La fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, evitó responder cuántas carpetas de investigación se han iniciado por el delito de ultrajes a la autoridad desde que cobró vigencia, el 13 de marzo del 2021, a la fecha.
En su comparecencia, en la sesión de preguntas y respuestas, evadió dar a conocer la estadística y se refirió únicamente a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la detención de seis jóvenes en septiembre del 2021.
La pregunta la formuló, al menos en dos ocasiones el diputado del PAN, Miguel Hermida Copado, que pidió confirmar o refutar lo declarado por algunas asociaciones de abogados que han planteado que a la fecha suman más de dos mil 400 personas en prisión.
Incluso, reconoció que desde la Fiscalía solo se acata la reforma que se impulsó desde el Congreso local, donde se agravó la penalidad, al pasar de una falta administrativa a un delito grave.
La participación del diputado panista fue polémica, pues el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Genaro Ibáñez Martínez, lo interrumpió de manera constante, argumentando que se había agotado el tiempo de su participación.
Incluso, le señaló que a un lado de su curul estaba el monitor para estar al pendiente del tiempo que se les permite cuestionar, “su tiempo ha terminado diputado”, reiteró.
Sin embargo, la funcionaria no respondió los cuestionamientos y se limitó a responder que está obligada legalmente a cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en Veracruz, incluyendo el endurecimiento del delito de ultrajes a la autoridad avalado por la anterior LXV Legislatura.
No obstante, al ser cuestionada sobre los abusos de autoridad y violaciones a los Derechos Humanos perpetrados a partir de ese tipo penal, argumentó que el actuar de los policías es en base a las leyes vigentes.
“En esta Soberanía, la anterior Legislatura fue quien tuvo la confianza y me designó como fiscal general, a aquí protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes políticas que de ella emanen y todo lo que esté contemplado y tipificado y que me competa como fiscal general y exista como Ley vigente yo tengo que atenderlo.
“En ese tenor hemos actuado en consecuencia respetando los Derechos Humanos; la Fiscalía General del Estado es proactiva en la defensa de los Derechos Humanos, tanto de las víctimas como de los presuntos responsables atenderemos todo tipo de recomendación que en su caso haga la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y pues no tengo más que decirle que nosotros cumplimos con lo que las leyes vigentes establecen”, señaló.
Finalmente manifestó la disposición de la Fiscalía para impulsar cualquier proyecto de Ley que pueda fortalecer “el Estado de Derecho y a las Instituciones” ante la inminente derogación del tipo penal.
AVC
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