El viernes pasado, el presidente López Obrador ingresó al hospital central militar para someterse a una revisión médica que incluyó la realización de cateterismo cardiaco. Lo hizo apenas once días después de que anunciara haber contraído el Covid19 por segunda vez.

Según los médicos especialistas, el cateterismo consiste en introducir “un tubo fino y flexible (catéter) a través de un vaso sanguíneo hasta el corazón para diagnosticar o tratar determinadas afecciones cardíacas, como la obstrucción de las arterias o los latidos irregulares”. Este instrumento casi siempre se introduce en la ingle o el brazo.

La recuperación completa toma una semana o menos. Si se utilizó el brazo, la recuperación generalmente es más rápida. Tras el infarto agudo de miocardio sufrido en 2013, estos procedimientos han resultado relativamente comunes para el Presidente.

Hace un par de semanas exactamente, López Obrador también anunció haber contraído el Covid19 por segunda vez, en medio de una intensa agenda de trabajo donde suele tener contacto físico y personal con decenas de personas, sin el uso de cubrebocas.

Al lunes siguiente, aseguró que sólo tuvo síntomas leves –ronquera y ardor de garganta- y que se había recuperado con “mucha agua, paracetamol, miel y caricias”. Lástima que más de medio millón de mexicanos no hayan tenido la misma suerte y se cuenten en la brutal estadística de fallecimientos que nos ha dejado la pandemia.

La salud del Presidente ha vuelto abrir un viejo debate. ¿La condición física de un gobernante –no sólo de los presidentes- debe ser un asunto de interés público o debe tratarse como un secreto de Estado? ¿Hasta dónde se establece la delicada frontera entre la protección de datos personales de funcionarios públicos y el derecho de acceso a la información?

La historia nos cuenta episodios en los que la muerte de un mandatario se ha conocido hasta varios días después, o en contrario, se han simulado enfermedades como una forma de sortear una crisis política y recurrir al sentimiento de los ciudadanos para recuperar su apoyo y la credibilidad perdida. Ambos engaños suelen dañar a un país.

Para los tribunales no existe diferencia alguna entre el Presidente de la República y cualquier ciudadano, por lo que la ley protege los datos personales de toda persona independientemente del cargo que ostente; por lo tanto, la información sobre expediente clínico es confidencial.

Sin embargo, cuando se trata del Presidente, esto tiene enormes implicaciones de carácter político, económico y social sobre la vida de millones de personas. Por ello, la salud de un Presidente debe considerarse como un asunto público. La propia Ley Federal de Acceso a la Información considera versiones públicas que eviten vulnerar el derecho a la protección de datos personales.

En toda esta historia, el presidente López Obrador ha hablado de un “testamento político” en caso de que llegara a morir antes de que termine su presidencia, con lo que se garantizaría la permanencia de su movimiento en el poder. En realidad, los testamentos no son otra cosa que la sucesión de los bienes de una persona al momento de su muerte.

Sin en verdad, el poder reside en el pueblo, y el pueblo es quien manda –como ha insistido tantas veces- entonces lo único que podría incluir en su testamento político es la voluntad de que los mexicanos decidan libremente su futuro, su forma de gobierno y a las autoridades que habrán de ejercerlo.

Por ello, tiene razón López Obrador cuando asegura que “afortunadamente no va a necesitarse”. La gobernabilidad la garantizan las instituciones. Ni el poder, ni el gobierno, pueden ser heredables en una sociedad democrática.

La salud del Presidente no debe ser, bajo ninguna circunstancia, una herramienta de propaganda política de cara a la revocación de mandato, su eventual sucesión y menos aún, motivo para la disputa política de opositores. Estos despropósitos sólo abonan a la división de un país inmerso en una profunda crisis económica, de seguridad y de salud pública.

No debe ser tampoco el distractor para olvidarnos de una pandemia que nos ha devuelto a cifras históricas de contagios y que amenaza, como en otros países, con volvernos a la confinación y la suspensión de actividades.

¿Los ciudadanos merecemos saber cuál es el estado de salud de nuestro Presidente o sólo conformarnos con la narrativa oficial que nos muestra a un mandatario casi sobrenatural, capaz de sobreponerse en horas de cualquier padecimiento?

Hoy México requiere tanto de la salud como de la verdad.

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