eterna campaña, CFE, PEMEX, la dichosa soberanía energética, combate a la corrupción, los contratos “leoninos”; todos esos conceptos fueron, y son, pilares que sostienen un gobierno que pone delante de los hechos y el trabajo técnico-profesional, al discurso.

Quien levante la voz con un dato para corregir, abonar, criticar constructivamente, está mal; es la cavernaria lógica de “si no estás conmigo, estás en mi contra”. En ese afán de convencer con retórica y oratorio el equipo de AMLO ha desplegado acciones para difundir y promover su iniciativa, desde el Parlamento Abierto hasta conferencias magistrales; las bondades de la reforma energética se resumen en que el pueblo merece pagar menos por la electricidad, y aseguran que las tarifas bajarán, apuestan todo por ello. Es lo deseable, a eso nadie se opondría, pero lograrlo no sería posible, al menos sostenerlo a largo plazo.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo dedicado a la investigación en política pública, que ha sido muy reconocido pero también criticado por emparejar la balanza entre discurso y datos duros; compartió hace unos días algunos conceptos, números y escenarios posibles, si la reforma energética se aprobara. Nuevamente se demuestra que la ignorancia es osada cuando desde el poder se mira hacia el futuro.

La iniciativa de reforma plantea, además de otros aspectos, recuperar la participación de mercado del 54% en la generación de la energía demandada en el país (participación de mercado que tuvo la CFE en 2018). Al cierre de 2020 la CFE generaba aproximadamente el 38% de la energía demandada en México. Aunque la CFE tiene capacidad instalada de generación para producir un mayor porcentaje de energía, esta capacidad no es utilizada; esto se debe a que sus plantas son comparativamente más antiguas e ineficientes y, por lo tanto, tienen mayores costos.

El análisis del IMCO, insisto que se trata de una institución seria, adviert que en caso de aprobarse la iniciativa e implementarse las políticas propuestas, la CFE se vería forzada a incurrir en costos adicionales para poder generar y suministrar la energía eléctrica demandada en el país. Estos costos tendrían impactos significativos para los consumidores, afectarían el clima de inversión, así como las finanzas públicas y la economía del país. Para eso están los privados, las empresas que no son CFE, quienes si pueden asumir ese riesgo sin quitarle un peso a la nación, pero como el presidente siempre ha combatido a la inciativa privada, y eso es palabra sagrada, no hay posibiliades de ello.

¿Quieren más datos para desmentirse?

El documento incluye escenarios posibles, con su costo y consecuencias;  usted lo puede consultar en https://imco.org.mx/mexico-necesita-una-cfe-con-finanzas-sanas-la-iniciativa-de-reforma-energetica-las-debilitaria/

Primero, si la CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y en la renovación de 14 de las 60 centrales hidroeléctricas, y el resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados; enfrentaría un costo de 512 mmdp a precios del 2021 para el  periodo 2022-2028: 427 mmdp para generación eléctrica, 70 mddp de inversión y 15 mmdp de operación y mantenimiento.

Segundo escenario posible, CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y se aumenta el factor de planta (indicador que refleja la relación entre la energía real generada en un tiempo determinado y la energía que se habría producido si la planta operara al 100% de su capacidad) de todas las hidroeléctricas de 40 a 60% (promedio mundial). El resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados; entonces el Estado enfrentará un costo de 406 mmdp a precios del 2021: 324 mmdp por costos de generación, 73 mmdp por costos de inversión y 9 mmdp por costos de operación y mantenimiento.

Por último, supongamos que la CFE compra su energía adicional en las subastas de largo plazo (donde los suministradores y grandes usuarios pueden celebrar contratos anuales de largo plazo -15 años para energía y potencia y 20 años para Certificados de Energías Limpias- que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017) sin cambios a la legislación existente. De comprar la energía adicional en las subastas de largo plazo, la CFE tendría que cubrir un costo de 94 mmdp a precios del 2021.

En resumen, modificar el sector energético, como se plantea en la Reforma de López Obrador,  hará que la Comisión Federal de Electricidad sea más dependiente de los subsidios del gobierno; es una lógica de mercado fácil de entender, si se quiere y no se sigue el dogma de Andrés Manuel a “rajatabla”, pues los costos de generación y de inversión pondrían a la empresa en una situación financiera precaria e insostenible, por lo que, en el mediano plazo, se hará imposible mantener las tarifas eléctricas sin incrementos mayores a la inflación como ha prometido repetidamente el Gobierno federal.