Luis Echeverría Álvarez, quien este lunes 17 de enero cumple un siglo de vida, recibió del Estado mexicano más de 161 millones de pesos en 31 años por concepto de “pensión vitalicia”, una retribución que tuvieron los exmandatarios mexicanos de 1987 a 2018. Además de una cantidad para su manutención, la Presidencia de la República se hizo cargo de los salarios de personal de ayudantía que lo apoyó en sus necesidades domésticas; es decir, choferes, cocineros y mensajeros.
El cálculo de la cantidad pagada por los mexicanos a Echeverría Álvarez proviene de la suma de lo devengado y el salario que recibían los 17 trabajadores que tuvo a su cargo durante tres décadas, de acuerdo con solicitudes de información a la presidencia de la República, mediante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al mes, para su manutención, se destinaba un monto bruto de 205,122 pesos, el equivalente a la percepción de un secretario de Estado. Así, al año, desde 1987 y si se considera la inflación en los ochenta del siglo XX, el político priista recibió 2.4 millones de pesos en promedio al año. Parte de ese dinero cubría un seguro de vida y otro de gastos médicos mayores.
En cuanto a sus 17 empleados, entre todos (con diferentes salarios) tuvieron 2.8 millones de pesos.
Con sus 100 años cumplidos, Echeverría Álvarez es el protagonista más longevo de la vida pública nacional y la personificación de las paradojas del sistema que durante 71 años gobernó en México a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fue él mismo quien ordenó en 1976, mediante el acuerdo 7637, la asignación para los expresidentes de empleados administrativos pagados por el erario; además de elementos de las fuerzas armadas para su seguridad.
Once años después, Miguel de la Madrid Hurtado, quien fue presidente de México de 1982 a 1988, añadió otro beneficio a la prestación. Mediante otro acuerdo estableció que los ciudadanos que se desempeñaron como ejecutivos federales tenían derecho a una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado.
La anulación de esa prestación con el fin de ahorrar recursos fue uno de los ofrecimientos de campaña más conocidos de Andrés Manuel López Obrador. Al llegar a la Presidencia, fue una de las primeras iniciativas que envió al Congreso.
El 5 de noviembre de 2018 –en el primer mes de gobierno de AMLO–, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que anuló las compensaciones pagadas por el erario a los expresidentes. Además, prohibió que los funcionarios públicos ganen más que el jefe del Ejecutivo.
Los años en tranquilidad
Luis Echeverría Álvarez aceptó la pensión incluso cuando permaneció en arresto domiciliario en 2006, resultado de la orden de un tribunal federal por la acusación de genocidio de la extinta Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Era el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada, mandatario postulado por el Partido Acción Nacional que por primera vez derrotó al PRI en las urnas. Durante ese sexenio, se formó la Femospp con el ordenamiento de esclarecer los actos violatorios a los derechos humanos de grupos opositores al gobierno en los 60 y 70 del siglo XX, periodo conocido como «guerra sucia». A Echeverría Álvarez se le investigó por su presunta participación en las muertes de estudiantes debido al exceso de la fuerza pública en 1968 y 1971.
Arrestado en su propia casa de San Jerónimo, con 84 años, les dijo a los reporteros que vivía tranquilo y que en México jamás se habían cometido delitos de lessa humanidad. Estaba en el jardín donde tiene una estatua de Esther Zuno Arce, su esposa, con quien procreó ocho hijos y quien falleció en 1999.
La tranquilidad del expresidente respecto al pasado fue mayor con los años. En 2009, fue exonerado y la fiscalía que le fincó responsabilidades desapareció sin ningún caso resuelto ni ninguna explicación.
El pasado y sus sombras
En 1964, cuando Gustavo Díaz Ordaz asumió como presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez fue nombrado secretario de Gobernación. Cuatro años después, con ese encargo público, tuvo que darle la cara a un movimiento que se gestó desde las preparatorias nacionales, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. La liberación de estudiantes presos era la consigna. Faltaban pocos días para las olimpiadas y de las calles de la Ciudad de México brotaba al unísono: “¡No queremos olimpiadas. Queremos Revolución!”
El 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, el movimiento se transformó en uno de los traumas sociales más señalados en la memoria mexicana. Por lo menos 300 estudiantes (pese a cientos de estudios, la cifra aún no es precisa) fueron atacados a tiros mientras realizaban un mitin pacífico. En 2022, se cumplirán 54 años de este pasaje que aún conserva muchos espacios vacíos y otros sin aclarar. Pero en el rompecabezas hay un nombre permanente: Luis Echeverría Álvarez, quien era secretario de Gobernación.
Pero lo que sucedió en Tlatelolco no pesó para que el 1 de diciembre de 1970, el mismo político que ingresó al PRI en 1946 recibiera la banda presidencial de manos de Díaz Ordaz. Así se inició la era de Echeverría con el sello ante el mundo de una simpatía por los movimientos de izquierda y un estilo progresista de gobernar. Como presidente de México indultó a los líderes del movimiento estudiantil de 1968, recibió a exiliados de regímenes de Latinoamérica y exigió la expulsión de España de la Organización de las Naciones Unidas por la ejecución de cinco jóvenes en 1975, ordenada por Francisco Franco.
En el contraste, dentro de México se empezó a vivir lo que se conoce como “guerra sucia”. Los movimientos subversivos eran aplastados con desapariciones y encarcelamientos. Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, identificados como guerrilleros, fueron asesinados en Guerrero. Y, el 10 de junio de 1971, ocurrió el otro evento que, como sombra, ha perseguido a Luis Echeverría Álvarez. Un comando armado atacó a otra manifestación estudiantil en la avenida San Cosme de la Ciudad de México, con un saldo impreciso hasta ahora. Los activistas coinciden en 30 muertos, entre ellos, un adolescente.
El derecho a la pensión
Hasta 2018, tres exmandatarios – Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)– percibieron la pensión. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) renunciaron al beneficio monetario aunque mantuvieron el personal de ayudantía.
Según el acuerdo de 1987, la compensación también debía beneficiar a las viudas de los expresidentes. Se estipuló el 80 por ciento del salario de un secretario de Estado el primer año del fallecimiento y una cantidad 10% menor cada año hasta llegar al 50%.
Alejandra Acimovic Popovic (la actriz Sasha Montenegro) quien era esposa de José López Portillo en 2004 al momento de su fallecimiento, y Paloma Cordero, esposa del expresidente Miguel de la Madrid, quien murió en 2012, también fueron beneficiarias de un pago mensual.A las solicitudes de información, la Presidencia de la República respondió que los originales de los dos acuerdos en los que se basó la pensión para los expresidentes mexicanos son “inexistentes” en sus archivos. Es decir, el beneficio del que gozó Luis Echeverría Álvarez de los mexicanos, durante 31 años, carece de registro fiel.
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