El primer golpe del crimen organizado que sacudió al gobierno de Cuitláhuac García fue el atentado ocurrido el 19 de abril de 2019 en la palapa “La Potra”, un salón de fiestas al aire libre ubicado en la colonia Obrera de la ciudad de Minatitlán. El saldo fue de 14 muertos: ocho hombres, cinco mujeres y un bebé de un año.

Cuatro meses después, en agosto de ese mismo año, sucedió otro en el puerto de Coatzacoalcos, más grave aún por el número de víctimas. El bar “Caballo Blanco” fue incendiado y murieron en total 32 personas.

La violencia fue atribuida a la disputa de ambas plazas entre el cártel de Los Zetas y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los últimos dos años la violencia en ambas ciudades aminoró pero no se ha erradicado completamente.

El miércoles 27 de octubre pasado ocurrió en Minatitlán una doble ejecución en la colonia Santa Clara, entre las calles Galeana y Francisco P. Carreón de ese populoso sector.

Una de las víctimas fue identificada como José M. Nandez García, un capitán del Ejército mexicano que ya estaba retirado. El otro ejecutado era su cuñado Mario Acosta.

El caso, extrañamente, no tuvo mayor resonancia política ni mediática pese a que según el currículo de Nandez García fue miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial en la administración del panista Felipe Calderón y luego con el priista Enrique Peña Nieto, en la que fungió más que como guardia personal como brazo derecho de Rosario Robles, extitular de la Sedesol y de la Sedatu actualmente bajo proceso penal y prisión preventiva oficiosa por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

El militar tenía muy buena relación con actores políticos locales de diversos partidos políticos e inclusive dicen que aportó de su dinero a la campaña de uno de los candidatos a alcalde de Minatitlán, donde la contienda se polarizó entre la alianza del PAN-PRI-PRD –que había postulado al empresario Nicolás Ruiz Roset, el cual fue detenido a finales de abril acusado por presuntas amenazas, tentativa de privación física, coacción e intento de secuestro– y la coalición de Morena-PT-PVEM que nominó a la exdiputada federal Carmen Medel Palma, quien el 8 de noviembre de 2018 vivió en carne propia el dolor de la violencia criminal con la ejecución de su hija Valeria Medel, una joven universitaria de 22 años que fue baleada mientras se ejercitaba en un gimnasio de Ciudad Mendoza, en el centro del estado, donde cursaba la carrera de Medicina, la misma profesión de su mamá. Según la versión oficial del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, la estudiante habría sido confundida por los sicarios con otra mujer vinculada al crimen organizado.

En el caso del capitán José M. Nandez no hubo confusión, ya que después de ser acribillado su cuñado, el militar retirado, que era dueño del salón de eventos “Zuntory”, intentó escapar de los criminales pero fue ejecutado antes de guarecerse en casa de uno de sus vecinos.

Contralora da pena ajena

Desinformada, sin datos precisos a la mano, haciendo literalmente “el oso”, como se dice en el lenguaje coloquial de los jóvenes, así se mostró la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, en su comparecencia del pasado miércoles ante el Congreso local.

La hija del maestro Salvador Santoyo Ramírez, ya fallecido pero bien recordado por su seriedad, capacidad analítica y profesionalismo, parece que no le aprendió nada en materia de conducción política y profesional a su padre, quien sirvió en el gobierno de Patricio Chirinos Calero a su amigo Miguel Ángel Yunes Linares. Tuvo un cargo en la Subdirección de Seguimiento de Medios y Estudios de Opinión (SSMEO), una oficina que dependía de la Dirección de Gobernación encabezada por Enrique Ampudia Mello.

Desde esa oficina, ubicada en Plaza Morelos –en donde, por cierto, también trabajó Francisco Sarmiento Morales, padre de la próxima regidora morenista de Xalapa, Helen Sarmiento, empleado ahora del C-4–, se investigó a periodistas, líderes sociales, movimientos antigubernamentales y se intentó desmantelar, por ejemplo, el importante trabajo que realizaban sacerdotes jesuitas en Radio Huayacocotla, en el corazón de la huasteca veracruzana. También, no hay que olvidar, el entonces Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, emprendió una persecución en contra de David Fernández Dávalos, un presbítero de la Compañía de Jesús, fundador del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA). Toda esa información se concentraba en el despacho del maestro Salvador Santoyo Ramírez, padre de la actual Contralora del gobierno de Cuitláhuac García.

El maestro, aunque yunista, era sin lugar a dudas un hombre serio, profesional, responsable, que utilizaba las herramientas de la ciencia política, de la estadística, de la prospectiva para analizar, para prever escenarios que le permitían al gobierno tomar decisiones sustentadas y firmes.

Nada que ver con su hija Mercedes Santoyo Domínguez, calificada dentro del gabinete cuitlahuista como “chivo en cristalería” en el cargo que ostenta como titular de la Contraloría General del Estado, área estratégica, vigilante del buen funcionamiento del gobierno. Entre los morenistas algunos la llaman “la soplona” o la “funcionaria fake news” o de “verdades a medias”, porque utiliza mucho esa estrategia al interior del gabinete para empoderarse y controlar. Si no que lo diga Miguel Ángel Vega García, quien en octubre pasado tuvo que renunciar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública.

En su comparecencia legislativa de este miércoles llamaron la atención los cuestionamientos de la diputada priista Anilú Ingram Vallines sobre las declaraciones que hizo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, un ente autónomo que según la Constitución debe regirse por los principios de independencia y de imparcialidad, además de que debe velar por el debido proceso y la equidad procesal en las partes.

Como se ve que este Tribunal no ha cedido a sus intereses, la Contralora intentó cuestionar su desempeño y funcionamiento, lo que llamó la atención de la coordinadora del grupo legislativo del PRI.

La funcionaria estatal no pudo articular una palabra clara de respuesta, cuando la diputada porteña la acusó de querer intervenir en las decisiones que toma el TEJAV. “El Tribunal no debería tener comunicación extra procesal con la Contraloría General del Estado, como usted lo quiere, ni hacer equipo con ella, ni con ninguna de las partes de los juicios, porque si el Tribunal estableciera comunicación con la autoridad o con el presunto infractor, estaría justamente violando la Constitución y la ley y esto, porque el Tribunal es quien revisa la actuación de la autoridad”, le puntualizó Anilú Ingram.

La legisladora le pidió a la Contralora que se aplique y haga su trabajo, tal y como le mandata la ley, “porque hemos advertido que algunos expedientes le han sido devueltos porque la Contraloría a su cargo impuso las sanciones fuera del término de tres años que establecía en su momento el artículo 79 de la Constitución del Estado”.

Además, expuso, se ha buscado sancionar al amparo de una ley que no aplica y se han cometido diversas irregularidades, señaló contundente, ante una Contralora que se justificó, diciendo que “no planchamos nada”, luego de que la legisladora la puso en evidencia sobre el uso discrecional de la ley, aplicada a unos cuantos y protegiendo a otros.

Ni hablar, la Contralora en verdad pareciera un “chivo en cristalería”, cuando debería de aplicarse en vigilar y aplicar los correctivos y las enmiendas pertinentes para que el gobierno de Cuitláhuac García vaya por buen camino y entregue buenas cuentas a los veracruzanos, que son los únicos a los que se debe.