El pasado 29 de noviembre el portal de noticias Animal Político, dio a conocer que luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años, México obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de aprehensión girada contra Javier Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
En el documento de extradición firmado por ambos países se especifica que Duarte sólo sería procesado en México por asociación delictuosa y lavado de dinero, si le imputaban cualquier otro delito se debería contar con la autorización del gobierno guatemalteco.
La autorización está desde el 17 de marzo de este año, pero nadie le había hecho caso.
Este lunes y después de ocho meses de hacerse guaje, la Fiscalía estatal ejecutó la orden de aprehensión contra el ex gobernador por el delito de desaparición forzada y se la llevó al Reclusorio Norte donde purga una condena de nueve años.
Un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México que colaboró con la Fiscalía veracruzana, dice que a Javier “N” lo implican en el “hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz”. El comunicado agrega: “Al momento de ser notificado, el individuo se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión”.
La defensa del imputado se movió rápido y ese mismo lunes negó que se hubiera ejecutado una orden de aprehensión contra su defendido. Señaló que el viernes 3 de diciembre dos personas que no se identificaron y sin respetar las formalidades legales, “notificaron” a Javier la existencia de una orden de aprehensión en su contra, pero reiteró que ésta no fue ejecutada porque el ex gobernador cuenta con un amparo contra cualquier orden de aprehensión. Además de que la autorización otorgada por el gobierno de Guatemala no es definitiva.
La defensa miente en dos puntos: las personas que obsequiaron a Javier la orden de aprehensión sí se identificaron plenamente. Y de acuerdo con Animal Político, la autorización de Guatemala se dio en dos tiempos: primero fue la respuesta parcial girada el 18 de diciembre de 2020 y después la respuesta definitiva que llegó el 17 de marzo de este año. Pero dice la verdad en relación al amparo. Éste existe y por lo tanto la orden de aprehensión no tenía por qué haberse ejecutado.
El duelo entre la defensa y la Fiscalía estatal puede que se incline a favor de la defensa porque las carpetas de investigación sobre el caso fueron hechas con las patas. Y no porque lo haya dicho Cuitláhuac García Jiménez que gobierna de la misma forma, sino porque la
Fiscalía de Jorge Wincker nunca pudo hacer bien un expediente y todos los acusados que pasaron por Pacho Viejo en tiempos de Yunes andan en la calle.
La salida de Javier que estaba programada para los primeros meses del 2022 tras cumplir la mitad de su condena tendrá que esperar porque el proceso que se le avecina será largo, tedioso y puede que hasta letal.
Si le comprueban solo una desaparición forzada su estancia en la cárcel se puede alargar por 50 años con lo que saldría en el 2071 a los 98. Para ese entonces la vida será otra y ni quien se acuerde de su paso por la gubernatura de la entidad.
Pero si queda en libertad el próximo año la justicia le habrá quedado a deber a la sociedad con un delincuente de su calibre, que a pesar de todo el estropicio que hizo en Veracruz no ha sido debidamente juzgado ni sentenciado.
Como paradojas de la vida, si sale en unos meses lo hará convertido en todo un rock star.