“Yo no soy contadora, pero me fijo”, respondió la Contralora General, Mercedes Santoyo al mencionar que la dependencia a su cargo está pendiente de que las ejecutoras de obras gasten todo el presupuesto asignado, incluso, cuando se tiene que hacer reintegro de los fondos públicos.
En la ronda de preguntas y respuestas, dijo no conocer si se ha fincado alguna responsabilidad contra funcionarios por caer en subejercicio y hacer el reintegro de fondos federales a la tesorería federal (Tesofe), sin embargo, se comprometió a mandar los datos a los diputados.
La funcionaria fue cuestionada por el control que se sigue al gasto de los recursos públicos para evitar su reintegro a la Tesofe, sin embargo, fue evasiva con el cuestionamiento y pidió al diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín a ser más concreto y enviarle su pregunta para tener una respuesta más específica.
Al ser cuestionada por el constante subejercicio de fondos federales, comentó que el recurso se tiene que comprometer al 31 de diciembre y la obra pública se debe entregar al 31 de marzo, o al 31 de abril, de lo contrario se debe regresar el dinero.
“No soy contadora, pero si me fijo que todo vaya como debe ser, y les recordamos a los entes para que ellos cumplan, les mandamos oficios recordándoles de ya va a ser 31 de marzo para hacer los reintegros”, argumentó.
SSA puede comprar medicamento a veterinarias o constructoras
También justificó que constructoras, veterinarias o empresas dedicadas a la venta de insumos de computación vendieran medicamento e insumos médicos a la Secretaría de Salud de Veracruz, pues -afirmó- estaba dentro de su actividad comercial.
En la comparecencia del titular de Salud, el diputado del PRI denunció que empresas recibieron dinero anticipado para luego revender a la dependencia estatal insumos y medicamentos para tratar el Covid-19.
Incluso, mencionó, algunas de ellas eran constructoras, a lo que la contralora respondió: “Me comentan el órgano interno de control, que cumplen, que está bien. Dentro de las actas de las empresas están los rubros o giros y están integrados, y si hubiera un problema, todo es perfectible”.
Para salir del paso, responsabilizó a pasadas administraciones priistas de generar un enorme rezago en la atención de observaciones y procesos administrativos por el mal uso de los recursos públicos o por presuntos actos de corrupción.
“Tengo aquí dos años y medio (…) y jamás en mi vida -en mis 30 años trabajando- no había encontrado un rezago como tal, estamos tratando de acabar con rezagos; y luego, sentar las bases en la vigilancia en la administración pública estatal”, argumentó.
Le pidió al diputado del tricolor presentar la queja ante los órganos de control de la SSA o de la dependencia a su cargo, para investigarlo a fondo.
Contralora sancionará violencia política de género; pero quiere denuncias
Evitó polemizar por el actuar Roberto Ramos Alor, titular de Sesver, quien afirmó que los ciudadanos están hartos de diputadas “totalmente palacio”, que “antes muertas que sencillas” y que no representan a nadie, en clara alusión a la diputada Anilú Ingram Vallines.
“No estoy enterada de esta conducta, no podría hacer algún comentario, porque desconozco, si existiera algo (queja), con apego a la ley, se llevaría a cabo (una investigación)”.
En una segunda participación pidió a la diputada local Anilú Ingram a presentar la queja correspondiente para poder actuar contra Ramos Alor, en caso de que haya incurrido en violencia política de género.
En otro tema, minimizó las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que determinó que la contratación de médicos cubanos no se dio en el marco de la ley.
Pidió a los diputados revisar la ley, pues aseguró, las contrataciones se hicieron en el marco de la normatividad, por lo que estaban en posibilidad de pagar 40 millones de pesos por el servicio prestado por médicos cubanos para atender la pandemia por el covid.
AVC
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