Prefacio.
La recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobernador de Veracruz es muy clara. *** “Colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en la presentación y seguimiento de la queja que esta Comisión Nacional presente en la Contraloría General del Estado de Veracruz, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y demás personas servidoras públicas de la SSPV (Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz) involucradas, por los hechos y observaciones de la presente Recomendación, y se remitan en su oportunidad las constancias con que se acredite su cumplimiento”. *** Este martes la contralora del gobierno estatal, Mercedes Santoyo Domínguez, confirmó que ya se inició un expediente en contra de los policías estatales Luis Fernando Hernández Solís, Esteban Daniel Tiel Rivas, Rocío Nava Hernández, Filiberto García Reyes, César Eduardo García Morales, Lizbeth Solano Santiago y Jesús Carlos Flores Rivera, por haber inculpado a seis jóvenes en Xalapa, por la comisión del delito de ultrajes a la autoridad, sin tener elementos para probar su dicho. *** Santoyo Domínguez explicó que se trata de un procedimiento administrativo y es necesaria una investigación interna antes de resolver si se procede con una sanción o se va por la vía penal. *** El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública deberá analizar y revisar cada caso y establecer si hay más elementos de la dependencia involucrados en este hecho. *** Le anticipo lo que sucederá: los policías uniformados irán a la cárcel por un breve plazo y el tema quedará archivado.
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Imagine usted que llega un día a su casa y tanto su esposa como sus hijos lo reciben pidiéndole de comer, pues tienen tres días sin probar bocado; le informan, además, que el menor está enfermo y no hay dinero para llevarlo ante un doctor. Y además no tienen ropa en buen estado y el casero ya reclama el pago de las rentas atrasadas.
Y usted le responde: “Ustedes no entienden el sacrificio que se tiene que hacer para generar ahorros. Estaban acostumbrados a derrochar el recurso que entraba a la casa, pero eso ya se acabó. Hoy lo que se privilegia en este hogar es el orden en el gasto y la austeridad”.
Alguien le tendría que explicar que el subejercicio no es ahorro.
Año con año, el gobierno realiza un ejercicio similar al de todos los hogares: calcula cuánto dinero va a recibir el siguiente año, revisa cuáles son los pagos obligados y, en virtud de que no alcanzará el dinero para cubrir todas las necesidades, hace una lista de prioridades y a cada una de ellas le asigna la cantidad que se requiere para su cumplimiento.
Si al final de que transcurre el año quedó dinero que no se gastó, eso no significa que lo hayan ahorrado, sino que hubo objetivos que no se cumplieron.
En la comparecencia de la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el diputado Marlon Ramírez Marín hizo notar que el tema de los subejercicios ha sido recurrente.
“Uno de los criterios utilizados por el Orfis para definir el tamaño de la muestra es tomar como universo fiscalizable el total de los registros contables de gastos devengados, tomados de la lista de afectaciones presupuestales. Esto se mencionó en el Informe 2018: pareciera que esta definición es la que ha provocado confusión entre los secretarios del gabinete porque ellos tienen la idea de que al dejar comprometido el dinero, no se fiscaliza”, explicó el diputado Ramírez Marín.
Este criterio –dijo- da pie para que los funcionarios piensen que con tener comprometido el recurso, es suficiente para que no sea reintegrado y, por lo tanto, no están incurriendo en subejercicio.
“Le pongo un ejemplo: en la cuenta pública 2019 en la revisión de la Secretaría de Salud, se fiscalizaron 24.6 millones de pesos de obra pública y en la de 2020, 164.7 millones, cuando en el tercer trimestre del 2019 se tenía un subejercicio de 347.0 millones de pesos y para 2020 al tercer trimestre el subejercicio era de 328.9 millones. Es dramático corroborar esto”, dijo el diputado.
Recordó Marlon Ramírez que el dinero que no gasta, el Gobierno de Veracruz lo confunde con ahorro, en lugar de aplicarlo en solventar necesidades como medicinas, obras, servicios y programas sociales que serían de gran beneficio para la población.
Al respecto, la titular del Orfis, Delia González Cobos, se limitó a informar que el área a su cargo “investiga” si en efecto existe subejercicio y si “se actuó de forma deliberada”.
La titular del Orfis informó que en la revisión de las Cuentas Públicas del ejercicio 2019, se determinó un presunto daño patrimonial en 47 entes estatales por 566 millones 860 mil pesos; en 210 municipios por 2 mil 066 millones, y en 6 entidades paramunicipales por 11 millones 865 mil, pesos, lo que sumado representó un presunto daño patrimonial superior a los 2 mil 645 millones de pesos.
De todo ello, el Orfis consiguió que fueran reintegrados a la tesorería poco más de
$100 millones de pesos.
En las Cuentas Públicas del 2020, el presunto daño patrimonial llegó a los mil 886 de pesos, de los que apenas fueron reintegrados 196 millones.
Sí, hay que castigar a quienes hacen mal uso de los fondos públicos, pero también es importante recuperar esos recursos.
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Epílogo.
Era de sentido común: el gobierno municipal de Xalapa aplicará un severo ajuste al gasto corriente, para hacer frente al gran número de necesidades de los habitantes de la capital del estado. *** El presidente municipal Ricardo Ahued anunció que una vez que se ponga orden en lo administrativo y financiero, se fortalecerán las áreas operativas y se trabajará para brindar los servicios que requiere la población. *** “Estamos, haciendo ajustes para reducir el gasto. Hay una nómina excesiva, ya cerramos la Dirección de Gobernación y ajustaremos todas las áreas (…) No podemos hacer contrataciones excesivas de personal, tenemos una sobrepoblación de más de 480 personas. Debemos hacer más con menos. En cada área de gobierno se reducirá el personal. En las direcciones y jefaturas, se está disminuyendo al máximo el gasto corriente, eliminando gastos superfluos”, dijo. *** La Secretaría de Salud reportó que el número de fallecimientos a causa de la Covid-19 en México ascendió a 303 mil 776, luego de que se notificaron 475 nuevos decesos. Se trata de la cifra de defunciones más alta registrada desde mediados de octubre de 2021. La última ocasión que la dependencia federal reportó más de 400 muertes nuevas por el coronavirus fue el 20 de octubre, cuando notificó 424 decesos. *** En el reporte técnico diario sobre el avance de la epidemia en el país se detalla que este martes se registraron 44 mil 902 nuevos contagios de Covid-19, por lo que el acumulado de casos confirmados aumentó a 4 millones 730 mil 669 infecciones. *** La mañana de este 25 de enero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que se ha registrado una disminución de contagios en el marco de la cuarta ola de Covid-19 que enfrenta el país desde que inició el 2022: “Ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce la cantidad o el porcentaje de casos activos a 5.9%; esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse podría ser ya un cambio en la tendencia de crecimiento, por lo tanto se reduce la tasa de crecimiento de la epidemia”, dijo. *** El lunes 24 de enero, la Secretaría de Salud aplicó 380 mil 097 vacunas contra Covid-19, por lo que ascendió a 161 millones 466 mil 948 el total de dosis suministradas desde que inició el plan nacional de vacunación el 24 de diciembre de 2020.
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